Ricardo Vargas es Investigador Asociado del Transnational Institute TNI y Director de Accion Andina Colombia. Analiza las declaraciones del presidente colombiano Juan Manuel Santos y traza un balance de la situación actual de la llamada “Guerra contra las drogas”, en el país que se convirtió en un laboratorio de la respuesta militar al narcotráfico.
-¿Qué alcances tienen las declaraciones del presidente Santos sobre la legalización de las drogas?
– Existen tres ámbitos en los cuales se podría valorar el alcance sus declaraciones: el contexto multilateral, el ámbito bilateral y regional y el nivel interno. Por ahora el presidente Santos parece apostarle a una incidencia en el contexto multilateral sobre todo en el hemisferio. Sus declaraciones han estado dirigidas y seguramente tendrán prioridad en los organismos que agrupan los países latinoamericanos. La idea es propiciar una “ruptura del tabú” sobre el balance de las políticas de drogas y existen países como Guatemala que tal vez buscarán incidir en instancias propias de los países centroamericanos. No es muy claro aún el recibo de esa invitación a nivel suramericano.
– ¿Y en el ámbito bilateral?
– Existe una asociación muy marcada de drogas como seguridad militarizada que es de muy buen recibo en países como Venezuela, Ecuador y Brasil. Hacia ese mismo enfoque se redirecciona la política de Perú. En la gobernabilidad de estos países la autonomía militar es notoria y en términos prácticos prima una seguridad militarizada de las fronteras en nombre del combate al narcotráfico (como amenaza externa) sin que medie un compromiso político de sus mandatarios para desarrollar una reflexión sobre la política de drogas y en ese contexto establecer los alcances del comportamiento a nivel bilateral. Frente a esto prima la cesión de prerrogativas a las estructuras de seguridad, tanto en esos escenarios como en contextos urbanos como en el caso de Brasil, territorios en cuya configuración se desenvuelven dinámicas de ilegalidad y que involucra a muy diversos intereses y sectores incluidos partidos políticos. Allí no se nota un ambiente favorable a la invitación del presidente Santos y va a ser difícil observar cambios de actitud en esos niveles. Una reflexión a fondo sobre la actual política implica no sólo mirar su lógica interna, sino también el complejo entramado de usos colaterales que han beneficiado a diversos grupos de interés.
– ¿Qué pasa en Colombia?
– Se tipifica una situación esquizofrénica. Mientras el presidente Santos relativiza la sostenibilidad de las políticas prohibicionistas, internamente, iniciativas como la Reforma de la Ley 30 de 1986 o Estatuto de Estupefacientes, la definición de una estructura institucional sobre drogas seria y creíble, el tipo de diagnósticos y políticas públicas de seguridad sobre el poder mafioso regional, dan cuenta de una gran debilidad e impotencia del Estado central. Pareciera que aquí las cosas cambian para seguir exactamente igual.
-¿Hay un debate en la sociedad civil sobre el tema?
– Una de las características del caso colombiano en estos temas es la negación de la participación de la sociedad civil. Y esto incide negativamente porque es una sociedad civil con mucha falta de información sobre el tema, lo cual hace que en su opinión prevalezcan discursos que se retroalimentan desde el fundamentalismo religioso o desde la ignorancia de la evidencia científica. Desde este contexto, se oyen voces como la del Procurador General que invita a que se desarrollen referendos sobre el tratamiento de estos temas sin que medien dinámicas fuertes de promoción de buena información y procesos pedagógicos que ayuden a generar un marco informado en el debate. Normalmente el poder político colombiano es enemigo de la participación informada de la sociedad civil. Lo que se observan son algunas opiniones en medios de comunicación pero se requieren convocatorias a segmentos amplios de la sociedad civil que permita generar una masa crítica que es fundamental para la legitimación de las políticas: ONG involucradas en procesos de prevención y tratamiento, asociaciones de usuarios, universidades y centros de investigación, poderes políticos locales y regionales, etc.
-¿Que balance se puede hacer de la guerra contra las drogas en Colombia?
– Ha sido un fracaso, entre otras, porque el Plan Colombia no se propuso en rigor la guerra contra las drogas sino resolver el problema de cómo contener y revertir el poder de los grupos insurgentes en gran parte del territorio colombiano. Para ello era importante golpear su principal fuente de financiación que eran las drogas. Hoy en día el balance en la guerra contrainsurgente (disminución de secuestros, ataques a poblaciones, disminución de la capacidad ofensiva de la guerrilla) es una realidad. Pero el poder del narcotráfico continúa con una regulación mucho más eficaz del uso de la violencia y de otro, con un incremento en la capacidad de mimetización y legalización gracias a un tratamiento benévolo del Estado en el contexto de la ley de justicia y paz.
-¿Hay alguna experiencia positiva en Colombia o en algún país de la región que pueda ser de referencia en la discusión?
– Colombia exporta hoy a diferentes países de la región su estrategia de seguridad y es allí donde puede mostrar resultados interesantes. Pero como nadie puede dar de lo que no tiene, Colombia tiene muy poco que ofrecer de su estrategia antidrogas, aunque tal vez sí lo puede hacer en relación con lecciones aprendidas sobre lo que no se debería hacer.
– ¿Por ejemplo?
– Haber permitido que el narcotráfico fuese parte de la gran financiación de la estrategia contrainsurgente con participación de entes privados y en alianza con organismo de seguridad del estado favoreció un empoderamiento mafioso, hasta el punto que partes del Estado sobre todo en los niveles locales y regionales, han sido cooptados y readecuados para sus fines de acumulación de rentas y de ejercicio del chantaje. Este complejo problema es el principal obstáculo hoy a la construcción de democracia en Colombia. No obstante, institucionalmente se cree que el problema son las cabezas de las llamadas bandas criminales. Y ni siquiera se ha identificado la compleja evolución reciente de la economía ilegal de las drogas y la ampliación de las fuentes de enriquecimiento con nuevas actividades ilegales, por parte de los grupos de empresariales de violencia y criminalidad. Estos núcleos inciden en la política colombiana como se ve reflejado en las últimas elecciones locales y regionales.
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