ROCA (AR).- A pesar de que el Estado rionegrino pagó hace cinco meses a una empresa constructora más de 1,8 millones de pesos para la remodelación de los pabellones del Establecimiento Penal 2 de Roca, hasta el momento sólo se concretaron refacciones menores y por un valor muy inferior.

El problema es que la firma exige que cada una de esas áreas sea desalojada, una situación que resulta imposible de resolver ya que tanto la cárcel de Roca como las del resto de la provincia se encuentran superpobladas.

Anoche, en tanto, trascendió que el juez de Ejecución Penal 2, Juan Pablo Chirinos, emitirá una resolución teniendo en cuenta que se superaron los 45 días de plazo que se habían fijado para la finalización de las obras, y no se descartaba algún tipo de sanción económica para los funcionarios que no dieron las respuestas en tiempo y forma al requerimiento judicial.

Fue el propio juez Chirinos quien ayer explicó que durante 2012 se realizaron tres audiencias con funcionarios del Servicio Penitenciario Provincial y de la Secretaría de Seguridad y Justicia para analizar la forma en la cual se realizarían las mejoras edilicias en la ex alcaidía.

Aclaró que en marzo la provincia contrató a la empresa Mocciola y le abonó un adelanto del 20 por ciento del total del monto que demandaban las refacciones, por lo que se depositó cerca de 1,8 millones. Pero la constructora le exigió a las autoridades penitenciarias el desalojo de al menos uno de los pabellones donde se iniciarían las obras y de esa manera reacondicionar cada sector que fue destruido en los últimos motines. Sin embargo el problema de la superpoblación carcelaria terminó generando un aumento todavía mayor de reclusos (ya superan los 320) por lo que resultó imposible responder a esa demanda.

Es por eso que se aceleró la reparación del ala sur (los viejos pabellones de la ex alcaidía), un emprendimiento que están llevando adelante los propios reclusos. Esos trabajos recién podrían estar finalizados en dos semanas como mínimo.

Lo concreto es que en este tiempo la empresa sólo pudo efectuar trabajos menores si se los compara con las obras importantes que se debían llevar adelante.

Ayer se cumplió el plazo de 45 días que Chirinos había fijado para la finalización del emprendimiento. A partir de eso, en las próximas horas saldría una resolución fijando sanciones a los propios funcionarios de las distintas áreas que no cumplieron con las exigencias que desde el año pasado había fijado el juez Chirinos.

 

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