El gobierno rionegrino promoverá la «desmilitarización» de la policía con varias reformas. Se avanzó en la designación de civiles en áreas de conducción y de capacitación, y la reformulación del régimen de las escuelas de cadetes, cuyo internado ya no es obligatorio.
Esta reformulación se inició en la Escuela de Viedma y se extenderá a los otros institutos.
Hace algo más de dos meses, el gobernador Alberto Weretilneck designó a un civil en la titularidad policial. Nombró al ex concejal viedmense Ariel Gallinger, un abogado de 44 años. Próximamente se lanzará una fuerte reforma de ley policial –que anunciaría esta semana el gobernador– y se abriría un debate con la participación de miembros de la institución, de Justicia, de Seguridad y de la Universidad. «Hay que desmilitarizar a la policía. Entender que es necesario revertir ese proceso por el cual las dictaduras utilizaron a la policía, que tan mal le ha hecho y le dejaron esta impronta», resaltó Gallinger.
Aceptó que existen pedidos por «la cuestión salarial», pero esencialmente, «hay mucha resistencia» –en especial, de retirados– porque «no comparten el rumbo planteado». Se ha manifestado en la designación de civiles, como además en la profundización de «la relación con los municipios» (por su incidencia en el control de lugares nocturnos o venta de alcohol) o «el fuerte control ciudadano del desempeño policial, a través de foro de participación».
En línea con las reformas, Gallinger mencionó la reducción de la Plana Mayor y la incorporación de profesionales civiles, como un docente en Capacitación, una contadora en Administración y un especialista en Estadísticas. Detalló que se eliminó la obligatoriedad de internado en la Escuela de Cadetes. Comenzó con Viedma, pero se generalizará con Allen, Choele Choel, Sierra Grande, Cipolletti y Bariloche.
En diálogo con «Río Negro», Gallinger insistió en la necesidad de alinear a los integrantes de la fuerza con nuevas pautas porque la reforma «es mucho más que una cuestión disciplinaria, hay que trabajar sobre su concepción, es una cuestión cultural, pero también trabajar con parte de la sociedad, que exige conductas, como mano dura, que no estamos dispuestos a promover. Se debe entender que los conflictos sociales y políticos tienen resoluciones que no son policiales. Nos vamos a ajustar a la Justicia y a los protocolos».
–¿Cómo se reasignarán recursos entre funciones de investigación y prevención?
–Ya se analizó con el STJ para empezar a limitar la cantidad de recursos humanos en tareas judiciales, que hoy insumen el 70 por ciento, entre notificaciones, pericias o custodias. La última semana, la policía de Viedma cumplió 30 traslados de detenidos a tribunales, exigiendo gran parte de efectivos y patrulleros. El objetivo es que un 70 por ciento esté en la prevención y un 30 por ciento sólo en tareas judiciales. Revertir esa proporción. Para eso, por ejemplo, hay que tener personal de investigación, móviles penitenciarios adecuados o buscar opciones –como un botón de pánico– en la custodia de mujeres víctimas de violencia familiar. Hay que encontrar alternativas para ayudar a descomprimir.
–¿En qué policía de prevención se piensa?
–En una policía mucho más cercana y de proximidad al ciudadano. La seguridad debe pasar por otros tópicos, como garantizar la finalización de educación secundaria y después, hacer una fuerte incorporación de nuevos estudiantes para que egresen como policías. En los barrios (como el Lavalle de Viedma), hay que trabajar con la intervención de otras áreas sociales, como Desarrollo Social, que supervisen a los menores, evitando que la policía sea el primero que actúe.
Hay que poner en funcionamiento a las Comisarías de la Familia, con personal especializado para su intervención en los conflictos familiares o de género.
–¿Hay mucha participación policial en casos de violencia familiar?
–Sí. Las denuncias se reciben en comisarías y es una problemática donde no todo el personal está capacitado y es necesario capacitarlo. (AV)
