El gobierno impulsa la reforma de nuestro añejo Código Penal –data de 1921– al tiempo que ha presentado en sociedad el proyecto de reforma del Código Civil redactado por una comisión dirigida por Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte Suprema de Justicia. No resulta fácil vencer las inercias institucionales que, amparadas en la tradición, ofrecen resistencia a la actualización progresista de la legislación civil y penal. Sería deseable que en esta ocasión las buenas intenciones terminaran coronadas por el éxito.

La reforma del Código Penal es una necesidad impostergable, dado que ha sido sometido a innumerables remiendos que lo convierten, según la expresión utilizada por el juez Zaffaroni, en «los escombros de lo que alguna vez fue un respetable Código Penal». Las «leyes especiales» que se han ido dictando en las últimas décadas superan a la legislación codificada, al punto que los jueces –según Zaffaroni– «están haciendo sentencias con ediciones comerciales del Código, porque no existe edición oficial».

Con el propósito de conseguir un consenso amplio alrededor de la reforma penal, se ha conformado una comisión encabezada por el juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni e integrada por el excamarista León Arslanian, el diputado radical y excamarista Ricardo Gil Lavedra; el diputado del PRO, Federico Pinedo, y la exdiputada perteneciente al Frente Amplio Progresista, María Elena Barbagelata. La presencia de una representación política plural y el excelente currículo de los integrantes de la comisión prueban que cuando existe voluntad política las cosas se pueden hacer bien.

Durante la presidencia de Néstor Kirchner hubo un intento frustrado de reforma de la legislación penal. Una comisión encabezada por el actual juez de la Cámara de Casación Penal, Alejandro Slokar, y en la que participaron varios destacados penalistas, elaboró un anteproyecto de Código Penal que finalmente fue desestimado. Ese anteproyecto eliminaba la pena de reclusión perpetua, despenalizaba la tenencia de droga para consumo personal y regulaba el aborto, estableciendo el derecho de la mujer a interrumpir el embarazo en las primeras semanas de gestación.

Como se atribuye al controvertido tema del aborto el naufragio de ese intento reformista, la presidenta solicitó a la nueva comisión designada que eliminara esa cuestión del nuevo código con el objeto de no frustrar los nuevos intentos de reforma. Se trata de una grave incoherencia, puesto que si el objetivo de un Código Penal es armonizar todas las disposiciones penales, carece de sentido preservar un núcleo anacrónico que somete a duras penas de cárcel a mujeres que ejercen un derecho reconocido en las democracias más avanzadas del mundo.

Se ha utilizado una metáfora arquitectónica para señalar que un Código es como un edificio, que necesita estar dotado de una cierta armonía, de modo que guarde una proporción entre los bienes jurídicos protegidos. No es posible, por ejemplo, que la propiedad reciba una protección mayor que la vida o la libertad sexual de las personas. Al mismo tiempo es necesario ajustar los sistemas de reprensión a los nuevos valores de una sociedad que tiene una mayor sensibilidad a la vigencia integral de los derechos humanos.

Desde esa perspectiva, la legítima demanda de seguridad que emana de la sociedad debe satisfacerse poniendo el acento en la prevención y en la eficacia persecutoria más que en la elevación de las penas. La pena cumple una función disuasoria, pero este efecto debe ser relativizado, puesto que más que el temor a la sanción, lo que el eventual delincuente toma en consideración es la mayor o menor facilidad para escapar a la reprensión. En delitos complejos, como el feminicidio, donde operan factores educativos, culturales y emocionales, podemos amenazar con la «prisión eterna», sin que luego las estadísticas reflejen el menor progreso.

Por otra parte, urge reducir el ámbito de lo criminalizable, para conseguir concentrar los esfuerzos en los delitos realmente graves. De igual modo, hay que establecer fórmulas de reprensión alternativas a la cárcel, que ofrezcan soluciones reparadoras al tiempo que eviten la desintegración social de los infractores. No se trata de caer en un ingenuo garantismo, sino en arbitrar las medidas más inteligentes que permitan alcanzar las soluciones más consistentes en el largo plazo.

Finalmente, cabe hacer una consideración política sobre la integración plural de la comisión designada por el gobierno para reformar el Código Penal. El anuncio de que se busca un consenso amplio del conjunto de las fuerzas políticas para respaldar la reforma, es una desmentida contundente a los ideólogos de la radicalización permanente de los conflictos sociales. Si ese espíritu de consenso se trasladara a otros planos estratégicos de la gestión política, la sociedad se vería beneficiada por la estabilidad de las políticas que despliegan sus efectos en el largo plazo. Las democracias más avanzadas han comprendido hace tiempo que la política no puede quedar reducida al desgaste implacable y obsesivo del adversario.

(*) Abogado y periodista

Fuente: http://www.rionegro.com.ar/diario/un-loable-impulso-reformador-876126-9539-nota.aspx