NEUQUÉN (AN).- El Tribunal Superior de Justicia expresó que su «decisión política» es poner en marcha el nuevo Código Procesal Penal en enero del 2014, como marca la ley. Por eso requirió a los poderes Ejecutivo y Legislativo que «redoblen el esfuerzo» a fin de cumplir los plazos.
En la Legislatura están los proyectos de leyes complementarias imprescindibles para poner en marcha el Código. En cuanto al Ejecutivo, debe autorizar a la Policía a firmar convenios con el Tribunal y además garantizar los recursos presupuestarios que demandará la reforma.
Hay una cuestión adicional: para implementar el nuevo Código hay que designar a decenas de jueces, fiscales y defensores, y existe una imposibilidad práctica de que el Consejo de la Magistratura lo haga antes de fin de año.
La decisión política del Tribunal Superior se dejó plasmada en la reunión de acuerdo de la semana pasada, según se hizo público ayer.
Los vocales señalaron que se encuentran «seriamente comprometidos» en cumplir los plazos, para lo cual continúan «trabajando intensamente».
El nuevo Código Procesal, que introduce el sistema acusatorio puro, los jueces de garantías y el juicio por jurados, entre otras novedades, fue aprobado por la Legislatura en el 2011.
Se trata de una ley que impone dos años desde su publicación para entrar en vigencia. Ese plazo se cumple el 13 de enero del año próximo.
El Tribunal enumeró que «resulta necesario avanzar en la aprobación de las leyes oportunamente remitidas a la Legislatura, en la suscripción de los convenios con la Policía provincial y proveer las partidas presupuestarias necesarias para la cobertura de las necesidades que implica la nueva estructura de trabajo».
Al respecto, se aclaró que las necesidades económicas «se verán reflejada en el proyecto de presupuesto que se encuentra en elaboración».
«Consciente de la importancia de la instrumentación de esta herramienta y convencidos de que si los tres poderes del Estado trabajan al unísono, es posible dar cumplimiento a la implementación de la reforma en el plazo legal, consideramos necesario poner en conocimiento de los restantes poderes el presente pronunciamiento, con la finalidad de comprometer a los mismos a extremar los esfuerzos para el logro del objetivo», añadieron en el texto del acuerdo.
En la parte resolutiva, les pidieron a los poderes Ejecutivo y Legislativo que «redoblen el esfuerzo a fin de proveer los aspectos que compete a cada una de las esferas de su incumbencia».
