ROCA (AR).- Integrantes de la Asociación Pensamiento Penal elaboraron un duro informe sobre el Penal 2 de Roca y lo entregaron ayer a las autoridades penitenciarias. Hugo Cañón, ex fiscal general federal de Bahía Blanca y codirector de la Comisión por la Memoria de Buenos Aires, acompañó a la referente del Observatorio de Derechos Humanos, Ana Calafat, y a la titular de la Oficina de Atención al Detenido y Condenado, Beatriz Silva, en la presentación del informe, elaborado a raíz de la inspección realizada por el abogado de la APP Nicolás García.

Como primera irregularidad el documento destaca que «en los pabellones conviven procesados y condenados, sin distinciones» y que hay 300 internos pese a que «una parte del establecimiento está cerrada por problemas edilicios». También destacan la falta de espacios separados para personas con causas por delitos sexuales, «lo que ocasiona problemas de convivencia». Según el informe, el personal penitenciario «adujo ser insuficiente», remarcando que «el desempeño laboral en esas condiciones trae aparejados innumerables inconvenientes».

Viejos reclamos de «iluminación y ventilación insuficiente» se suman a la mala alimentación. Los internos «refieren haber visto que ingresa pollo y carne vacuna, pero que ellos sólo reciben los huesos mezclados con arroz o fideos».

Asiduos cortes de agua agregan precariedad a la situación y los detenidos advierten «picazón en sus cuerpos luego de bañarse». El informe destaca la irregular provisión de elementos de aseo. «Se les entrega detergente, lavandina y fluido Manchester una vez al mes», precisa el documento, en el que se refleja que «los colchones son extremadamente finos y no son ignífugos» y que «no existen tratamientos para las adicciones» que padece buena parte de la población carcelaria, que reclama programas de actividad física, ampliación de horarios de visita y requisas menos invasivas a familiares. Sobre la escolarización primaria obligatoria, señalaron que hay problemas por «la escasez de docentes y las dificultades para que el personal penitenciario conduzca a los internos al aula».

Los detenidos también cuestionaron la falta de planes de trabajo remunerado y el «virtual abandono de los defensores oficiales y funcionarios judiciales». Con algunas excepciones, indicaron que «sólo aparecen cuando matan a alguien».