JUNÍN DE LOS ANDES (ASM).- La familia Aigo presentó un pedido de jury contra el juez Joaquín Cosentino, quien se ocupó de la instrucción de la causa por el crimen del policía José Aigo hasta que la Cámara de Apelaciones hizo lugar al pedido de apartamiento que la querella había presentado por supuesto mal desempeño.
El planteo apunta a presunto mal desempeño, desinterés, falencias y actitudes deliberadas para favorecer a uno de los ya imputados, que a juicio de la presentación constituyen un claro caso de «encubrimiento procesal».
El crimen ocurrió el 7 de marzo sobre la Ruta 23 y permanecen prófugos los ciudadanos chilenos Jorge Antonio Salazar Oporto y Alexis Cortés Torres, en tanto que Marcos Fernández, propietario y conductor de la camioneta detenida en un control rutinario de tránsito, fue procesado por falso testimonio, encubrimiento agravado y como presunto partícipe de los hechos, a pedido de la querella que ejerce la viuda Graciela Soto. También está imputada por falso testimonio la compañera de Fernández, Analía Godoy.
Conviene recordar que Marcos Fernández es hijo del intendente de San Martín de los Andes, Juan Fernández, y fue considerado en las primeras horas del inicio de las instrucciones como un mero testigo por el juez Cosentino, quien lo liberó a las pocas horas. Esa actitud fue fuertemente cuestionada por los deudos, que interpretaron una maniobra del juez para favorecer al joven.
En el escrito, dirigido a la vicegobernadora Ana Pechen (aunque el jurado de enjuiciamiento se tramita por fuera de la Legislatura), la familia Aigo-Soto subraya su «indignación» por las «diferentes irregularidades que consideramos son causales de destitución por vía del juicio político del juez Cosentino, solicitando desde ya en el ámbito de las facultades expresas y previstas en los artículos 267 a 269 de la Constitución Provincial se promueva la acusación».
Repudia las tareas de investigación que ordenó el juez, «las cuales fueron muy lentas e impidieron de esa manera encontrar a los asesinos de Aigo».
También refiere «la tardanza con la que se realizó la autopsia de nuestro familiar» dado que «se realizó a las 36 horas luego de haber sido asesinado».
El escrito enumera una larga serie de lo que considera «irregularidades» y muestras de «desinterés» que adjudica al juez Cosentino, siempre con el supuesto interés de beneficiar a Fernández, por lo que insiste sobre la presunción de «encubrimiento procesal».
