Parecería que buena parte del país está totalmente convencida de que los trece individuos acusados de secuestrar para entonces prostituir a la joven Marita Verón en abril del 2002 sí son culpables y por lo tanto merecen ser sentenciados a muchos años de prisión, de ahí la indignación que tantos manifestaron cuando, para sorpresa de casi todos, los tres jueces de la Sala II de la Cámara Penal de Tucumán decidieron absolverlos porque, dijo uno, «las versiones al respecto son sólo tales». ¿Se trata de otro caso de negación de justicia, como afirman los decepcionados por el veredicto, o de un ejemplo de entereza por parte de magistrados que han sido capaces de desafiar a la opinión claramente mayoritaria por entender que las pruebas en contra de los acusados no son suficientes para justificar una condena? Puede que una investigación más exhaustiva de este caso tan impactante permita llegar a una conclusión definitiva, pero mientras tanto convendría recordar que, tanto en nuestro país como en otros, muchos individuos, luego de haber pasado décadas en la cárcel o haber sido ejecutados con la plena aprobación de los horrorizados por los crímenes que supuestamente cometieron, resultaron ser inocentes.

Por motivos evidentes, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha aprovechado la oportunidad que le han dado los jueces tucumanos para pedir «la democratización del Poder Judicial», por lo que, según parece, quiere decir que, a su entender, las sentencias deberían ajustarse más al sentir popular. Sin embargo, desde hace miles de años la idea de que es mejor que haya sistemas legales codificados de lo que sería dejar todo en manos del «pueblo» o de las víctimas de un delito está en la base de la convivencia civilizada. Siempre habrá abusos, sobre todo en una sociedad tan corrupta y tan enfermizamente politizada como la nuestra, pero la alternativa a un Poder Judicial cuyas sentencias a veces parecen escandalosas no es uno más «democrático» porque se adapte al consenso coyuntural sino la institucionalización de la ley de Lynch. Bien que mal, las aberraciones judiciales más terribles de la historia del género humano no han sido las perpetradas por jueces que, por las razones que fueran, se han resistido a actuar como quisiera la mayoría sino, por el contrario, las resultantes de quienes han subordinado todo a la presunta voluntad popular.

Para que se aclararan los casos de Marita Verón y otras mujeres jóvenes que un día desaparecieron sin dejar rastro pero que, muchos creen, terminaron en prostíbulos manejados, con la connivencia de ciertos policías, por sujetos vinculados con el crimen organizado y la franja más turbia del mundillo político, sería necesario emprender una investigación que, de prosperar, a buen seguro afectaría a muchos intereses creados. ¿Está dispuesta a impulsar una en tal sentido la presidenta Cristina, a sabiendas de que podría perjudicar a sectores significantes del ubicuo movimiento peronista? La conmoción causada por la muerte, en 1990, de la joven catamarqueña María Soledad Morales puso fin a la larga hegemonía de la familia Saadi y los hay que esperan que las fuertes dudas provocadas por la absolución de los acusados de secuestrar a Marita Verón sirvan para desalojar de la provincia de Tucumán a la familia Alperovich. Por supuesto, no se trata de la única dinastía familiar que, merced a lo que algunos calificarían de «la democratización» de la política, se las ha arreglado para hacer de una provincia un feudo propio, ya que el mismo fenómeno se ha repetido una y otra vez a lo ancho y a lo largo del país, desde Jujuy hasta Santa Cruz, con consecuencias nefastas para la sociedad, ya que los clanes así supuestos suelen ubicar a integrantes no sólo en los gobiernos provinciales sino también en el Congreso nacional, la Justicia y el mundo de los negocios, conformando así una red espesa de intereses compartidos. A menos que el electorado deje de apoyar a los consustanciados con este orden intrínsecamente perverso, no habrá forma de cambiarlo, de suerte que es de prever que sigan produciéndose casos en que, con razón o sin ella, muchos dan por descontado que las decisiones de los magistrados se deben más a sus lealtades políticas o su complicidad con delincuentes que a su eventual voluntad de subordinar todo a la ley.

fuente http://www.rionegro.com.ar/diario/jueces-en-el-banquillo-1027997-9521-editorial.aspx