ROCA (AR).- «Si fuera un alumno de la facultad, no aprobaría». El juez del STJ Sergio Barotto recorrió ayer el Penal 2 de Roca y le puso un «desaprobado», apelando a sus años de experiencia como docente universitario. Aunque destacó aspectos positivos como el estado y funcionamiento de la cocina y la escolarización primaria y secundaria que reciben unos 50 internos, calificó como «gravísimas» otras falencias de la cárcel roquense.
La inspección fue en el marco de las visitas que el STJ hará a todas las unidades carcelarias de la provincia antes de reunirse con funcionarios del Ejecutivo provincial para darles «órdenes o recomendaciones» sobre cómo reconducir el Servicio Penitenciario para adecuarlo a la normativa básica sobre derechos humanos, tratamiento de reinserción social durante la ejecución de penas y condiciones adecuadas de detención. La reunión con parte del gabinete de Alberto Weretilneck está pautada para el 11 de octubre. Ese día, el STJ les presentarán un informe hecho en base a las inspecciones realizadas.
La impresión que se llevó ayer Barotto no fue buena. Destacó que se necesitará una inversión importante y rápida para salir de la precariedad límite y que la cárcel de Roca (que hoy alberga a 318 personas entre la unidad de calle Maipú y el ex-Maruchito) necesita «por lo menos 60 celadores más».
Barotto consideró «gravísimo» el problema de que presos condenados y procesados sigan compartiendo espacios en la unidad y valoró como «materialmente imposible» cumplir con la exigencia legal de separarlos, tanto por el diseño arquitectónico del penal como por el hecho de que prácticamente la mitad de los pabellones están clausurados por ser inhabitables.
Otro aspecto que le preocupó fue cómo la vieja rivalidad localista entre Roca y Cipolletti se refleja dentro de la unidad penitenciaria. «No es un chiste; si se los aloja juntos, eso se traduce en rivalidades que terminan con motines o con muertos», graficó.
Durante el recorrido el juez estuvo acompañado por el director del Penal 2, Emilio Martínez; un prosecretario del STJ, Jorge Lenchours, y Juan Manuel Iriarte, del Patronato de presos y liberados. A la hora de analizar las conclusiones se sumó el juez de Ejecución, Juan Pablo Chirinos.
