Un vistazo sobre lo que sucederá con la implementación del nuevo Código. Lo que cambia y lo que seguirá igual. La policía, las pujas internas, el Tribunal Superior y el Consejo de la Magistratura.
“¿Han llegado a un veredicto?” “Sí. En nombre del pueblo declaramos al imputado…”.
El juicio por jurados es la parte más espectacular (en el sentido de espectáculo público) del Código Procesal Penal que entrará en vigencia el próximo martes 14. Pero sobre el escenario, y fundamentalmente detrás, se mueven otros actores y actrices que juegan su papel en este drama (no olvidemos que estamos hablando del sistema penal, el modo legal más violento de resolver conflictos).
En definitiva, los juicios por jurado proyectados para todo este año son apenas 28 contra las miles de causas que se abrirán en el territorio provincial. Vale la pena echar un vistazo más amplio.
El Código Procesal Penal, que se viene discutiendo desde hace más de una década y que ahora entra en vigencia, implica un cambio de raíz en la forma de trabajo de la justicia penal, y en muchos aspectos es bienvenido.
Pero si en las formas el giro será copernicano, en el fondo es probable que no se perciban grandes diferencias.
El sistema penal atrapa siempre a los mismos, aquellos que al decir de Raúl Zaffaroni son los ladrones bobos (no porque no sean inteligentes, sino porque son torpes) y algún que otro psicópata.
¿Qué pasará con los delitos cometidos por el Estado o desde el Estado? ¿Se perseguirán ahora con más entusiasmo los apremios ilegales y las torturas? ¿O el incumplimiento de los deberes de funcionario público y la administración fraudulenta (eso que llamamos genéricamente “corrupción” y quequedó expresamente excluido del juicio por jurados)?
La experiencia indica que las pocas causas de ese tipo que llegaron a juicio fue por impulso de los querellantes que ahora tendrán acotado su margen de acción. Ejemplos clásicos: la causa por torturas en la Unidad 11, y la causa de la zona liberada en la que está imputado Jorge Sobisch.
Herramienta al fin, el Código Procesal Penal será puesto en manos humanas de las cuales dependerá el éxito o fracaso, conceptos que, según la mirada de cada quien, pueden tener significados distintos.
Eficiencia, agilidad, modernidad… lemas tomados del mercado penetraron en el discurso judicial. Se dice que se priorizarán los mecanismos alternativos de solución de conflictos para dar una respuesta más rápida. Por ejemplo, mediación, conciliación, y fundamentalmente juicio abreviado (que algunos consideran extorsivo para el imputado, o que fomenta la delación).
¿Se llegará a lo que el fiscal Germán Martín menciona en su libro, “la macdonalización del sistema penal?”
La policía, protagonista
Foto: Cecilia Maletti
En las formas, el protagonismo estará en el Ministerio Público Fiscal. Pero en los hechos la que seguirá gestionando la conflictividad será la policía.
En ese sentido, el acuartelamiento de diciembre de 2013 dejó al descubierto el poder de la policía: sin el trágico saldo de muertos de otras provincias, sin saqueos, sin siquiera un aumento considerable de los delitos, los rebeldes lograron con su extorsión arrancarle al gobierno todo lo que pedían y con costo cero: no hubo sanciones, y se impuso rápidamente una amnistía.
Parecieron darle la razón a Marcelo Sain cuando habla del doble pacto: político-policial y policial-criminal.
También fue muy ilustrativo lo que se ventiló en el juicio por el asesinato de Braian Hernández, un chico de 14 años víctima de gatillo fácil en el oeste neuquino.
Claudio Salas, el policía condenado a prisión perpetua por ese crimen, dijo en su declaración que la policía “es el único organismo estatal presente” en esa zona estigmatizada de la ciudad.
Hay otros (por ejemplo, la escuela) pero la policía no es cualquier organismo estatal: además de mantener presencia territorial las 24 horas, sus integrantes están armados, y tienen la facultad de detener a una persona hasta por 18 horas sin comunicárselo a nadie con la excusa de “averiguar sus antecedentes”.
Todo esto, con una formación deficiente y condiciones de trabajo que muchas veces no respetan los mínimos derechos laborales.
Su poder no se agota allí. Si uno de los sospechosos de siempre va a parar a la cárcel por más tiempo, es personal de las fuerzas de seguridad el que se encarga de vigilarlo, sancionarlo o premiarlo con salidas aun sin autorización, y de revisar a sus familiares cuando van a visitarlo.
Al poder político parece interesarle poco el control del uso de ese poder, y tampoco las agencias penales se ocupan de investigarlo.
El límite suele ser (y no siempre) el homicidio. Ahí la policía pone empeño y, en general, tarda poco en individualizar al autor. Pero llamativamente nunca se puede averiguar, por ejemplo, cómo van a parar tantas armas, algunas de uso oficial, a manos de adolescentes de barrio.
¿Estamos lejos del reclutamiento de menores de edad por parte de la policía, como sucede en el conurbano bonaerense, o en Rosario? No lo sabemos, porque tampoco se lo investiga.
La policía, que depende del Poder Ejecutivo, no se toca, salvo aquellos que cometen actos indeseables que llegan al conocimiento público.
Y tendrá cada vez más poder: las calles pronto estarán inundadas de cámaras de vigilancia que serán controladas por… la policía (como ya controlan las cámaras de la Unidad de Detención 11, que siempre fallan en los momentos clave).
El grupo de los cuatro en el supermartes. Foto: Prensa de la Legislatura.
Pujas y tensiones
Grandes capas del Poder Judicial se acercan con desconfianza al nuevo sistema. La discusión de todas las leyes vinculadas con la reforma procesal estuvo precedida de fuertes tensiones producto de pujas de poder.
Como en todo proceso de cambio, hubo quienes intentaron quedar mejor posicionados que antes.
La distribución de la carga de trabajo fue la punta de lanza del reclamo de un sector integrado por tres jueces y una jueza (el llamado “Grupo de los 4”) que se presentaron en la Legislatura a fijar sus demandas.
“El Colegio de Jueces tiene muchas tareas, por no decir casi todas”, expresó Marcelo Muñoz, vocero del grupo y luego electo presidente del Colegio.
Planteó un panorama dramático: “en enero vamos a recibir entre 60 y 80 detenidos con prisión preventiva. Eso tenemos que revisarlo en diez días”.
Dijo que hay que hacer algo “salvo que se empiece a disponer la libertad de imputados por homicidio, por abuso sexual… No es para alarmar al público, es la verdad”.
La Asociación de Magistrados hizo reclamos en la misma línea: planteó que “hay disconformidad con la carga de trabajo”. También le reclamó al Tribunal Superior de Justicia que ponga fin a “la burocratización del Poder Judicial”, en referencia al “crecimiento de organismos no jurisdiccionales” al mismo tiempo que “magistrados y funcionarios se enfrentan con insuficiencia de recursos y de estructuras”.
El gremio de los jueces cuestionó además que “se generen carreras judiciales meteóricas”, y alertó sobre “un desmesurado e innecesario incremento en la planta de personal”.
La respuesta del Tribunal (con un tiro por elevación al “Grupo de los 4”) fue que “dentro del Poder Judicial ya no es solo el abogado el elemento fundamental para el funcionamiento de los organismos”. Es decir, hace falta por ejemplo planificar. Es decir, ser eficientes, ágiles, modernos.
Pero el punto medular de la contestación fue otro: le recordó a la Asociación de Magistrados que está previsto crear 59 cargos nuevos de juez y fiscal, y hay pedidos otros 22 para la defensa.
Traducido: al grupo encabezado por Muñoz, el TSJ le recordó que habrá más manos puestas a la obra, y a la Asociación, que ingresarán más eventuales asociados.
Los 59 cargos representan casi el 87% del total de jueces que hay ahora en toda la provincia.
O sea que en los próximos años el Poder Judicial de Neuquén tendrá un crecimiento sólo comparable con el que hace una década fomentó el exgobernador Jorge Sobisch.
Foto Cecilia Maletti.
El Consejo de la Magistratura
En ese crecimiento ocupará un rol fundamental el Consejo de la Magistratura un organismo extrapoder pero controlado por el poder político, más específicamente por el Movimiento Popular Neuquino que tiene allí tres votos sobre siete, más algún aliado que nunca le falta como para alcanzar la mayoría.
La supremacía se repite en la Legislatura, adonde van a parar los pliegos de quienes ganan los concursos organizados por el Consejo. En consecuencia nadie llega a un cargo judicial cualquiera sin los votos del MPN, partido que gobierna en la provincia desde la década del ‘60.
La necesidad de cubrir tantos cargos en el menor tiempo posible podría entrar en colisión con la calidad. Ya hubo algunos candidatos que llegaron al cargo con un puntaje muy bajo, y en concursos que no estaban empujados por la urgencia.
Y los que ingresen a partir de ahora al Poder Judicial se sumarán a un amplio lote de funcionarios y magistrados que están en sus puestos desde la época de Jorge Sobisch, cuando se produjo lamuchas veces denunciada cooptación por parte del poder político.
Los cargos de los integrantes del Consejo duran 4 años, pero el de la presidencia es el más volátil: en febrero asumirá su quinto presidente. Ocurre que ese puesto está reservado a un vocal del Tribunal Superior y por distintas razones nadie cumplió el mandato.
Guillermo Labate tendrá su turno este año, y es un secreto a voces que nadie se desvive por estar en su lugar. Por lo menos es especialista en derecho penal, y este año la mayoría de los concursos estarán destinados a cubrir cargos en ese fuero.
¿Habrá concursos múltiples? El anterior presidente del Consejo, Oscar Massei, se resistía a esa clase de convocatorias.
El Tribunal Superior
Massei, justamente, ocupará la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, tras ganar una elección en la cual no tuvo competidores.
Le tocará lidiar con las carencias presupuestarias de siempre (el mismo día que lo eligieron tuvo un gesto: no fue a la inauguración del ampuloso edificio de la Ciudad Judicial), con los reclamos salariales de una nueva conducción gremial y con el polo de poder que está construyendo pacientemente el fiscal general José Gerez.
La falta de simpatía entre ambos es mutua, habrá que ver si interfiere en el gobierno del Poder Judicial.
