Siete mujeres que ejercen la prostitución alegaron que la legislación conculca sus derechos. El juez descartó que sea inconstitucional.
El juez Roberto Cornet rechazó el amparo presentado por la titular del Bar “Tiffanys” y seis mujeres, quienes adujeron ejercer la prostitución concertando citas en ese local y alegaron que se veían privadas de sus derechos constitucionales a ejercer el comercio, la industria lícita y trabajar.
Las accionantes reclamaron la protección de esos derechos, que entendieron conculcados por la normativa, y solicitaron que se declarara su inconstitucionalidad.
El magistrado rechazó el planteo y expresó que si bien la implementación de la legislación cuestionada genera una restricción para el libre ejercicio de la actividad de las actoras, en confrontación con el caso concreto la norma se presenta como una solución adecuada, necesaria y proporcional para los fines que ha tenido en miras el legislador; es decir, erradicar la trata de personas en el ámbito provincial.
Finalidad
Así, estimó que aquella restricción no es ni arbitraria ni ilegal ni inconstitucional, ya que con la ley 10060 se persigue un fin que hace primar las acciones de prevención del delito.
En tanto, el magistrado desestimó el planteo de inconstitucionalidad de la ley fundado en la supuesta incompetencia legislativa denunciada por las amparistas debido a que “es un ejemplo del ejercicio del poder de Policía que conservan las Provincias en su territorio”.
