El pasado jueves 4 de septiembre, los 60 despedidos de Lear que no aceptaron el retiro voluntario y que fueron echados por la empresa norteamericana retomaron la lucha. El intento de corte en el kilómetro 31 la Panamericana, a las 8.30, mano al norte y dejando carriles libres, fue reprimido. Un centenar de personas, entre las que se encontraba el diputado Nicolás del Caño, se bajaron de dos micros y trataron de cortar el tránsito. La acción de los efectivos de Gendarmería, con palos y gases, impidió la acción. Todos los canales mostraban las imágenes y daban micrófono a Del Caño, quien contaba cómo le habían pegado. La protesta, además de los despidos, era por la situación de los delegados reincorporados, quienes pasan su jornada de trabajo en una pequeña jaula. Cabe consignar que la Justicia había ordenado la reincorporación a la planta de la Comisión Interna, ya que por ser delegados tienen inmunidad gremial. No obstante, la conducción del sindicato mecánico promovió una asamblea a mediados de julio en la que revocó el mandato de los representantes de los trabajadores. Esa maniobra, destinada a conjurar el conflicto y dejar la puerta abierta a la persecución de la empresa, fue conjurada por la Justicia laboral que instruyó al Ministerio de Trabajo a enviar inspectores para que se cumpla el fallo y se reincorporara sin dilaciones a los delegados. Fue entonces que Lear decidió construir un pequeño enrejado: los delegados están adentro, tal como ordena la Justicia, pero no en sus puestos de trabajo sino en una suerte de jaula. El conflicto de Lear comenzó a fines de mayo cuando la empresa decidió suspender a 200 trabajadores y despedir a otros 100. Desde entonces, hubo siete fallos judiciales a favor del reclamo obrero y un cierre de la empresa por 15 días como señal de que no quieren cumplir.
El miércoles 30 de julio fue cuando el segundo comandante de Gendarmería Juan Alberto López Toral se tiró sobre el capot del Chevrolet Corsa conducido por Christian Romero simulando un atropello. Romero es de los militantes que llegaba para solidarizarse con los trabajadores y fue golpeado, esposado, detenido y a quien el fiscal Diego Molina Pico le inició una causa acusado de intentar atropellar a un funcionario público. Esta semana estalló la pobre capacidad actoral del oficial de Gendarmería cuando se conoció el video que prueba de manera indubitable que todo fue armado. López Toral es jefe del Destacamento 1 de Gendarmería, con sede en Campo de Mayo, y está a cargo del operativo en Lear desde el mes de mayo. Si bien este segundo comandante (equivalente al grado de capitán en el Ejército) estaba a cargo del operativo, no era fácil determinar si esa maniobra la había decidido por cuenta propia o se trataba de una orden superior. Un dato indicaba que el armado contaba con el visto bueno de Sergio Berni: en el lugar estaba el coronel retirado Roberto Galeano, de la promoción 111 del Ejército, de la cual son la mayoría de los generales que acompañan hoy al jefe de Estado Mayor del Ejército César Milani. Galeano es del arma de Caballería, es comando y también de Inteligencia. El Negro Galeano y el doctor Berni se conocen desde hace por lo menos 15 años. Galeano, con el grado de mayor estaba a cargo del Destacamento de Inteligencia de Río Turbio, en Santa Cruz, y Berni tenía el grado de capitán y estaba en la guarnición de Rospentek, pegada a la frontera con Chile y a una decena de kilómetros de Río Turbio. El vínculo entre ellos hizo que Berni fuera padrino de un hijo de Galeano. Con los años, Galeano fue pasado a retiro durante la gestión de Nilda Garré en Defensa. La relación entre Galeano y César Milani nunca fue buena. Años después, su amigo Berni, que tampoco tiene una relación fluida con Milani, le hizo un lugar en Seguridad.
El viernes 5, la duda la develó el mismísimo secretario de Seguridad Sergio Berni: el gendarme López Toral cumplió con su deber. Obedeció instrucciones. Fue un acto de obediencia debida. A pocos metros de la escena mal realizada estaba el ex comando y ex oficial de Inteligencia de Ejército Roberto Galeano.

Seguridad y política. Un primer escenario es que esto sucede en la Argentina del siglo XXI, con juicios en marcha por crímenes de lesa humanidad, con la derogación de las leyes de impunidad y los centenares de audiencias donde los sobrevivientes relatan las mentiras esgrimidas por los represores para llevar a cabo un plan de exterminio. Es más, sucede nada menos que con un secretario de Seguridad que se jacta de tener contacto directo con la Presidenta y que el pasado 23 de agosto, cuando las topadoras arrollaron las viviendas precarias de familias pobres del asentamiento Papa Francisco en Villa Lugano, dijo que “eso debía haberse hecho el primer día”. La presencia de un oficial retirado del Ejército con ropa de paisano en el lugar donde estaba el gendarme carancho es casi una exhibición de cómo quiere actuar Berni. Estos pasos pueden generar una crisis en los movimientos de derechos humanos porque van en la dirección de frenar la protesta social con maniobras y protagonistas que nada tienen que ver con los preceptos con los que Néstor Kirchner inició su gestión y que fueron respetados durante una década. Cabe recordar que el entonces presidente se opuso de modo tajante a que los efectivos de la Policía Federal fueran a las marchas de piqueteros con armas de fuego y con los uniformes de calle y no con los de la Guardia de Infantería. Los efectivos de Gendarmería que están en el kilómetro 31 portan armas de fuego y están ataviados con ropa de combate arriba de los carros de asalto desde mayo, cuando se inició el conflicto por los despidos y las suspensiones.
En un momento de inflación, recesión y caída del empleo, cabe preguntarse si Berni actúa con autonomía o es una carta del Gobierno para ganar simpatías en una porción del electorado que no comulga con las ideas de la inclusión social, la diversidad, la Patria latinoamericana o los derechos humanos, banderas claramente kirchneristas. El secretario de Seguridad parece haber trepado en las encuestas desde que se muestra hiperactivo pero, sobre todo, por hablar de la puerta giratoria, la desconfianza a los inmigrantes y por ser ferviente defensor de las topadoras contra los desheredados de la tierra. En esa dirección va la presencia de Berni en el programa La cornisa, de Luis Majul –un conductor que al mismo tiempo es empresario periodístico–, en la revista Noticias o peleándose en Radio Mitre con Marcelo Longobardi, espacios de medios con públicos mayoritariamente anti-K. La idea parece tan poco original como engañosa: confundirse en la ola de reclamos de mano dura pero sin despegarse de la figura presidencial. Hasta ahora, cabe subrayar, Cristina no se mostró ni a favor ni en contra de las topadoras o de las balas de goma. Sin embargo, los hechos suelen ser más demostrativos que las palabras. Nada indica que Sergio Berni esté al margen del juego de construcción de agenda del oficialismo. En su hiperactividad, el secretario de Seguridad no deja de castigar al gobierno de Mauricio Macri. No sólo corriéndolo por derecha por el desalojo del asentamiento Papa Francisco, sino también sobre la Metropolitana. Quizá para sacar de agenda mediática al gendarme carancho, Berni decidió que la Policía Federal destinara unos miles de efectivos a reforzar la seguridad en el conurbano bonaerense. El supuesto esquema es que en los barrios porteños donde esté la Metropolitana, la Federal dejará de estar. El plan fue confirmado por el jefe de Gabinete Jorge Capitanich y abarca a 5000 policías que actúan en 14 barrios porteños. De inmediato, la atención se basó en si el Gobierno de la Ciudad tiene o no jurisdicción con la Metropolitana como para hacerse cargo de la seguridad.

Políticas de seguridad democráticas. No tendría sentido consignar estos acontecimientos sin hacer referencia a que la democracia tiene deudas con las políticas de seguridad. La creación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria para reemplazar el manejo de la Fuerza Aérea de los aeropuertos fue un gran desafío durante la gestión de Néstor Kirchner y con Luis Tibiletti como secretario de Seguridad. Marcelo Saín, actual legislador bonaerense, imprimió una marca del estilo de conducción democrática con el intento de dejar atrás la idea del autogobierno de las policías. En la provincia de Buenos Aires, la gestión de León Arslanián durante la gobernación de Felipe Solá también fue impulsada por Kirchner. Y el Acuerdo para la Seguridad Democrática firmado el 9 de diciembre de 2009, impulsado por el CELS y firmado por legisladores de un amplio espectro, fue un antecedente claro de muchas de las medidas impulsadas por Nilda Garré cuando, un año después, Cristina Kirhcner ponía en marcha el ministerio de Seguridad tras la represión en el Parque Indoamericano.
En la actualidad, Arslanian no está en ninguna función aunque formó una maestría en Actualización de Políticas Públicas en Seguridad con especialistas y profesores de primer nivel en la Facultad de Derecho de la UBA. Saín escribió artículos académicos de primer nivel. Uno de ellos constituye un capítulo imprescindible de un libro compilado por Carlos Acuña y que tiene como título Cuánto importan las instituciones. Garré está en Washington, como embajadora argentina ante la OEA, lejos del terreno. Los espacios de disputa con las viejas y reaccionarias estructuras de autogobierno policial o de connivencia entre funcionarios políticos y jefes policiales quedaron en manos de figuras como Sergio Berni y Alejandro Granados, el ministro de Seguridad bonaerense, que asumió el cargo haciendo gala de haber disparado con un Magnum .357 a quienes osaron ingresar al parque de su inmensa casa. Si faltaba una constatación para saber que las fuerzas de seguridad necesitan avanzar en el proceso de transformación, diciembre de 2013 dejó al desnudo que la protesta policial podía valerse de grupos de lúmpenes que hicieran desmanes. Ni siquiera los gobernadores y la Nación avanzaron en el debate de la sindicalización policial. Cuando Berni encabezó ese desembarco en las villas de Rosario muchos decían que la gente aplaudía a los gendarmes en contraposición a la corrupta policía santafesina. Ahora, el gendarme carancho quizá sea aplaudido por algún sector de la sociedad. No precisamente por el sector que luchó estos años por una sociedad con ampliación y profundización de derechos.

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