Personas con 23 horas de encierro diario en los “pabellones de aislamiento” -sin la formalización de la sanción- en habitaciones con vidrios rotos, una habitación con facas y elementos punzantes sin rotular y cadenas para la sujeción de personas halladas entre el equipamiento del personal penitenciario fueron algunas de las irregularidades constatadas por una inspección de fiscales, jueces y defensores en la Unidad Federal N°6 de Rawson.
Este escenario llevó al fiscal federal Fernando Gélvez a requerir la investigación de los agentes penitenciarios por -en principio- incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según datos de Fiscales.gob.ar, se clausuró y resguardó una habitación del sector de requisa y un armario, que quedaron a disposición del Juzgado Federal de la capital. Y las cadenas, que podían constituir un elemento de tortura, directamente fueron secuestradas. Las cadenas tienen estribos y tres de ellas llevan gasas o vendas en sus extremos.
“Prohibidos”
Los funcionarios también se llevaron la llave del “depósito de elementos secuestrados” en el sector requisa para que el Juzgado “realice un inventario y posterior secuestro de los elementos u objetos antes descriptos y de todos los que sean prohibidos para el uso de internos y penitenciarios”.
Además, gestionaron ante el Servicio Penitenciario Federal la regularización y mejoramiento de las condiciones de las personas que habían visto agravada su privación de la libertad en los pabellones de aislamiento.
Junto a otros funcionarios judiciales y del Ministerio Público, unas quince personas recorrieron el penal durante nueve horas y se entrevistaron en forma confidencial con 100 hombres encerrados de los más de 400 que actualmente integran la población carcelaria.
20 castigados
El lunes, los funcionarios constataron en las celdas de aislamiento que al menos unas 20 personas estaban sancionadas sin sanción formal, con la condición de privación de la libertad agravada. Pasaban 23 horas dentro de un “buzón” –la jerga carcelaria para las celdas de aislamiento-, fuera de todo sistema de progresividad de la pena, en celdas sin vidrios.
A raíz de las denuncias judiciales que en Rawson advierten sobre facas, lanzas y hierros con puntas, se buscó especialmente en el penal estos elementos.
Así, dieron con una habitación donde había baldes que contenían decenas de esas armas, sin ningún tipo de rotulación, registración o declaración de su existencia a una autoridad judicial. Gélvez clausuró el recinto, que resultó ser el Depósito de Elementos Secuestrados de la Sección Requisa, para dejar todo a disposición del Juzgado.
Cuatro cadenas
En el sector donde se equipan los guardias encargados de la requisas, los funcionarios hallaron cuatro cadenas para atar a las personas, junto a los bastones y las esposas que utilizan regularmente los penitenciarios en los procedimientos. Las cadenas tenían vendas en sus extremos. Las autoridades del penal explicaron que no se utilizaban, pero la apariencia y las condiciones de acceso a ellas convencieron a los funcionarios de lo contrario y procedieron a su secuestro.
Según Gélvez, “hay muchos hechos de violencia que observamos a diario donde los detenidos denuncian severidades, apremios ilegales, torturas y hechos de violencia entre internos, que se supone o se deja entrever que fue promocionada o permitida”.
“Hay violencia generada en una cárcel de máxima seguridad que no debiera ocurrir. Se debiera cumplir con la finalidad de la pena, que es la resocialización, y no se cumple. Las condiciones no son buenas porque hay violencia y porque tampoco hay atención adecuada de patologías o de personas lesionadas”, precisó.
La inspección se realizó en el marco del Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias, integrado por jueces, defensores y fiscales federales de diferentes instancias, funcionarios del Poder Ejecutivo y el Centro de Estudios Legales y Sociales como miembro consultivo.
Detalles
El monitoreo fue encabezado por Gélvez, el juez de la Cámara de Casación Federal, Gustavo Hornos, y el fiscal general a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Abel Córdoba.
Según se informó, también participaron en la recorrida sorpresiva en la capital los jueces nacionales de la Capital Federal Sergio Paduzak y Martín Vazquez Acuña; el defensor general y miembro de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación, Ricardo Richiello, y el director de Derechos Humanos de la Procuración Penitenciaria de la Nación, Ariel Cejas.#
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