A partir de los pliegos votados por la Legislatura en los últimos meses, y del traspaso de un par de funcionarios del viejo sistema, la Fiscalía Regional Nº 1 de Santa Fe contará en el debut del Nuevo Código Procesal Penal con 14 fiscales –entre titulares y adjuntos. También quedó definido que su sede operativa estará en 1º de Mayo 2.830, pero en una primera etapa se recepcionarán denuncias en Obispo Gelabert 2.837.
El 10 de febrero de 2014 es la fecha elegida para arrancar con los cambios del sistema acusatorio, donde la publicidad de los actos, la oralidad, los juicios abreviados y la participación de la víctima en el proceso aparecen como novedades salientes. La otra gran modificación tiene que ver con la investigación, que dejará de estar en manos de los jueces para pasar a los fiscales del Ministerio Público de la Acusación.
En ese contexto, el fiscal regional de Santa Fe, Ricardo Fessia, presentó el Informe de Gestión 2013 aunque aprovechó la ocasión para brindar una serie de precisiones sobre cómo será el funcionamiento del instituto judicial que tendrá a su cargo. Entre otras cosas, contó a Diario UNO que tiene pensado crear cuatro Unidades Fiscales Especiales para atender delitos que tienen un gran impacto en la ciudadanía.
“La figura del fiscal, como sujeto encargado de promover la investigación y enjuiciamiento de los delitos, ya existía entre nosotros antes de la sanción del Nuevo Código Procesal Penal (Ley Nº 12.734). Sin embargo, las diferencias entre aquella fiscalía y la creada –ahora– por ley 13.013 son realmente profundas”, aclaró el funcionario.
“En el antiguo sistema, quien en realidad investigaba y decidía sobre el enjuiciamiento era un juez, en tanto el fiscal quedaba relegado a un plano secundario y, a su vez, la víctima directamente era silenciada”, dijo. Mientras que en el debutante régimen “los fiscales no estarán encerrados en sus despachos limitándose a procesar con sentido burocrático el trabajo con que quiera o pueda alimentar al sistema la Policía, sino que serán ellos mismos los que estarán a cargo de la Investigación Penal Preparatoria”.
Fessia indicó que los fiscales “deberán dirigir realmente a la autoridad policial en cuanto auxiliar del sistema de Justicia”. En ese punto, hoy el Ministerio de Seguridad de la provincia está en el armado de una Policía de Investigaciones –con los recursos hoy existentes en la fuerza– que colabore con ese trabajo en esta etapa de implementación, pero la Ley 13.013 establece que se cree un Organismo de Investigaciones dependiente del Ministerio Público de la Acusación.
Frente a esa situación, el fiscal regional ideó la figura de un subsecretario de Persecución Penal para quitarle a los fiscales trabajo administrativo y también para que coordine el –nada fácil– trabajo con la Policía, entre otros aspectos técnicos. Dicho cargo se concursó durante este año y fue ganado por el actual subsecretario de Seguridad Zona Norte, Diego Poretti, que tiene experiencia en la interacción con miembros de la fuerza de seguridad.
“Queremos tener una relación fluida y confiable con los hombres de la Policía de la provincia de Santa Fe. Tenemos que fortalecer ese vínculo para que puedan cumplir nuestras órdenes, en función de la persecución penal y de los elementos que necesitemos para una determinada causa. Ellos son los primeros que están en los hechos y los que tienen que preservar las pruebas”, advirtió Fessia.

 

Salen a la cancha
La Fiscalía Regional de Santa Fe es la responsable de la organización y funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación en la Circunscripción Judicial Nº 1, dentro del cual quedan comprendidas las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé, San Jorge, Esperanza, Coronda, San Justo y San Javier, entre otras, junto a una importante cantidad de pueblos. La idea de Ricardo Fessia es una descentralización real y extendida de su organismo.
Entonces, definió que por lo menos haya un fiscal por cada cabecera departamental o localidad más importante: San Javier, Esperanza, San Justo, Coronda (San Jerónimo), San Jorge (San Martín) y, obviamente, La Capital que tendrá una particular atención (en un futuro próximo habría delegaciones en los barrios de Santa Fe). Garay también está incluida, pero el funcionario cree que ese departamento se puede atender con los fiscales de Santa Fe o de otras ciudades.
Cabe aclarar que para el 10 de febrero, al contar con sólo 14 fiscales sobre un total de 38 que están previstos tener para la Circunscripción Judicial Nº 1, sólo estarán operativas las oficinas de San Jorge (allí estará Carlos Zoppegni), de San Javier (Rosana Marcolín) y de Esperanza (Clelia Trossero). En esos lugares ya se alquilaron inmuebles, a la vez que se buscan otros para las ciudades que tendrán fiscales.
Fessia entiende que son muchas las cosas que aún restan hacer o tener para arrancar con más tranquilidad en la Fiscalía Regional y con el sistema acusatorio en general, pero también aclaró que se trata de una “patriada” que él y todos los operadores judiciales están dispuestos a afrontar. “Nos sobra fuerza y trabajo para enfrentar este desafío, sabemos que el camino no será fácil y eso es lo que más nos compromete”, manifestó.
Asimismo, otro aspecto importante que destacó la autoridad del Ministerio Público Fiscal es que habrá cuatro Unidades Fiscales Especiales para atender delitos de alto impacto en la ciudadanía. Por caso, habrá una que sólo se encargará de los Homicidios y Muertes Violentas; otra de la Violencia de Género; también estará aquella encargada de investigar los Delitos Sexuales; y por último, Hurto de Vehículos.
El resto de las denuncias serán atendidas por fiscales en turno (de cuatro días cada uno). No obstante, como aún faltan que se sumen más integrantes a la Fiscalía Regional de Santa Fe, para el debut del sistema acusatorio sólo estará en marcha la unidad especial dedicada a investigar los homicidios, las muertes violentas y sus derivaciones. Ese grupo estará integrado, por el momento, por los fiscales Jorge Nessier y Cristina Ferraro.
“Mi idea –indicó Ricardo Fessia– es que esta Unidad Fiscal de Homicidios trabaje en dos direcciones. La primera es definir un trabajo para incrementar el porcentaje de esclarecimiento de los hechos; no de los que dice la Policía sino de aquellos que llegan a juicio y tienen condenas, que hoy es de alrededor del 50 por ciento. La segunda, es generar políticas específicas que sirvan para evitar que algunos hechos ocurran (venganzas y/o delitos conexos)”.

 

La participación de todos
“Nos encontramos en un tiempo histórico no sólo del modelo de Justicia penal de la provincia sino de toda la sociedad, por cuanto ella nos demanda un sistema judicial más eficiente: que el trámite sea más dinámico, que se muestren resultados, que las partes en conflicto puedan superar con satisfacción esa coyuntura de la vida. No es éste un problema judicial o de los abogados”, dijo el fiscal regional.
Respecto a cuáles serán los trazos de su gestión, Fessia señaló: “Los hechos que se investiguen y que eventualmente se lleven a juicio, no serán elegidos por el azar, la comodidad, la rutina o cualquier criterio oculto de selección, sino que desde la Fiscalía General y con la asistencia de la Junta de Fiscales, se establecerán y harán conocer anualmente criterios de presecución, fijándose una verdadera política criminal al efecto”.
“Esta política –continuó– no será fijada de modo más o menos arbitrario por la fiscalía, sino que previamente ella deberá oír las recomendaciones que sobre el punto hagan los Consejos Asesores Regionales (ver vinculada de la página 10) que en las distintas zonas deberán constituirse y en donde se reunirán en torno a una mesa de diálogo, los fiscales, los representantes de los gobiernos municipales y de las organizaciones de la sociedad civil”.
“Esta absoluta novedad no sólo dará cabida institucional a la tan reclamada participación ciudadana en la definición y ejecución de la política criminal, sino que además permitirá, en un verdadero proceso de regionalización, adecuarla a las distintas circunstancias que puedan presentarse en una provincia como la nuestra que registra grandes diferencias culturales y económicas en su extensa geografía”, concluyó el miembro del Ministerio Público de la Acusación.

 

 

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