Juan José Reyes – César Rodríguez y Mario Bongianino se reunirán para reglamentar el Registro de Abusadores Sexuales. Esa reglamentación y puesta en funcionamiento del listado, podría haber ayudado a detener más rápidamente a Juan José Janssen, acusado de asesinar a Sofía Viale.
Un funcionario político y otro judicial, ambos con un juicio político en ciernes, se reunirán para reglamentar el Registro de Abusadores Sexuales. En efecto, el Ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad invitó al Procurador General el 4 de diciembre último para que intervenga en la reglamentación de la norma 2.547, mediante la cual se creó en el ámbito del Poder Judicial un Registro de Procedimiento y Notificación de Antecedentes de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual. Lamentable, a casi 4 años de su promulgación, mediante Decreto 3312 del 29 de enero de 2009 que lleva la firma del gobernador, el Gobierno reaccionó muy tarde. Esa reglamentación y puesta en funcionamiento del «polémico» listado, podría haber ayudado a detener más rápidamente a Juan José Janssen, acusado de abusos, violaciones y de asesinar a la pequeña píquense Sofía Milagros Viale.
La invitación de César Rodríguez a Mario Bongianino, siendo que el primero es el organismo de aplicación de la citada norma jurídica y el último el organismo consultor y a la postre quién lo manejará a través de una Oficina Registral, aparece como un parche macabro después de los sucesos de dominio público que indignan aún a la sociedad pampeana. En noviembre pasado la vicegobernadora Norma Durango le había dicho a LA ARENA: «Debemos reconocer que el Estado falló», en relación al caso que terminó con la muerte de Sofía en General Pico, y que conmocionó a la sociedad en su conjunto. Dijo además aquel día que «desde el Poder Legislativo, cumplimos con nuestra función, pero tiene que haber una correspondencia con el Ejecutivo y el Judicial». Al parecer el mensaje de la presidenta de la Legislatura pampeana le llegó al ministro Rodríguez.

Un Registro demorado.
Aquel listado creado por los legisladores tenía el objetivo de inscribir a todos aquellos condenados por delitos contra la integridad sexual, cuya condena sea de prisión o de reclusión de tres o más años, o bien se trate de reincidencia de los delitos referidos, cuya sentencia se encuentre firme y pasada en autoridad de cosa juzgada. Lo concreto es que aquella norma tiene como objetivo principal la de aglutinar ciertos datos específicos, de aquellas personas que han sido condenadas por tales delitos en pos de difundir, proteger y controlar el desenvolvimiento social de los pervertidos que se encuentren en libertad, además de proporcionar la información necesaria ante la solicitud de organismos públicos, instituciones privadas o personas jurídicas o físicas que así lo necesitaren. La ley es clara cuando dice que es el Procurador General quién tendrá a su cargo la actualización de ese Registro Público. Lo insólito es que el Ministerio de Gobierno y la Asesoría Letrada recién ahora han tomado la intervención que les compete, cuando ya han transcurrido casi 47 meses desde su promulgación por parte del Ejecutivo provincial. El día 4 de diciembre la secretaria de la Procuración General, Ana Andrea Audisio, receptó la invitación del ministro Rodríguez.

La reglamentación.
La reglamentación dice que la información clasificada, que involucra a condenados por delitos contra la integridad sexual, será controlada, administrada y fiscalizada por una oficina que se creará al efecto y que se desenvolverá dentro de la jurisdicción del Ministerio Público Fiscal, organismo que designará al titular de la Oficina registral. En segundo lugar, considera reincidente, a toda persona que se encuentre en el Registro, haya sido condenada nuevamente y tenga sentencia firme. También da cuenta que la Oficina pedirá la colaboración del Registro Nacional de Reincidencia que depende del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación; del juez de Ejecución respectivo y/o de la Policía Provincial o Federal según corresponda, demostrando principal preocupación por la obtención y registración de las huellas genéticas del condenado en virtud de la especificidad de los delitos consumados. Finalmente, y en forma difusa, le apunta al periodismo, pues dice taxativamente que «el uso indebido de la información registrará, para quienes así lo hicieren, las responsabilidades civiles, penales y/o administrativas correspondientes. Asimismo, y a los fines de garantizar la confidencialidad de la información registrada, la autoridad de aplicación se comprometerá a crear los resortes judiciales administrativos pertinentes». Porqué decimos que le apunta al periodismo. Simple, dice que «solo podrán requerir informes tanto las personas físicas como jurídicas, siempre que demuestren un interés legítimo para ello».

fuente http://laarena.com.ar/la_ciudad-registro_de_abusadores__despues_de_4_anos_van_a_reglamentarlo-86608-115.html