El sistema acusatorio, en contraposición al sistema inquisitivo o mixto, será en poco tiempo una realidad en la provincia de Río Negro. Esta nueva forma de enjuiciamiento penal permitirá cumplir con las mandas de los tratados internacionales que el país ha suscripto y que a partir de la reforma constitucional del año 1994 forman parte de nuestra Carta Magna.

En dicho sistema se encuentran separadas las funciones de investigación, acusación y resolución de un hecho ilícito, asegurando de ese modo la imparcialidad, independencia, igualdad y legalidad del actuar punitivo del Estado.

Sus pilares fundamentales son: la oralidad, lo que supone la utilización de la palabra como medio de comunicación en todas las etapas del proceso a través de audiencias públicas; la inmediación –como corolario de lo anterior, el juez debe estar en todas las audiencias en las que se suscita controversia–; la publicidad –cualquier persona podrá asistir a las audiencias y de esta forma efectuar un control indirecto del proceso–; la concentración, que implica que las sesiones del debate se cumplan en tiempo y número estrictamente necesario sin que se produzcan dilaciones indebidas; la contradicción, que no es otra cosa que la contraposición de argumentos, razones y fundamentos de las partes ante un sujeto imparcial que dirimirá el conflicto.

El sistema acusatorio es esto y mucho más, pero a modo de resumen se puede sostener que las razones profundas de su implementación están enraizadas en el respeto irrestricto a las garantías constitucionales que todo individuo debe tener en un Estado de derecho.

Hoy en día hay un consenso generalizado en los ámbitos académicos, doctrinales y hasta políticos sobre la necesidad de implementar lo antes posible un proceso de estas características. Pero no todo es color de rosas, si sólo prestamos atención a la opinión pública –o lo que trasmiten los medios masivos de comunicación como construcción de la opinión pública– estamos frente a un camino muy difícil de transitar. En efecto, con ver cualquier noticiero nacional o provincial observamos que más de la mitad de su producción está dedicada a la inseguridad, la corrupción, los accidentes de tránsito y la violencia doméstica. Todos los días se martilla a la población sobre la necesidad de aplicar mayores penas, evitar que el delincuente entre por una puerta y salga por la otra, limitar las excarcelaciones, las salidas transitorias o la libertad condicional. Crear más cárceles o neutralizar a los delincuentes «natos», por ejemplo castrándolos. En definitiva: mano dura y tolerancia cero.

Ante este panorama, y en paralelo, avanza decididamente la implementación del sistema acusatorio como modo de garantizar los «derechos del delincuente» y limitar lo máximo posible su encarcelamiento.

Dentro de este contexto, muy poca vida tendrá este proceso y al poco tiempo serán los jueces los que deberán pagar las consecuencias de la insatisfacción ciudadana.

Pero no todo está perdido; para lograr mayor consenso y ver el nacimiento de este nuevo sistema, queda mucho trabajo por hacer y a modo de ejemplo es oportuno recordar algunos temas pendientes. Para ello, unas humildes sugerencias:

1. Concientizar a la población sobre el funcionamiento del nuevo sistema, sus virtudes y sus debilidades.

2. Potenciar al Ministerio Público, profesionalizarlo, dotarlo de recursos materiales y humanos.

3. Generar una política criminal seria a mediano y largo plazo. Y no actuar de acuerdo a la necesidad del día a día.

4. Crear la Policía Judicial. Independizarla del «poder policial» y del poder político.

5. Dar una efectiva cobertura, protección y asistencia a las víctimas y familiares de delitos.

6. Invertir en investigación policial. Superar la cultura del informante, datero o buchón como forma típica de descubrir a los autores de un delito. Construir una policía científica y profesional.

7. Asumir que el delito es un fenómeno social multifactorial y que el cambio de sistema, aunque sea mejor, no solucionará todos los problemas.

8. Regular el juicio por jurados por ley especial y no dentro del Código Procesal. De esta manera, la discusión sobre su implementación no añadirá una nueva disputa al ya problemático cambio hacia el acusatorio.

Para evitar que el sistema acusatorio se convierta en una caja de Pandora y desperdiciar esta gran oportunidad, los tres poderes del Estado deben actuar conjuntamente y complementariamente con responsabilidad republicana y honestidad intelectual. Pero sobre todas las cosas, el común de la gente debe saber las consecuencias del cambio y participar en él. Es imprescindible el compromiso del ciudadano en este proyecto, ya que en definitiva será el destinatario de esta verdadera revolución cultural y social.

(*) Abogados. Especialistas en Derecho Penal y Ciencias Penales