En el segundo encuentro regional de Justicia Legítima Nordeste, sentimos la necesidad en primer término de ratificar este espacio colectivo, de carácter horizontal, democrático, multisectorial de integración de la sociedad con la Justicia, ya que los motivos que originaron nuestro encuentro han sido la imperiosa necesidad de aportar al debate hacia transformaciones esenciales y en proyectos vinculados al tipo de Justicia que anhelamos y que a su vez viene expresándose de diversas maneras en gran parte de la sociedad.
Queremos ser parte de una Justicia más plural y realmente independiente dispuesta a transparentar y a rendir cuenta de su actuación ante la ciudadanía entera.
Los jueces cumplen una función esencial en el sistema democrático y, por tanto, su conducta pública –como la del resto de los funcionarios públicos– debe estar sujeta al escrutinio estricto de la ciudadanía. El debate democrático sobre las decisiones judiciales, acerca el sistema de justicia a la sociedad y enriquece la calidad de las respuestas jurisdiccionales.
Por ello, decimos que es la hora de mirar hacia adentro del sistema de administración de justicia y hacer pública nuestra autocrítica, a fin de dar sentido a la diferencia entre el accionar corporativo y lo que debería ser una Justicia Legítima.
Claramente, estamos en desacuerdo con el accionar de muchos magistrados; sus procedimientos antiguos, su lógica de trámites escritos, su pesadez burocrática, su egocentrismo valorativo, su falta de imaginación y su desprecio práctico hacia todo lo que tenga rostro humano –en especial los más vulnerables– y no sean papeles.
Para conformar otro sistema judicial, entendemos que hay que partir de un núcleo irrenunciable de principios y prácticas que aseguren la vigencia plena e irrestricta del Estado de Derecho; la defensa y “ampliación” permanente de los derechos humanos y de las garantías consagradas en la Constitución, en las convenciones internacionales de derechos humanos, en la jurisprudencia de organismos internacionales y el rechazo a toda forma de discriminación por condición social, étnica, religiosa o de género.
Estamos convencidos de la necesidad imperiosa de acercar el sistema de administración de justicia a la ciudadanía –fuente única de su legitimidad–, en virtud del desprestigio a que la han llevado años de aislamiento.
En este sentido, y sin eludir el debate, consideramos que los proyectos hoy en discusión ante el Congreso de la Nación representan una muy buena oportunidad de intercambiar ideas en diversos ámbitos, dentro de un proceso de democratización mucho más complejo, profundo y que necesariamente exige un debate desde miradas diversas, participativas y de mayorías.
Por ello, nuestra razón de ser y de aportar desde la región. Entendemos necesario profundizar el aporte desde esta perspectiva, con una mirada regional y hacia el interior del Poder Judicial en las provincias en las que estamos insertos, con el ideal de reconciliar a la ciudadanía con el sistema de administración de justicia.
* Firman Luis González, Juan Carlos Vallejos, Flavio Ferrini, Nora Rosana Maciel, María Cecilia Baroni, Mario Bosch, Carlos Martín Amad, Horacio Rodríguez, Rosa del Milagro Palacios, entre muchos otros jueces, fiscales, abogados, funcionarios, trabajadores del Poder Judicial y miembros de organizaciones sociales de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones.
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