VIEDMA (AV).- El 10 de diciembre será tratado –en sesión especial– el proyecto de ley de reforma del Código Procesal Penal de Río Negro. Lo anunció el vicegobernador Carlos Peralta al enmarcar la fecha en los 30 años de democracia en el país y por ser esta propuesta la más importante que está pendiente para lo que resta de este año legislativo.
El presidente de la Legislatura le puso fecha al tratamiento de la reforma al abrir una conferencia sobre el tema dirigida a jueces, legisladores, funcionarios judiciales y abogados.
La charla estuvo a cargo de Alberto Binder, asesor en los procesos de reforma de la Justicia penal en Argentina y países de América Latina y Centroamérica, entre otras actividades, y de Gonzalo Rúa, quien forma parte de ese equipo.
Peralta subrayó que hablar de Justicia en el común de la gente «significa tardanza, que son pocos los casos que son esclarecidos, que los victimarios tienen mayores ventajas que la víctima que se encuentra abandonada en un juicio, que los jueces funcionan según la presión de los medios».
Agregó que si bien la Justicia rionegrina es de avanzada «requiere mejorar y el objetivo de este proyecto enviado con acuerdo de ministros por el anterior gobierno, más una tarea realizada el año pasado junto con quien fuera la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, Ana Piccinini, con quien se relevaron las opiniones de los Colegios de Abogados de la provincia en relación con este proyecto».
Explicó que «también fueron incorporadas las asociaciones intermedias como los familiares del dolor. Además hemos recibido las propuestas que acercaron abogados, legisladores e instituciones intermedios».
Por su parte Binder sostuvo que la aprobación del nuevo Código Procesal Penal de Río Negro «será el primer instrumento que permitirá la transformación de la Justicia penal. Después hay que ponerlo en práctica».
Consultado sobre la inclusión del juicio por jurados destacó que si bien es muy importante no es lo único. «La reforma es fundamentalmente una reorganización de las funciones, que busca que los fiscales tengan la suficiente autonomía y una claridad para dedicarse a la investigación de los delitos y a partir de allí, junto con las discusiones que se están dando alrededor de las policías de investigaciones y de las capacidades reales, afrontar esta tarea de modernizar la investigación de los delitos».
Modernización necesaria
Consideró que la modernización «es algo absolutamente necesario, porque hoy se está investigando una criminalidad compleja, organizada, estructurada donde hay mucho dinero con métodos, en el mejor de los casos, del siglo XIX. Darle claridad a las funciones de investigación del ministerio público también define el proyecto», sostuvo.
Binder aclaró que si bien Río Negro lleva años con el juicio oral «en la práctica esa oralidad fue descuidada y el procedimiento se vuelve escrito, largo, formalista y que, en realidad, se podría prescindir de él. Este proyecto es poner a la oralidad en el centro de la escena que está vinculado a la trasparencia de la Justicia penal. El Código establece normas importantes, como que en caso de detención en 24 ó 48 horas esa persona debe estar delante del juez en una audiencia pública con el fiscal y defensor, lo que también genera controles indispensables».
