El cambio de paradigma planteado por el Ministerio de Desarrollo Social que reemplazó el criterio judicial de «menores peligrosos» por el de «jóvenes en crisis» no contempla espacios de tratamiento con internación en condiciones de seguridad para los menores investigados por delitos graves.
El Ministerio de Desarrollo Social cerró el Hogar Convivir, ubicado en el barrio Nahuel Hue de esta ciudad y trasladó a los dos menores alojados en esa dependencia a la Delegación de Promoción Familiar.
El proyecto contempla la creación de «casas de tránsito» en el edificio donde funciona el Centro de Atención Integral de Niños y Adolescentes, CAINA, que será reubicado en cuanto se concrete el alquiler de un inmueble adecuado para tal fin.
El ministro Jorge Vallaza, informó a «Río Negro» que un trabajo similar se está realizando en el instituto roquense El Maruchito, de Roca, y que en breve se instrumentará la misma política con el Hogar Pagano de Viedma.
El funcionario explicó que el cierre de edificio inaugurado a mediados de 2007 se decidió porque «era costoso sostenerlo, tenía problemas de comunicación y quedó rodeado por el barrio Nahuel Hue», lo que multiplicó los conflictos con grupos antagónicos de los jóvenes internados.
Paradógicamente ese edificio se construyó para reemplazar las instalaciones deficientes que funcionaban en el ex-hogar Gutiérrez. «El objetivo es que los chicos en conflicto con la ley estén en una casa que se parezca más a una casa que a un instituto», destacó el ministro.
En cuanto al tratamiento que se dará a los menores investigados por delitos graves o violentos, Vallasa sostuvo que «el destino definitivo lo termina definiendo el juez» y reiteró que «nosotros compartimos el criterio de Nación de que sean casas pequeñas con equipos de profesionales capacitados y no instituciones».
Consultado por este diario, el juez Martín Lozada advirtió que las decisiones se tomarán en base a la oferta que brinde el Ejecutivo. «Los jueces van a abordar cada caso y diseñar un diagnóstico en base a los insumos psicológicos, medioambientales y sociológicos suministrados por los profesionales de cada área y de acuerdo a la problemática del menor se va a interpelar al Ministerio de Desarrollo Social en relación a las opciones disponibles para alojar a ese menor», explicó.
Lozada enfatizó que «al juez le va a interesar saber si en el territorio de Río Negro se cuenta con un establecimiento capaz de albergar, contener y suministrar tratamiento específico a los menores que así lo requieran».
Señaló que esa estructura es central para evitar el problema de «extrañamiento» que se produce cuando se derivan jóvenes a la Casa del Sur, de la provincia de Buenos Aires, donde resulta imposible hacer el seguimiento judicial y menos aún el psicológico y emocional del menor encausado.
La delegada de Desarrollo Social en Bariloche, Mirta Elvira, aclaró que hay un cambio de paradigma en el que se busca fortalecer lo «no punible», dentro del cual se dejó a un lado el concepto de peligrosidad y se habla de «joven en situación de crisis».
«El concepto de peligrosidad no está dentro de nuestro lenguaje porque es un concepto jurídico», indicó la funcionaria, que aseguró que «estamos tratando de evitar las derivaciones a Buenos Aires».
Fuente: http://www.rionegro.com.ar/diario/cambian-las-reglas-para-el-tratamiento-de-menores-841803-9575-nota.aspx
