ROCA y CIPOLLETTI (AR/AC).- El grupo de requisa del Establecimiento de Ejecución Penal 2 de Roca logró secuestrar más equipos de telefonía de una celda donde se alojan los dos sujetos que están sospechados de concretar al menos tres llamadas extorsivas a gente de esta ciudad. En Cipolletti, por una causa parecida, el fiscal José Rodríguez Chazarreta solicitó dos indagatorias y el reconocimiento de un vehículo y de algunas personas que estuvieron involucradas en el caso.
Las diligencias en Roca fueron ordenadas por el juez Daniel Tobares que lleva adelante la causa por una de las primeras comunicaciones que se realizaron en la ciudad y que tuvo como víctima a una mujer y a su hija de 20 años.
A ella -hace más de dos semanas- le exigieron dinero en efectivo y en un segundo llamado la pidieron la entrega de electrodomésticos.
Por ese caso ya se identificó a una mujer de 50 años y a un joven de 19, que habrían tenido una activa participación en los delitos que se concretaban a través de las llamadas telefónicas que se realizaban desde el interior del penal.
Fuentes judiciales confiaron ayer que el registro y secuestro de los teléfonos celulares se concretó el jueves minutos después de las 19.
A esa hora, el grupo especial de requisa ingresó al pabellón 4 y puntualmente a la celda donde están alojados los sospechosos.
«El problema es que las víctimas estaban recibiendo llamadas intimidatorias en las últimas horas y queremos saber si efectivamente salieron de esos equipos y del interior del penal», dijo la fuente consultada anoche.
A partir de las diligencias que llevó adelante el magistrado junto a los efectivos de la Policía, se sospecha que las llamadas extorsivas que se realizaron a la mujer, a un empresario del rubro turístico y a un abogado, partieron desde el mismo pabellón de la cárcel por lo que en los próximos días se podrían unificar las causas en el juzgado de Instrucción 4, a cargo de Tobares.
Ahora el magistrado investiga si fueron los mismos sujetos los que el jueves por la tarde se comunicaron con algunas de las víctimas para intimidarlos por las denuncias que habían sido presentadas a la Justicia.
El jueves, el fiscal Chazarreta le envió los expedientes a la jueza Sonia Martín de Cipolletti y le solicitó dos indagatorias y el reconocimiento de un vehículo y de algunas personas.
Allegados a Martín indicaron que la funcionaria estudiará la causa durante este fin de semana.
El caso que investigó Chazarreta es el de un ingeniero cipoleño, que pagó cerca de 13.000 pesos a cambio de su seguridad personal y la de su familia, luego de ser objeto de extorsiones y amenazas que se extendieron por más de diez días.
