NEUQUÉN (AN).- «Vamos a cumplir con la voluntad del legislador, se va a comenzar a aplicar la reforma penal a partir del año que viene», afirmó el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Darío Moya, quien indicó que la acordada que sacó el cuerpo en relación con ese cambio en la justicia penal «tenía ese sentido, respetar la decisión de los legisladores».
Adujo que tanto los diputados como el Ejecutivo prometieron acompañamiento para que se aplique la reforma, es decir sancionar las leyes complementarias, en tanto que el TSJ lleva adelante un plan de capacitación para sus recursos humanos.
Dijo que «hoy por hoy podemos arrancar así» cuando se le preguntó si se requerían más fiscales a partir de que uno de los proyectos de ley orgánica que fueron presentados en la Legislatura determina la necesidad de, al menos, cinco nuevos cargos. «Lo tenemos que ver caminar, seguramente va a haber algún tropiezo y otro, y habrá modificaciones», advirtió Moya. Argumentó que todos los cambios han sido así «como ocurre con la familia».
A partir del año que viene los jueces de primera instancia formarán un colegio de jueces y los de cámara un colegio de impugnación. La investigación la llevarán adelante los fiscales y los jueces deberán juzgar en función de los casos que se le asignen desde la oficina judicial. Las leyes complementarias que están en estudio de la Legislatura son las leyes orgánicas del poder judicial, del ministerio público fiscal y de la defensa. En estos temas hay proyectos del TSJ, de los fiscales, del colegio de abogados y de la Asociación de Magistrados. La de mediación penal ya tiene despacho en las comisiones.
Jueces jubilados
La comisión de Asuntos Constitucionales no tomó una decisión respecto al proyecto para nombrar jueces jubilados como interinos y lo derivó a una reunión de asesores de bloque que se realizará el lunes de la semana que viene. «Es un remedio frente a determinadas cuestiones coyunturales», argumentó Moya y negó que se pretenda traer a todos los jueces jubilados a trabajar en las causas que se tramitan en la justicia.
Fundamentó que un juez jubilado tiene distinta especialización y dedicación «que un abogado de matricula» que se lo elige para ser conjuez en alguna dependencia. Dijo que la subrogación es limitada en el tiempo y que es el Consejo de la Magistratura el que tendría a su cargo la lista de voluntarios y la selección de los subrogantes.
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