En la madrugada del pasado 2 de agosto, Raúl David Caña, un joven de 24 años, padre de tres pequeños hijos, fue víctima de una salvaje golpiza. Denunciado por el presunto robo de un celular, hoy se encuentra detenido, a la espera de que la Justicia determine su futuro. Por su parte, la familia de Raúl no sólo  afirma que el joven es inocente del delito que se le imputa, sino que, además, denuncian abuso de autoridad y señalan a dos policías como los responsables de la brutal agresión que recibió. Incluso advierten que la Seccional Nº 11 no quiso tomarles la denuncia contra los efectivos.

Aquella noche, Raúl fue en busca de su tío para juntos ir a bailar, pero en el camino fue interceptado por tres sujetos que lo esposaron, lo amarraron a un auto y lo arrastraron varias cuadras para finalmente golpearlo salvajemente frente a la vivienda de uno de ellos.

¿Criminalización de la pobreza? ¿Brutalidad policíaca? ¿Abuso de autoridad? ¿La policía como aparato represivo del Estado? Preguntas todas que surgen luego de observar el rostro casi desfigurado de Raúl. Aquella fotografía no sólo demuestra la agresión de la que fue víctima, sino además el modelo de un sistema. Sin juzgar aquí la culpabilidad del joven respecto al delito que se le imputa, el presunto abuso de poder por parte de dos efectivos de la policía, denunciado por la familia, sería la prueba de una conducta que en esta sociedad se repite por parte de las instituciones que pretenden mantener el orden dentro de ella. Incluso si el delito de robo existiera, de ningún modo se justifica el salvajismo con el que el joven fue agredido.

Horrible sensación surge al tener que acudir al nombre de Ismael Lucena cada vez que este tema intenta tomar fuerza de debate.  Ejemplo duro, aunque claro: Ismael fue víctima de la brutalidad policíaca y del gatillo fácil, al ser asesinado en la madrugada del 10 de noviembre del 2011, a manos de dos policías que lo persiguieron, lo golpearon y lo acribillaron sin motivo alguno. Aún hoy su familia continúa reclamando justicia.

La portación de rostro, la condición humilde, o la vulnerabilidad ante la ostentación de poder, en esta sociedad parecieran ser causa suficiente para el apriete de un sistema represivo e inconstitucional, donde quienes reciben las denuncias son los mismos que condenan de antemano.

El pasado martes 19, la organización ANDHES (Abogados y Abogadas del Noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales), llevó a cabo una jornada de debate en el marco de la Campaña Reforma Policial YA! que la organización lanzó hace un tiempo. En el evento, que contó con la participación de variedad de expositores y fue declarado de interés judicial por la Corte Suprema de Tucumán, se expresó la suma necesidad de una seguridad democrática más integral, mediante la reforma de la institución policial, de su estructura y de la cultura institucional.

“La policía tiene una estructura institucional que data de la época de la dictadura, por lo tanto es una estructura represiva, reactiva, vertical, con un control militarizado hacia adentro”, sostuvo Josefina Doz Costa, directora ejecutiva de ANDHES, expositora en el debate.

Por su parte, el doctor Mario Juliano, Presidente de APP (Asociación de Pensamiento Penal), manifestó que “la reforma policial es un imperativo fundamentalmente en función de los resultados. Lejos de controlar y prevenir los hechos que nos preocupan a todos, vemos que de modo frecuente se encuentra involucrado el personal policial en muchos de estos episodios”.

Pero la discusión sobre la necesidad de una reforma policial como un paso más hacia un modelo de seguridad democrática no surge tan sólo de los reiterados y ocultados casos de víctimas de abuso de autoridad y gatillo fácil. La protesta policial y los saqueos de diciembre resuenan también en el debate.

En ese sentido, el doctor Gastón Chillier, director Ejecutivo del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), sostuvo que “debería haber una reforma porque el costo de mantener a las policías que hoy tiene Argentina son herencia pura de gobiernos dictatoriales, autoritarios, incluida la última dictadura militar; es muy alta en términos de violencia, de muerte, de violación a los derechos humanos”.

En palabras del abogado Pablo Gargiulo, asistente a la jornada, los episodios del diciembre pasado “son las consecuencias de la política de seguridad que se viene implementando, es decir que ha sido una crisis en la política de seguridad. Si nosotros para tener mayor seguridad apostamos exclusivamente al fortalecimiento de la fuerza policial, es decir más agentes, más armas, más autos, estamos fortaleciendo a una institución que se autonomiza en algún punto”.

Tanto la revuelta policial del pasado diciembre como el crimen de Ismael Lucena, o incluso el caso de la salvaje golpiza de la que fue víctima Raúl Caña, demuestran la imperiosa necesidad de una reforma policial que apunte a la transformación de una estructura, de una cultura, de una conducta, donde más policías no significan mayor seguridad.

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