Pese a todos los intentos por minar su nombramiento, Raúl Zaffaroni será uno de los nuevos integrantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así lo decidió la asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde el ex juez supremo obtuvo los votos de 18 sobre 23 Estados. Se trata de un tribunal internacional clave en la protección de los derechos humanos en la región, que ayer renovaba cuatro de sus siete cargos. Sus fallos son una guía de interpretación obligatoria para los tribunales de cada país que suscribe el Pacto de San José de Costa Rica. Además del penalista, fueron designados la costarricense Elizabeth Odio Benito, Patricio Pazmiño Freire, de Ecuador, y consiguió la reelección Eduardo Vio Grossi. Todos ellos se acercaron al canciller Héctor Timerman para decirle que es un honor compartir su tarea en el tribunal con Zaffaroni y algunos mostraron su sorpresa por los comunicados y textos que buscaban desacreditarlo, vinculándolo con la última dictadura, en los días previos a la votación.

“Para nosotros, Zaffaroni es el mejor jurista argentino y un orgullo su designación, por su defensa del Estado de derecho y los derechos humanos. Hubo una campaña muy fuerte que se trasladó a Washington, que intentó instalar que trabajó para la dictadura y que pedía la libertad de los presos políticos, apoyada por los diarios Clarín y La Nación”, dijo Timerman a Página/12.

Como estos acontecimientos suelen atraer la participación de más de 400 organizaciones no gubernamentales que son observadoras de la OEA, en los días previos a la asamblea general circularon entre esos representantes de la sociedad civil gran cantidad de comunicados y noticias que señalaban a Zaffaroni como juez que juró por los estatutos de la dictadura, que liberó presos peligrosos y hasta ponían en duda la cantidad de títulos honoris causa en su haber. La mayoría eran anónimos, excepto –por ejemplo– el que firmó la ONG Usina de Justicia, que integran la filósofa Diana Cohen Agrest, la historiadora Ema Cibotti, el fiscal Ricardo Sáenz –referente del 18F– y Santiago Kovadloff, entre otros. Alguna presentación se hizo ante la secretaría general, pero no existe un mecanismo de impugnación de los candidatos. Pero se generó un revuelo tal que la embajadora Nilda Garré tuvo que explicar ante los delegados de las organizaciones que, por ejemplo, se usa con mala fe la expresión “presos políticos” para hablar de los represores condenados por delitos de lesa humanidad.

Zaffaroni fue postulado por el Estado argentino para integrar la Corte Interamericana cuando se supo que dejaría la Corte Suprema, al cumplir los 75 años, la edad jubilatoria que establece la Constitución. Lo habitual es que los nombres finales para integrar el tribunal surjan de negociaciones diplomáticas en las que se reparten cargos internacionales, aunque la trayectoria y prestigio internacional de los candidatos tienen fuerte peso.

Los representantes de los Estados –por lo general cancilleres– que asisten a la asamblea llegan a la sesión con su decisión en mente. Allí no hay debate. A cada uno le dan un papel con los nombres de los posibles jueces. Anotan, lo guardan en un sobre y votan. El sufragio es secreto. Los jueces duran seis años y pueden ser reelegidos una vez. No puede haber dos de un mismo país. Cuando les toque resolver un caso, no podrán intervenir en los que impliquen a su Estado de origen. El funcionamiento del tribunal no es permanente, se reúne para tratar casos, en cuatro períodos de sesiones al año.

Aunque la reunión en la OEA guarda cierta formalidad, ayer la jueza de Costa Rica, Odio Benito, desató una ovación. Integró el Tribunal Penal Internacional para los crímenes de la ex Yugoslavia, fue ministra y vicepresidenta. Obtuvo 20 votos, igual que el chileno Vio Grossi, reelecto. Pazmiño Freire, presidente de la Corte Constitucional de Ecuador, obtuvo 22 votos. El uruguayo Alberto Pérez Pérez no pudo renovar su mandato, con solo nueve apoyos. Estaban todos allí. Zaffaroni, no. Los mandatos se inician en enero.

Desde el público no hubo abucheos ni agravios personalizados. Sólo algunas personas con carteles blancos y letras de molde en negro con las leyendas “representatividad”, “independencia”, “paridad de género”. Un comunicado que difundieron el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y otras organizaciones de la región destacó las “capacidades y experiencias” de los elegidos, reclamó un tema que fue eje de debates recientes: la falta de procedimientos públicos y participativos por parte de los Estados para la postulación de los candidatos a la Corte Interamericana.

Los fallos de la Corte Interamericana han sido determinantes en varios temas. Hubo una secuencia que impuso a los estados la obligación de investigar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos. Recogidos por los tribunales argentinos, han permitido juzgar los crímenes de lesa humanidad, algo que las leyes de impunidad impedían. “Una serie de fallos vinculados con libertad de expresión, que marcaron estándares en materia de despenalización de la crítica pública, como el caso del periodista Eduardo Kimel; hubo jurisprudencia fundamental para limitar la justicia militar; otro tanto para definir el alcance de la prisión preventiva, como algo excepcional, y la doble instancia (de revisión de un fallo) como algo amplio, y existió un fallo muy importante que definió las obligaciones estatales en materia de femicidios”, explicó Andrea Pochak, quien litigó en decenas de casos ante el sistema interamericano, entre ellos el de Walter Bulacio, que llevó a reabrir el caso, y el de Kimel, que condujo a la despenalización de las calumnias e injurias. “La Corte Interamericana –agregó– tiene dos funciones: resuelve casos que antes tramitaron en la Comisión Interamericana (CIDH) y dicta opiniones sobre la interpretación de normas interamericanas.”

Para la CIDH fueron elegidas dos mujeres, Margarette May Macaulay (Jamaica) y Esmeralda Arosemena de Troitiño (Panamá), y Francisco Eguiguren Praeli (Perú) y Enrique Gil Botero (Colombia).

La semana pasada, cuando comenzaron los cuestionamientos, Zaffaroni dijo que fue juez de gobiernos militares “como muchos otros” y que lo que importa es “qué hicimos”. Dijo que se tergiversa el libro sobre derecho penal militar del que participó. La Cancillería lo elogió en un comunicado donde asegura que su presencia “fomentará una Corte Interamericana plenamente involucrada en la construcción de una región más justa, solidaria e inclusiva”.

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