El Defensor Público de la provincia, Gabriel Ganón, presentó un recurso de hábeas corpus en favor de las alrededor de 60 internas distribuidas entre la Alcaidía de Mujeres y la Unidad Nº 5. El defensor, que todavía no ejerce plenas funciones sobre el cargo enmarcado en el Nuevo Código Procesal Penal, solicitó en un extenso documento que investiga la jueza de Instrucción 10º, Irma Bilotta, que «cese el agravamiento de las condiciones de detención de las personas alojadas». En ese sentido, tras una recorrida por ambos penales, enumeró las condiciones edilicias «paupérrimas» de las unidades de detención, que incluye «falta de salidas de emergencia»; y dejó de manifiesto las «falencias» en higiene, la salud, trato, asistencia jurídica, lactancia para bebés de madres detenidas, y alimentación. «Es una situación muy grave, porque existe un riesgo cierto de que haya una catástrofe. El único derecho por el que deben ser privadas estas mujeres es el de la libertad, los demás deben garantizarse», reclamó el funcionario.

Ganón llegó a las dependencias en el marco de una serie de recorridas en varios lugares de detención, con la idea de presentar a fin de año un estudio cualitatitivo y estadístico acerca de la vulneración de derechos y la situación de los internos. La instancia forma parte del Plan de Trabajo del Servicio Público Provincial de Defensa Penal. «Aunque varios sectores sostienen que nosotros no podemos funcionar (durante la transición en la que entra en vigencia el Nuevo Código Procesal Penal) éstas son parte de las obligaciones por las que hemos jurado. Lo hacemos para justificar nuestro trabajo: si no estamos en funciones, nos estaríamos enriqueciendo ilícitamente», apuntó.

En la presentación, el funcionario relató las situaciones observadas. «Los principales problemas detectados se vinculan con las deficiencias estructurales que generan violencia y violaciones permanentes a los estándares constitucionales de derechos humanos para mujeres privadas de libertad y con la violencia que se genera entre quienes habitan el espacio de la prisión a raíz de la deficiente gestión del Servicio Penitenciario».

En el caso de la Unidad Penal Nº 5, ubicada en Pasaje Thedy al 300 bis, «el edificio es de difícil acceso y evacuación. En caso de una emergencia o incendio la evacuación inmediata sería prácticamente imposible. No tiene matafuegos ni red de agua para incendios». En ese sentido, Ganón consideró que el edificio se convierte en una «eventual trampa mortal».

El régimen de visitas, en tanto, «es restrictivo». «Muchos de los familiares entran muy tarde, como consecuencia de las larga filas que se forman fuera de la Unidad. Tampoco hay lugar para visitas íntimas, ni cupo para que todas las detenidas puedan ir al colegio».

En la Alcaidía de Mujeres, donde el número de internas es menor que en la Unidad 5, el edificio ubicado en La Paz 450 –al lado de la comisaría 4º– «no cuenta con servicio médico estable, no hay plazas de trabajo ni acceso a la educación».

Título aparte se llevó la cuestión sanitaria de ambos lugares de detención. «El acceso a la salud se ve cada vez más restringido: la cantidad de médicos no es proporcional a la cantidad de personas alojadas y tampoco respetan el horario de atención». Además, el funcionario señaló la presencia de roedores y cucarachas en varios sectores; y reclamó un urgente plan de desinfección, ante un posible brote de hantavirus. «Es imposible mantener limpio el sector de letrinas, dada la textura de la pared y el piso, que impiden su limpieza adecuada», reza la nota, que agrega: «El olor que hay en los pabellones es insoportable».

Cuando Ganón hizo los recorridos, «había dos personas alojadas en celdas de aislamiento que fueron entrevistadas en privado». Según expresa la presentación, «ninguna de las dos estaba formalmente castigada, sino que habían sido apartadas del resto de la población por problemas de convivencia». El funcionario entiende que «la celda de aislamiento es un lugar de tortura y trato cruel, que por sus características no permite que una persona pueda estar allí de manera digna: tiene un régimen de encierro inhumano y degradante que debe ser eliminado». En ese sentido reclamó a la Justicia la «clausura definitiva del pabellón de castigo».

La comida que reciben las internas es «de mala calidad»: una de las internas manifestó que es «incomible» y que «no la come porque le cae mal al estómago».

En cuanto a las internas madres que viven con sus bebes, la presentación indica que «tienen que comprar los alimentos» para ellos. Al presentar solicitudes de detención domiciliaria, las internas indicaron que les fueron «denegadas por el juzgado» a cargo de cada causa. En ese sentido, Ganón pidió que se reevalúen los pedidos; y dijo que «en algunos casos no son demasiado graves las causas por las que están privadas de la libertad».

Para el hábeas corpus, el funcionario citó los Principios y Buenas Prácticas para la Protección de Personas Privadas de Libertad en América Latina; las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del Delito; y la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación de la Mujer; entre otros tratados internacionales de rango constitucional.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/9-34111-2012-06-06.html