El presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Ricardo Lorenzetti, recibe a La Nacion en la recuperada sala de audiencias del cuarto piso del Palacio de Tribunales. Hasta hace pocos años, ese ámbito servía de archivo hasta el techo de la enorme cantidad de expedientes que llegaron hasta el máximo tribunal de la Argentina por culpa del «corralito».

Lorenzetti tiene ahora otras preocupaciones: difundir el nuevo Código Civil en el que tanto trabajó, lograr una respuesta satisfactoria de la Anses por el tema de los fondos de los jubilados e insistir en que se empiece a cubrir el creciente número de vacantes en los juzgados.

Afable y cauteloso, arranca puntualizando que «el primer objetivo que debe tener el legislador es facilitar la vida de los argentinos y no obstaculizarla».

-¿Por qué sería mejor el nuevo Código Civil que el que ya existe?

-Porque se hizo en una época que ya ha cambiado muchísimo. Vélez Sarsfield seguramente hoy querría hacer un Código Civil nuevo.

-Las grandes transformaciones producen tensiones y planteos; por nombrar dos muy distintos, la Iglesia y los pueblos originarios critican el nuevo Código.

-Es muy normal y bueno que haya críticas. Actualmente hemos pasado de un mundo bipolar a uno multipolar. Antes estaban los soviéticos y el mundo occidental y las sociedades eran homogéneas. Entonces un legislador no tenía muchos problemas. Lo que hacía era aplicar el sistema de valores del sector al cual correspondía. Todos pensábamos más o menos conforme al mismo sistema de valores. Hoy, el mundo es multicultural. La gobernabilidad actual pasa por tratar de articular todas las visiones sobre bases comunes. En la legislación de familia si yo tengo una visión de cómo debería ser el matrimonio, la puedo imponer en la ley y que todos la adopten obligatoriamente. Así fue en el siglo XIX cuando se hizo el Código Civil: impuso un modelo matrimonial, pero al poco tiempo ya hubo una modificación, la ley de matrimonio civil, y después hubo otra y otra, los derechos de la mujer, el matrimonio igualitario. La ley lo que hace es resolver conflictos. Hay gente que hoy se junta, no se casa. ¿Qué hago? ¿Los ignoro? Si es una realidad, hay que regularla.

No se incentiva un modelo sobre otro…

-No. Como juez o como legislador puedo pensar que lo mejor es vivir en una familia con cuatro hijos, modelo tradicional, pero esos hijos a lo mejor se juntan y no se casan. Después, cuando se separan, hay muchísimos problemas. No estamos promoviendo las uniones de hecho, estamos dando soluciones a conflictos que se plantean.

– «Queremos que los jubilados no tengan juicios y acabar con su padecimiento», dijo la Corte. El Ejecutivo contestó con un ambicioso plan de viviendas y, hace unos días, con la tarjeta Argenta.

-Hay diferentes cuestiones. Como jueces no decidimos las políticas públicas, o sea que si se decide hacer viviendas, dar la asignación por hijo u otorgar créditos, a mí me parece muy bien. Pero si la ley dice que usted hace aportes determinados para su jubilación, nosotros tenemos que aplicar esa ley vigente. Acá hay un problema: dos instituciones del mismo Estado, el Poder Judicial y la Anses, generan una litigiosidad que, a lo mejor, podemos reducir si trabajamos en términos concretos. La Corte está diciendo que investiguemos mejor los recursos y que, si hay excesos, se corrijan. Si esto produce un problema presupuestario, para eso está el Congreso, cambien la ley. Pero mientras tanto tenemos que aplicar la ley vigente. No hay otra alternativa. Nosotros no somos ni legisladores ni políticos. Lo que queremos es que cumplan con las sentencias de los jubilados y por eso se pidió qué cantidad de fondos se dedican al pago y eso lo vamos a saber cuando nos respondan. Ahí veremos.

La Corte hizo otras demandas concretas al Ejecutivo que tampoco son atendidas: que se reponga al procurador en Santa Cruz, que se le dé publicidad oficial a la editorial Perfil. ¿Cómo se resuelve?

-La mayoría de las sentencias se cumplen. El caso del procurador Sosa es muy difícil procesalmente. Esto se hizo hace muchos años. Nosotros no estábamos. Después hubo muchísimas dificultades, cambios legislativos, reforma constitucional en la provincia, entonces no es sencillo. La Corte de antes ordenó la reincorporación, y nosotros tomamos esa sentencia que era de cumplimiento difícil, si no imposible, porque ya estaban modificadas la ley y la Constitución. Lo que se hizo es enviar el caso al Congreso para que lo resuelva.

– ¿Y el tema de la pauta?

-La Corte dictó una sentencia y luego el proceso fue a primera instancia. La ejecución de la sentencia no está en la Corte. Ahí hay que ver qué han hecho los abogados. Lo desconozco.

– Ley de medios y el plazo del 7 de diciembre para la cautelar de Clarín. ¿Es sólo para ese grupo la desinversión o también corre para los demás?

-Lo que resolvió la Corte es que la cautelar no puede sostenerse más allá del 7 de diciembre. Hay que poner en claro lo siguiente: en un proceso, la sentencia se aplica sólo a las partes, en este caso no tiene efectos generales. La denominada ley de medios está vigente, puede ser aplicada. Dentro de esa ley hay un artículo que se refiere a la desinversión, cuya aplicación fue suspendida, prorrogada y luego quedó vigente. Eso no tiene nada que ver con este juicio ni con la cautelar. Eso se aplica a todos porque está vigente. Lo que ocurre es que en el caso del Grupo Clarín consiguió una medida. Lo que dijo la Corte es que esa cautelar no puede ser indefinida porque si sustituye la solución de fondo no es bueno, es un derecho precario. Acá lo que tienen que hacer es acelerar el juicio las partes y resolverlo. El juez de primera instancia tendrá que decir si la norma es constitucional o no.

El Ejecutivo tiende a cerrarse informativamente y el Poder Judicial, que generalmente fue poco locuaz, a excepción de algunos jueces muy mediáticos, al revés, se está abriendo cada vez más. ¿Informar es algo que queda al arbitrio o al gusto del que esté en ese momento a cargo o hay un deber constitucional de hacerlo?

-Yo hablo de lo que hacemos nosotros, el Poder Judicial. Insistí mucho en que sea una política de Estado el concepto de «gobierno abierto», que implica la apertura informativa. Ha traído muy buenos resultados. Insisto mucho en que el lenguaje de una sentencia es profesional, dirigido por un juez a otro profesional, que es el abogado, pero también hay que explicarle a la población del modo más claro cuáles son las razones, si se decide algo. Si no quiere que se conozca es porque son malas razones. Si yo estoy convencido de que son buenas razones, las puedo defender acá, afuera, en un diario o en cualquier lado. El debate hace que la gente entienda mejor el derecho y también nos mejora a los jueces y a la Corte. En el Poder Judicial la comunicación y la transparencia es una política de Estado. Por eso hacemos audiencias públicas para escuchar la contraposición de argumentos, que es lo que permite entender más los problemas y buscar soluciones. Por primera vez, en la Corte estuvieron en audiencias públicas comunidades indígenas, habitantes de la Villa Inflamable, que dieron origen a la causa más grande que tiene el país, que es la del Riachuelo. Todas las voces han sido escuchadas.

– ¿Quien está haciendo mejor los deberes en el caso del Riachuelo?

-El desafío justamente es que se pongan de acuerdo. El Riachuelo estuvo cien años contaminado. El problema principal es que hay muchas jurisdicciones. Hemos logrado que se haga una política de Estado común. Se creó una autoridad de cuenca que establece parámetros y hay un juez que la controla y ejecuta. Está funcionando. Obviamente, no es un problema que se vaya a solucionar rápido.

– ¿Como ve la Corte que haya más de 80 vacantes de jueces para cubrir?

-Hay todo un proceso de selección en el que intervienen en distintas etapas el Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo y el Congreso. Ese proceso es cada vez más lento. Tenemos actualmente entre un 20 y un 30 por ciento de vacantes, que es muchísimo. Estamos dialogando a ver si podemos solucionarlo. También implicaría reformular el sistema de selección, hacerlo más rápido. Le estamos planteando el tema al Consejo de la Magistratura, y ellos están viendo a ver qué hacen, pero la realidad es que hay muchas vacantes y si no hay jueces tampoco puede haber justicia.

– Pero eso es funcional al Ejecutivo. Pensaba en el fuero federal, donde hay tantas críticas e ironías porque hay causas que caen recurrentemente en algunos juzgados.

-Nosotros insistimos mucho en la cobertura de las vacantes, si no hay un sistema de subrogancias que es muy difícil. Tenemos zonas del país donde un juez tiene que viajar cien kilómetros para atender un caso y cuando vuelve, tampoco atiende bien su propio tribunal. Hay algunos tribunales que tienen el 50 por ciento de los jueces, y eso dificulta mucho. Nos preocupa y esto exige un diálogo de poderes.

– ¿Usted cree que el mecanismo es naturalmente lento o hay una decisión política para que eso sea deliberadamente así?

-Yo no analizo las decisiones políticas. Lo que decimos es que está el problema y que hay que solucionarlo. Las razones las desconozco. En todo el Poder Judicial lo discutimos en cada reunión que hay.

– ¿Cómo está la Corte hoy?

-Hicimos un gran proceso de transformación interna de gestión. Cuando yo llegué, teníamos 150.000 causas del «corralito». Armamos equipos de trabajo, sacamos casi todas las causas del «corralito», y de jubilaciones también. Hoy la Corte está muy bien en la cantidad de causas, ha bajado mucho. Y tiene firma digital, notificaciones y oficios electrónicos, tenemos posibilidad de digitalizar expedientes. Estamos avanzando rapidísimo, con lo cual la aceleración de procesos en la Corte es creciente.

– ¿Es una utopía la autarquía judicial?

-No es una utopía, es algo que existe en muchos países, sin ir muy lejos, en Brasil. Acá nosotros la hemos pedido obviamente. Se discute; en algún momento se podrá cambiar. Es algo posible, creo que sería bueno. Hay que mejorar mucho el Poder Judicial, lo quiere la gente. Las instituciones tienen que ser diseñadas en función de las necesidades de la población y no al revés, que es lo que históricamente ha pasado. Para poder reformular el sistema hay que tener autonomía presupuestaria. El Poder Judicial lleva muchísimos años sin cambios profundos.

¿Por que los temas de inseguridad y corrupción no son políticas de Estado, como los derechos humanos, las cuestiones de género y la comunicación?

-Lo que hacemos como políticas de Estado son o transformaciones internas o cuestiones que tienen que ver con lo institucional. No tenemos facultades de involucrarnos y decirles a los jueces cómo deben fallar. Esta es una primera valla. En materia de derechos humanos lo que se ha hecho es una comisión interpoderes para agilizar y organizar los juicios. En materia de seguridad, la mayoría de las decisiones no son de la justicia federal, sino de la justicia provincial, y nosotros no tenemos ninguna posibilidad de tomar decisiones. He dicho muchas veces que la seguridad ciudadana y controlar la criminalidad merecen una política de Estado. Necesitaríamos que existieran estadísticas confiables de homicidios y robos; también, un acuerdo entre los jueces, el sistema penitenciario y policial.

Se ha establecido un debate entre garantistas y lo que podríamos llamar «ingenieros Blumberg». ¿No hay un lugar intermedio que pueda resolver esa cuestión?

-Cada vez que tenemos un problema normalmente nos dividimos en dos partes, y entonces se genera una guerra de posiciones a ver quién triunfa. Cuando triunfa uno, lo hace transitoriamente, hasta que el otro lo derrota, con lo cual tenemos oscilaciones pendulares en las políticas públicas y eso hace que sean ineficaces. Esta es una lógica que tenemos que cambiar. Hay muchos países que tienen buenos niveles de seguridad y buenos niveles de respeto de las garantías; no hay una contraposición absoluta entre el garantismo y la mano dura. Acá hay muchas declaraciones, pero lo que hace falta son políticas concretas y constantes en un mismo sentido, que es lo que soluciona los problemas. No se solucionan dictando una ley «que suba la edad, que baje la edad». Eso es muy simplista.

– ¿Considera que el sistema de gobierno global en la Argentina está fuerte?

-Creo que las instituciones están razonablemente bien. Hoy no tenemos riesgos de una crisis institucional o quiebres como hemos tenido en el pasado. En ese aspecto tenemos que estar tranquilos. Los conflictos es natural que existan en democracia. Lo importante es que las instituciones funcionen, pero sí creo que tienen que funcionar mejor.

– La Presidenta considera que ha habido un golpe de Estado en Paraguay. Pero en ese país se expidió el Legislativo y convalidó la Corte. ¿Qué opina usted?

-Como cabeza de uno de los tres poderes del Estado no puedo dar una opinión. Por sus repercusiones internacionales debo respetar la posición oficial del Estado argentino. Si estuviera en la actividad política podría decir otras cosas, pero no desde la presidencia de la Corte.

– ¿Hay quejas del Ejecutivo? ¿Suena mucho el teléfono?

-Tenemos relaciones institucionales. Cuando no gusta un fallo de la Corte, los ministros, la Presidenta o el presidente anterior lo han manifestado públicamente. No nos molesta en absoluto. Nosotros tenemos que fallar como creemos que hay que fallar los casos. Si estuviéramos pendientes de lo que opinan los demás, eso generaría mucho temor en la gente. De lo que tiene que tener tranquilidad el ciudadano es de que vamos a fallar de buena fe conforme a nuestros principios y no por lo que diga alguien que se enoje de un lado o del otro. Eso es fundamental para el sistema. Forma parte de la vida democrática.

MANO A MANO

Sobre el caso Ciccone prefiere no hablar. «No podemos opinar sobre una causa en curso», responde a sabiendas de que esa causa puede trepar en algún momento hasta el tribunal que preside. «Lo importante es que el juez analice la cuestión y no opine antes. Es fundamental la imparcialidad», amplía.

No parece Lorenzetti un hombre fácil de poner nervioso. Ciudadano de a pie en su pueblo (Rafaela), ésta es la primera vez que trabaja en la administración pública. Ha dado clases de filosofía y su gusto por el teatro y los conciertos no le impide ser también un devoto espectador de recitales de rock nacional, a los que solía llevar desde chicos a sus hijos, hoy de 21, 25 y 28 años (uno solo abogado). «Ahora me llevan ellos», admite y cuenta que lo último que vio fue The Wall, en River.

«Trato de hacer la vida más normal posible, porque hay que evitar aislarse de la sociedad porque se deja de entenderla», explica.

Le interesan los temas ambientales y los paradigmas culturales. Considera que los problemas humanos siguen siendo los mismos que contaban Homero o Shakespeare. «Lo que cambió es el contexto en que se dan. Hay unos cambios tremendos, y eso me atrae mucho», apunta.

Está en el máximo tribunal de justicia desde 2004, que preside desde 2007. Cuando se le pregunta qué hay después de la Corte, recuerda que el cargo es vitalicio, pero aclara que «si uno se cansa, se va a la casa». Confiesa que no se ve actuando en la política tradicional..

fuente: http://www.lanacion.com.ar/1486610-no-hay-una-contraposicion-absoluta-entre-garantismo-y-mano-dura