La medida, entre otras acciones, contempla la disposición de más de 29,5 millones de pesos para hacer frente a las necesidades más urgentes del sistema, como reparaciones en cárceles, mejoras edilicias y sanitarias, alimentación y salud de internos y personal penitenciario, así como elementos de seguridad.
En tal sentido, Alberto Weretilneck dijo que “adoptamos esta medida ante la grave situación de crisis institucional en que se encuentra el Servicio Penitenciario Provincial desde hace ya varios años, lo que conlleva a tomar decisiones que propendan a su reinstitucionalización”.
Destacó que “esta emergencia se genera para subsanar la situación heredada, producto de años de desinterés por parte del Estado rionegrino en la concreción de verdaderas y efectivas políticas en materia penitenciaria”.
El Gobernador remarcó en tal sentido que “a través de la emergencia se faculta además el otorgamiento al Ministerio de Gobierno de partidas presupuestarias extraordinarias por un total de 29.563.000 pesos para la creación del ‘Fondo de Sustentabilidad Penitenciaria’ destinado a la atención de situaciones excepcionales y de emergencia que pongan en peligro la integridad de las personas y la gobernabilidad del sistema penitenciario”.
Añadió que “como no había una previsión presupuestaria porque no se conocía el estado de desastre económico, de trabajo y edilicio del Servicio Penitenciario Provincial, hoy tenemos que sancionar este decreto para aportar una partida de casi 30 millones de pesos que servirá para remodelar y arreglar algunas cuestiones edilicias; capacitar al personal del SPP”.
Weretilneck subrayó que “esta medida es consecuencia de la crisis heredada y el desmanejo que hubo sobre el Servicio Penitenciario desde su misma creación, la desidia en el mantenimiento de los edificios, la falta de apoyo al personal. De esta manera, podremos disponer de fondos extraordinarios para poder llegar a fin de año con la puesta en funcionamiento de un Servicio Penitenciario acorde a las acciones que debe brindar”.
La emergencia está destinada a reestructurar el Servicio Penitenciario, creando, modificando o suprimiendo total o parcialmente funciones, a fin de dotarlas de eficiencia para atender sus misiones fundamentales. Asimismo, apunta a dotar y optimizar los recursos humanos y materiales necesarios para proveer al Servicio Penitenciario de los elementos suficientes para su correcta operatividad en los términos de la legislación vigente en la materia.
A partir de esta declaración, la autoridad de aplicación tendrá facultades para realizar la construcción, instalación, reciclaje, readecuación y, en general, toda modificación en los edificios e instalaciones penitenciarias que fueran necesarias; así como adquirir todo equipamiento necesario para las mismas.
Podrá además, concretar las medidas necesarias tendientes a garantizar infraestructura carcelaria adecuada, personal y materiales de trabajo indispensables, alimentación, cobertura de necesidades básicas, higiene y salud de los internos de los establecimientos carcelarios, así como cualquier otra medida inherente tendiente a resolver la situación de emergencia.
Asimismo, podrá celebrar convenios con el Estado Nacional, otras Provincias o cualquier otro organismo, que permita concretar las medidas que sean necesarias para garantizar las diversas instancias de capacitación continua, como asimismo toda aquella medida que atañe a la profesionalización del Servicio Penitenciario Provincial, ad referéndum del Poder Ejecutivo Provincial.
Al respecto, el ministro de Gobierno, Hugo Lastra, explicó que “cuando asumimos el 10 de diciembre nos encontramos con un Servicio Penitenciario que contaba con una legislación muy buena, pero que no estaba implementada de acuerdo a las necesidades del sistema”.
“El Servicio Penitenciario le tiene que dar la oportunidad al interno de reinsertarse en la sociedad una vez cumplida su condena. Sin embargo, nos hemos encontrado con cárceles nuevas mal construidas, ineficientes, incómodas para el trabajo y el detenido. Hallamos edificios en una situación de total destrucción, con riesgo para el personal y los detenidos, como es el caso de San Carlos de Bariloche”, sintetizó Lastra.
Explicó que “en total, en Río Negro hay actualmente 695 detenidos, de los cuales 212 son procesados, cuando en realidad les corresponde un tratamiento diferenciado porque deberían estar alojados solamente en las Alcaidías. Pero paralelamente, se cuenta con muy poco personal, con 478 agentes, de los cuales sólo 157 son agentes penitenciarios, lo que marca un importante desfasaje”.
“De esta manera, un tercio de esta asignación presupuestaria dispuesta estará destinada a capacitar e incorporar 200 agentes al Servicio Penitenciario Provincial, lo que además permitirá que los agentes de policía que hoy prestan servicios en las cárceles, vuelvan a cumplir el trabajo para el que fueron formados. Está claro que el Personal Policial no está capacitado a nivel general para el trabajo penitenciario”, remarcó.
“También debemos enfrentar otro problema administrativo, referido a la provisión de alimentos y artículos de higiene para las cárceles. En septiembre de 2011 se había realizado una licitación por el período de un año, pero en abril último se terminaron estos elementos, situación por la cual hubo que realizar una compra extraordinaria. Por este motivo, también se inició una investigación para determinar lo que sucedió. También hay problemas de seguridad del mismo personal que trabaja en las cárceles, porque no tienen los elementos necesarios. Precisamente, esta extensión de la partida presupuestaria nos permitirá hacer frente a estas erogaciones”, remarcó.
