La defensora general Graciela Sanmiguel renovó un planteo judicial de hábeas corpus para que se mejoren las condiciones de detención de la alcaidía de mujeres, de La Paz 450, donde la semana pasada las internas realizaron una protesta en reclamo de obras edilicias, un móvil para traslados a centros de salud, incorporación de personal y raciones de comida en mejor estado. En septiembre pasado la jueza Alejandra Rodenas le había dado al gobierno un plazo que vence hoy para que se realizaran los arreglos, pero según constató la defensora en una inspección reciente aún no se adoptaron medidas para solucionar esas falencias.
«Ninguna reforma de las ordenadas se ha implementado hasta la fecha y no hay noticias de que se estén por llevar a cabo», planteó la defensora en la reiteración del pedido, al que ayer se plegó la fiscal Lucía Araoz. El hábeas corpus en favor de las internas había sido resuelto el 30 de septiembre pasado por Rodenas. Tras recibir un informe de Asuntos Internos sobre el precario estado del penal, la jueza intimó al Ministerio de Seguridad a que «arbitre los medios» para cumplir una serie de medidas en un plazo de 20 días hábiles que vencen hoy.
Los puntos a resolver son la reparación de sanitarios y destape de cañerías, la refacción del sistema eléctrico, el reemplazo de la heladera por una más grande, la instalación de ventiladores, la colocación de cristales para el cerramiento de ventanas y la limpieza y desinfección del lugar.
Asimismo, la jueza requería que se aumentaran el personal y los vehículos para garantizar el traslado de las internas a hospitales y a tribunales cuando son requeridas para el trámite de las causas (ver aparte).
Urgente necesidad. Sanmiguel actualizó el pedido tras visitar las instalaciones el 15 de octubre pasado para controlar si se había cumplido con la orden judicial, emitida dos semanas antes. Constató que las obras aún no se habían iniciado. «Reitero la urgente necesidad de que las medidas sean llevadas a cabo por encontrarse agravadas las condiciones de detención», señaló en el nuevo pedido a la jueza. Y aclaró que las internas destacan «el buen trato» y los esfuerzos del personal de custodia, al que advierten falto de recursos. Y solicitó que «se abritren los medios necesarios para que el gobierno cumpla las medidas».
La situación de la alcaidía de mujeres no es nueva. El año pasado pasado el defensor público de la provincia, Gabriel Ganón, presentó un hábeas corpus en favor de alrededor de 60 internas que se tramitó en el juzgado de Instrucción Nº 10. Denunció el «paupérrimo» estado del lugar, el «riesgo cierto de una catástrofe» y el peligro de que contrajeran hantavirus por la convivencia con roedores. En 2010, a partir de un recurso similar de los defensores generales Oscar Loberse y Estrella Galán, el juez de Instrucción Javier Beltramone había intimado a la provincia a resolver en 90 días los «graves problemas de habitabilidad e insalubridad» del lugar.
Revuelta y carta. El miércoles de la semana pasada, las demandas del hábeas corpus fueron expresadas por las internas en una protesta. Reclamaron, sobre todo, asistencia médica para las cuatro embarazadas alojadas allí. E hicieron llegar una carta a este diario en la que pidieron móviles para el traslado a efectores de salud y mejoras edilicias.
«La ración no es suficiente y suele llegar en mal estado», denunciaron, además de plantear la «falta de personal policial» para garantizar las visitas. «El personal hace lo más humano posible, siempre están bien predispuestas para nosotras. Somos mujeres, hijas, madres, esposas y tenemos familia. Queremos simplemente tener las condiciones básicas de subsistencia», remarcaron en la carta, que enumera los mismos reclamos del hábeas corpus en curso.
