NEUQUÉN (AN).- La Comisión Política de la Legislatura debatirá hoy la segunda ley complementaria para la implementación de la reforma en la justicia penal que se intentará poner en vigencia el año próximo. Se trata de la ley orgánica del Ministerio Público de la Defensa luego de que se transformara en ley la instrumentación de la mediación penal que estará bajo la órbita del fiscal del Tribunal Superior de Justicia.
La reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia que preside José Russo (MPN) también tratará esta semana el proyecto por el cual se crea el sello de calidad «Alimento Neuquino» para otorgar valor a productos primarios locales naturales o procesados, el que modifica varios artículos de la ley del registro de deudores alimentarios morosos y la instalación de Lactarios en los lugares de trabajo del sector público y privado.
Aún quedarán en carpeta la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, la del Poder Judicial y la de la Policía. La semana anterior se fijó una suerte de cronograma para aprobar las leyes luego de recibir el informe de avance que envió la comisión interpoderes de la Reforma Procesal Penal junto al anteproyecto de regulación del Ministerio Público, que elaboró a partir de las iniciativas presentadas por el TSJ y el Colegio de Abogados.
La Comisión Interpoderes se reúne los miércoles y los viernes y se había adelantado que estaba en carpeta tratar el de regulación del Ministerio Público Fiscal y luego, hará lo propio con el proyecto de ley orgánica del Poder Judicial. Además, dijo que está prevista la realización de una jornada de trabajo con los distintos actores involucrados en la reforma para debatir sobre las leyes complementarias en el marco de la comisión interpoderes.
El informe enviado por la coordinadora de la Comisión Interpoderes señaló que el anteproyecto se elaboró «teniendo en cuenta el horizonte del proceso acusatorio, las necesidades que surgen a partir del cambio de paradigma y las adaptaciones del ministerio para afrontar de manera exitosa este desafío». Agregó que la iniciativa busca garantizar el derecho «a una defensa material de calidad, integral, ininterrumpida, técnica y competente» y establece la obligación de prestar un servicio de defensa pública.
El documento explicó que el ministerio de la Defensa tendrá la obligación de visitar e informar sobre las condiciones de los establecimientos de detención y de internación, con la finalidad de inspeccionar su estado y verificar el respeto de los derechos de las personas alojadas.
