El temor de las poblaciones a la delincuencia y a las distintas formas de violencia está erosionando lenta pero sostenidamente las democracias latinoamericanas. Para esto se suma una creciente percepción de la población –fundada o no– de que aumentan los delitos y de que el Estado proporciona pocas e inadecuadas respuestas, con el consiguiente descrédito de las instituciones, la búsqueda de soluciones «privadas» al temor y el desgaste de la gobernabilidad. Ante el problema, la actitud de los gobiernos no ha sido la mejor: la mayoría aborda el tema con datos parciales, un enfoque superficial y medidas de corto plazo, como la militarización de las calles o el endurecimiento de las penas, que no suelen solucionar el problema de fondo.
Ésa es la principal conclusión a la que llega la encuesta más reciente de Latinobarómetro, organización que realiza sondeos sobre temas comunes a todos los países del continente generalmente relacionados con la situación social y la calidad de la democracia.
Como expresa su directora, la encuestadora chilena Marta Lagos, la seguridad ciudadana ocupa hoy, con un 32% de promedio, el primer lugar como preocupación de los latinoamericanos, desplazando por ejemplo al desempleo (la principal fuente de angustia para los latinoamericanos en la década 2000-2010), la salud, la vivienda y la educación. Según el estudio, la enorme mayoría de los latinoamericanos percibe que vivir en su país es cada vez más inseguro, pero al mismo tiempo señalan que sus barrios sí tienen seguridad. «Éste es un fracaso de la democracia, el haber conseguido que 600 millones de habitantes lleguen a un consenso respecto de que la delincuencia aumentó, independientemente de que uno pueda comprobar que en mi país no es así. A veces la percepción no tiene relación con la realidad», afirmó Lagos en la presentación de la encuesta.
Entre las principales conclusiones del extenso trabajo de Latinobarómetro, se determina que el fuerte crecimiento y la mejora en las condiciones económicas en la mayoría de los países del continente en la última década, si bien permitieron reducir drásticamente los niveles de pobreza, no han logrado hacer mella en dos condiciones que están en la raíz del problema de la inseguridad regional: la fuerte desigualdad y las altas tasas de violencia.
Sobre la base de datos de la ONU, en el documento se destaca que entre 1990 y el 2008 la pobreza disminuyó del 48,3 al 33,2% en la región, mientras que los índices de igualdad se mantienen elevados, dado que cinco de los diez países más desiguales del planeta siguen estando en Latinoamérica, superando a Europa, Asia e incluso África. Al mismo tiempo, pese a tener el 9% de la población mundial, en la región se comete el 27% de los homicidios del mundo, es decir, tres veces más homicidios proporcionalmente que en otras regiones. 20 de los países con mayores tasas de homicidios globales se encuentran en Latinoamérica, con Honduras, El Salvador, Jamaica y Venezuela entre los primeros cinco. Las encuestas revelan varios aspectos preocupantes.
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• Se cristaliza una sensación de temor y preocupación pública sobre el delito. La región ha sido «capturada» por un «clima de opinión» donde el crimen,la delincuencia se ha tomado la agenda informativa y domina las comunicaciones sociales. La sensación de incremento del delito se da tanto en países con elevados niveles de homicidios, entre ellos Venezuela y México, como en aquellos en los que las tasas son bajas y cercanas a las de países desarrollados, como Argentina y Uruguay. Sin embargo, como los comportamientos se basan en la percepción, ésta tiene efectos reales, se explica.
• ¿Combatir qué delito? Muchas veces los indicadores sobre el delito obvian aspectos como la violencia privada (intrafamiliar, en el barrio), la violencia económica, la corrupción y los delitos no violentos pero reiterados, que influyen en la percepción de inseguridad. «Hay una desproporción en el tratamiento del delito contra la propiedad y los ocurridos en espacios públicos, subestimando las consecuencias de la violencia privada», expresa el documento.
• El rol de los medios. La profusión de información sobre delitos violentos y espectaculares afecta la percepción de inseguridad, dice el informe. Pero agrega que esto «es la consecuencia y no la causa» de otro fenómeno: la «falta de liderazgo» de dirigentes políticos en la conducción de los climas de opinión sobre este tema. «Los distintos grados de violencia no son objeto de problematización por los dirigentes políticos y sociales» para incorporarlos de forma adecuada en la agenda pública, se señala.
• Subvaloración del narcotráfico y el crimen organizado. En América Latina hay incongruencia entre el nivel del narcotráfico y el lugar que ocupa en la agenda pública. En Perú, por ejemplo, sólo un 3% consideró que el delito más frecuente es el narcotráfico, cuando es uno de los principales productores de drogas del mundo.
• Desconfianza. La gran mayoría cree que el Estado debe garantizar la seguridad pero al mismo tiempo crece la desconfianza en la Justicia y en la policía (sólo un 16% de los latinoamericanos denuncia los delitos sufridosy solo un 33% confía en la policía). Apenas un 5% en promedio cree que las políticas estatales han sido beneficiosas en el tema seguridad, contrastando con la evaluación de la de salud (37%), vivienda (14%) y educación(32%).
• Naturalización de la violencia. La violencia es avalada como una forma de resolver conflictos, especialmente en las clases más desfavorecidas, ante «la debilidad del Estado para intervenir en la resolución de conflictos, que no logra imponer la ley igual para todos y garantizar derechos», se explica en el informe.
• Los efectos sociales y políticos del temor. Produce «el abandono de espacios públicos, aumenta la desconfianza en las instituciones, el encierro en la vida privada e incluso inequidad y exclusión», se advierte. Paradójicamente, el pedido de más seguridad no fortalece a los gobiernos. «A mayor temor, mayores serán las demandas de seguridad; como consecuencia, los gobiernos suelen responder con mayor control, reflejado en la promesa de más policías y más cárceles, lo cual no sólo no resuelve el problema sino que implica mayores costos económicos y, cuando la promesa no se cumple, erosiona la legitimidad y la confianza en las instituciones públicas», concluye el informe.
