RICHARD TRINCHERI (*)
En declaraciones publicadas en este diario el 7 de abril, el jefe de Policía de la provincia del Neuquén, planteando la necesidad de hacer un profundo cambio en el análisis del sistema legal, entre otras expresiones, dijo: «todos tienen un arma a mano», «estamos medio preocupados porque están entrando hormiguitas por la ventana y no vemos el elefante que está caminando por el living», «no son tantos los delincuentes, el tema es que reinciden y andan como pancho por su casa», «no sé si la cárcel es la solución, en todo caso en la cárcel se tendrán que ampliar los programas de reinserción social, pero tampoco el análisis contrario de que la cárcel no sirve y no soluciona porque pone en jaque a todos los que trabajamos honestamente». Luego hizo mención a «los loquitos pasados de rosca » vinculando ello con el caso del taxista San Miguel.
Posteriormente, el día 9/4/2013, el Fiscal, ante el Tribunal Superior de Justicia, en apoyo, expresó que «Laserna no es un descolgado con sus declaraciones, de hecho comparto su visión… los que deciden son los jueces y un imputado tiene que demostrar lo mínimo para recuperar la libertad… esto pasa porque tenemos jueces cuasi abolicionistas.».
Llama la atención lo recortado del análisis de ambas autoridades. Echan mano a un discurso de «mano de dura» que intenta hacer creer que las causas de la inseguridad se encuentran solamente en los individuos que delinquen y que la receta mágica es la cárcel (vieja receta de fracaso conocido).
Con sólo mirar los años 1998 y el actual se podrá corroborar que el número total de encarcelados en el país hace quince años era similar a los guarismos que hoy registra la provincia de Buenos Aires en soledad. Quiere decir que si se duplica la población penal sin que se produzca una sensación de mayor seguridad, debe ser porque el duplicar los presos no consigue el efecto buscado.
Nunca la ley actúa sobre las causas de los delitos sino sobre los efectos. Entonces, la solución al aumento de la inseguridad no se encuentra en el código procesal ni en el código penal y no hay que engañar a la gente.
Se ha dicho que la seguridad ciudadana es un tema complejo, pero identificar el problema con lo referente a la agresión delictiva, proveniente de sectores por lo general excluidos del sistema, cuando sólo el tránsito automotor provoca más muertes anuales que toda la delincuencia homicida y que varias enfermedades graves en su conjunto, es simplificar la cuestión.
Las opiniones distintas siempre contribuyen a enriquecer la búsqueda de soluciones. Pero no sirven en absoluto las descalificaciones. Más allá de que se piense que es «lo que la gente quiere escuchar». Populismo punitivo puro.
En el caso del jefe de Policía, algunas expresiones pueden ser tomadas como provocadoras y de nulo nivel de autocrítica, porque, por ejemplo, los involucrados en el crimen de San Miguel podrían contestarle que en la propia fuerza policial también existen «los loquitos pasados de rosca», porque el crimen del precitado taxista es tan grave como el del maestro Fuentealba (y sólo para hacer referencia a un uniformado condenado). Y las descalificaciones a los jueces de parte del jefe de los fiscales, como señalé, no quitan ni ponen a la cuestión de la seguridad. Y aparecen a contramano de la política de cohesión que impulsa el Tribunal Superior de Justicia entre todos los sectores del Poder Judicial en la implementación del nuevo Código Procesal Penal.
Hay infinidad de ocasiones para debatir internamente los criterios técnicos entre jueces y fiscales. De otro lado, todos los fiscales cuentan con las herramientas legales para llegar hasta la última instancia judicial de la provincia para revertir los fallos de los jueces «cuasi abolicionistas».
(*) Juez de la Cámara en lo Criminal de Apelaciones
