La polémica sobre las salidas transitorias y libertad condicional sumó un nuevo capítulo: en febrero el Instituto de Asistencia a Presos y Liberados fue desmembrado, y en la actualidad no sólo no cuenta con una oficina en la ciudad, sino que los reclusos tampoco son controlados y no tienen el apoyo que el Estado debería brindarles. Quien estaba a cargo del organismo, la licenciada Irene Corach, fue cesanteada por disposición del gobernador Alberto Weretilneck, cuando se efectuó un recorte de la cantidad de designaciones políticas.
Son 17 los reclusos que están en libertad bajo diferentes regímenes. Fuentes judiciales informaron que se trata de presos que fueron condenados por robos simples, calificados y homicidios en su mayoría y que hoy están en la calle sin ningún control por parte del Estado rionegrino.
Gran revuelo causó en la ciudadanía cuando Ramón Geldres, interno del Establecimiento de Ejecución Penal 5, en una de sus salidas transitorias asesinó de una puñalada a Claudio Araya, en marzo de 2013. Luego del crimen se entregó un petitorio a la Policía y a la Justicia pediendo expresamente que se estudiara cada caso minuciosamente antes de dejar en libertad a presos de alta peligrosidad. La polémica fue tal que hasta pidieron la renuncia del juez de Ejecución Penal, Juan Pablo Chirinos.
Es por eso que los funcionarios judiciales ante tal situación solicitaron a las autoridades provinciales que dieran una pronta solución. Se envió una nota y también un oficio poniendo en conocimiento al ministro de Seguridad y Justicia, Oscar Albrieu, organismo del cual depende el Instituto de Asistencia a Presos y Liberados. Pese a la insistencia de los funcionarios locales, el IAPL en la actualidad no cuenta con personal, no hay un directivo a cargo y ni siquiera tiene un espacio físico donde los internos que están en libertad condicional puedan acercarse para firmar y dar a conocer su paradero, como suele disponer la Cámara Criminal que los condena.
El organismo funcionó en el edificio de Tribunales, ubicado en España y Urquiza, hasta que su directora, Fabiana Sandoval, fue designada como interventora de la penitenciaría cipoleña en mayo de 2013 y la oficina se mudó al ingreso de la administración de la cárcel. Ante las innumerables quejas de familiares y de internos que tenían que trasladarse hasta allí, en el barrio El 30, es que dejó de funcionar y se empezó a buscar un edificio propio que en la actualidad no fue hallado. Una de las propuestas era atender en los Centros Comunitarios de los barrios, pero la idea no prosperó.
Fuentes judiciales informaron que desde diciembre del año pasado ya no está en funcionamiento, pero extraoficialmente se supo que habría sido meses antes, cuando Sandoval fue destituida de su cargo y dejó de estar al mando del penal, en septiembre.
Ausencia estatal
Esta situación tiene un doble impacto. En principio, porque no garantiza a los ciudadanos que se respeten los parámetros de seguridad respecto del cumplimiento de las pautas impuestas al conceder el beneficio a un preso. Geldres, por caso, «trabajaba» en un lugar que no existía. Y, tras el violento crimen de Claudio Araya fueron numerosos los delitos perpetrados por reos con permisos para salir de prisión. Ayer, se registró un nuevo caso (ver aparte).
Por otro lado, los internos que buscan resocializarse y sus familiares, también tienen inconvenientes ya que desapareció la asistencia por parte del Estado. Sus reclamos y pedidos son enviados a la sede de Viedma, que desde febrero también está acéfala.
Tampoco se pueden hacer consultas telefónicas ya que nadie responde ante llamados que se hacen desde la Justicia y del Servicio Penitenciario. Por ello, desde la Cuarta Circunscripción ya se elevó formalmente un pedido para que la situación se normalice a la brevedad y se espera que en pocas semanas el ministro Albrieu pueda resolver el conflicto.
Duras críticas recibe la Justicia y la Policía cuando un interno que se encuentra con libertad condicional o salidas transitorias comete un ilícito, pero lo cierto es que frente a esta situación el Estado no brinda actualmente el servicio y la asistencia adecuada para que las personas en conflicto con la ley puedan reinsertarse socialmente y dejen de delinquir.
http://www.lmcipolletti.com.ar/noticias/2014/3/2/el-iapl-no-funciona-y-a-los-presos-con-salidas-transitorias-nadie-los-controla_67473
