El informe anual de la Coordinadora contra la Represión Institucional y Policial reveló que desde 1983 hasta hoy el estado mató a 3773 personas. El kirchenrismo, en 9 años, alcanza el mayor número con 2224 víctimas, un 58,94%. En La Pampa se registraron 30 casos desde el regreso a la democracia en 1983. ACCEDA AL INFORME COMPLETO-
Plan B Noticias presenta un resumen del informe anual de la Coordinadora contra la Represión Institucional y Policial presentado el 16 de noviembre en Plaza de Mayo, Buenos Aires.
“La necesidad, en nuestra militancia cotidiana, de mostrar lo invisibilizado y naturalizado de la represión, motivó a CORREPI a intentar, a partir de 1996, la sistematización de los datos disponibles sobre personas asesinadas por el aparato represivo estatal. Con estos datos, nos proponemos mostrar que el alcance y la extensión de la represión que padece el pueblo, responde a una política de estado. Un estado dividido en clases, que necesita de la explotación de la amplia mayoría del pueblo por una reducida minoría, y que, para poder garantizarla, inevitablemente hace uso de la violencia y la represión”, indican en un fragmento del documento. Hacen mención a que la Ley Antiterrorista sancionada hace un año forma parte de la política represiva..
Aseguran que “es imposible calcular la “cifra negra” del gatillo fácil y de las muertes en cárceles y comisarías o por la tortura. Sólo podemos afirmar que, permanentemente incorporamos, además de los casos ocurridos en el año en curso, otros de años anteriores, comprobando, en la práctica, que muchos homicidios perpetrados desde el estado no trascienden siquiera en esta humilde base de datos. Sirva como ejemplo de esto que, cuando llegamos a la Plaza de Mayo en noviembre de 2011, registrábamos 3.392 casos. Hoy registramos 3.773. De los 381 incorporados al Archivo a partir de entonces, sólo 230 ocurrieron en los últimos 12 meses, desde el 1º de noviembre de 2011. Los restantes 151 casos son de años anteriores, como los 94 de 2011 que ignorábamos hace un año, a pesar que ya habían ocurrido”.
En relación a las edades de las víctimas la CORREPI dice que “Casi el 50% de los casos corresponde a personas de 25 años o menos. Los rangos de edad que muestra el siguiente gráfico, con absoluta preeminencia de las víctimas jóvenes, son un claro indicador del contenido de control social de la represión preventiva. Si se suman los de menos de 35, se supera el 77% del total”.
En el apartado “Cómo hacemos el archivo”, explican:
– 1. Incluimos todo caso que implique la aplicación de política represiva estatal y la utilización de los recursos del aparato estatal, cuyo resultado sea la muerte de la víctima.
– 2. Respecto de los victimarios, incluimos todo caso en que los responsables sean miembros de las agencias represivas del estado: policía federal, policías provinciales, policía metropolitana, gendarmería, prefectura, servicio penitenciario, seguridad privada, grupos de choque tercerizados y fuerzas armadas.
– 3. Incluimos todas las modalidades represivas que utilizan los gobiernos, y sólo lo que responde a la aplicación de esas políticas estatales. El Archivo no es un conteo de “civiles muertos” en enfrentamientos con fuerzas de seguridad o de “lamentables accidentes”, sino de personas que murieron como consecuencia de la necesidad intrínseca de los gobiernos de reprimir.
– 4. A los fines estadísticos, desagregamos las modalidades en: gatillo fácil (fusilamientos); muertes de personas detenidas (que en buena medida corresponden a la aplicación de tormentos, e incluyen, también, algunos casos de desapariciones); fusilamientos en movilizaciones u otras protestas (es decir, los asesinatos cometidos en el marco de la represión selectiva); muertes intrafuerza o intrafamiliares (casos en que el autor utiliza, para “resolver” un conflicto interno o familiar, los recursos represivos que le provee el estado); causas fraguadas, o consecuencia de otros delitos y otras circunstancias (que incluye la mayoría de la desapariciones).
– 5. Cerramos la búsqueda de datos entre fin de octubre y principios de noviembre, de modo que buena parte de noviembre y todo diciembre se incluyen en el Archivo del año siguiente.
– 6. Recurrimos a toda fuente disponible, aunque las básicas son el contacto directo con los familiares o amigos de las víctimas; el chequeo sistemático de diarios nacionales y provinciales; el aporte que recibimos de los compañeros que, desde sus provincias, sistematizan y nos remiten información ya chequeada y los informes de otras organizaciones y de organismos oficiales que registran datos de interés-2-.
Concluyen que “los datos registrados, con una acumulación de 16 años, permiten extrapolar tendencias y sacar conclusiones. Las que nosotros sistematizamos y exponemos se basan estrictamente en la información recogida, que, por más de una década y media, no ha podido ser desmentida ni puesta en duda por ninguno de los sucesivos gobiernos a los que señalamos como ejecutores de la represión estatal en su respectiva etapa. Pero debe quedar claro que el trabajo de compilar el Archivo y las conclusiones que sacamos de estos fríos números, son parte de la lucha organizada contra la represión que nos determina como militantes. Por ello, no esperen encontrar un trabajo aséptico, desligado de las convicciones y los principios. La contundencia de los datos sólo confirma, año a año, la necesidad de profundizar, en todo el país, la aplicación práctica de nuestra consigna fundacional: ¡CONTRA LA REPRESIÓN, ORGANIZACIÓN Y LUCHA!”.
Crítica al gobierno nacional. “Hace un año, el triunfo electoral de Cristina Fernández de Kirchner vino acompañado de una nueva ley antiterrorista, que, con el apoyo de todo el arco opositor, se suma a otras ya existentes, sancionadas por el kirchnerismo cumpliendo órdenes del imperialismo. Así como ya lo hiciera años anteriores, responsabilizando a las provincias de varios hechos represivos, el gobierno sigue buscando formas para preservar su discurso de defensor de los DDHH. De este modo, hace aparecer como consecuencia de internas dentro del gobierno, acciones que sólo son su responsabilidad: la continuidad de una política represiva frente a la lucha. Un ejemplo de esto fue el arribo de Sergio Berni, fascista reconocido, excarapintada, al ministerio de Seguridad, en reemplazo de Cristina Caamaño. Famoso por ser, durante los últimos diez años, el interlocutor del gobierno con el movimiento piquetero, tuvo encomendada la tarea de aplicar una política de mayor represión sobre las organizaciones populares que salieran a luchar. Mediante la saturación de gendarmes en la Panamericana, logró desalojar por la fuerza varias movilizaciones con detenciones masivas. Todo esto, acompañado por la afirmación del gobierno de que ‘no vamos a reprimir la protesta social’”.
fuente http://www.planbnoticias.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=15681:represion-estatal-182-muertos-en-2012&catid=46:el-pais&Itemid=71
