ROCA.- El 20 de junio Pablo Iribarren dejará de ser juez de Río Negro. Ayer, y por inesperada unanimidad, el Consejo de la Magistratura de la Segunda Circunscripción aceptó su renuncia al cargo de titular del juzgado de instrucción 12 de Roca. Hasta su alejamiento definitivo, Iribarren seguirá en uso de licencia.
El 3 de abril pasado, apenas se leyó su absolución en el juicio político por su desempeño en la investigación del primer triple crimen de Cipolletti, Iribarren formuló su renuncia al Consejo. La aceptación no pudo ser inmediata porque el magistrado tenía otros cuatro sumarios pendientes.
El organismo debatió el tema casi un mes después, en su siguiente sesión en Roca, pero dilató la aceptación hasta ayer, cuando finalmente resolvieron -tras un intenso debate- que los expedientes que quedaban abiertos no estaban lo suficientemente avanzados como para impedir que se admita de su renuncia.
El criterio teórico que sostiene el Consejo de la Magistratura es no aceptar la dimisión de funcionarios judiciales que están «sumariados», para impedir que de esa manera puedan eludir su eventual responsabilidad funcional. Pero no estaba claro en qué estadio procesal del expediente el funcionario denunciado adquiría carácter de «sumariado». El debate fue intenso en la sesión de principios de mes y también en la de ayer. Finalmente primó el criterio propuesto por el juez Fernando Sánchez Freytes: los funcionarios pueden renunciar antes de que el instructor sumariante que investiga su causa formule los cargos ante el Consejo de la Magistratura. Una vez formalizada esa imputación -que ya cuenta con producción de prueba y con previo ejercicio del derecho de defensa del funcionario denunciado- ya queda vedado su derecho a renunciar libremente y debe someterse al avance de las actuaciones y a un eventual juicio político.
A propuesta del presidente del cuerpo, Víctor Sodero Nievas, el criterio fijado ayer se someterá a un plenario con los Consejos de toda la provincia para sentar una normativa unívoca.
Por aceptar la renuncia votaron finalmente los legisladores Alejandro Betelú (UCR), Ana Piccinini y Ricardo Arroyo (FpV); los abogados Rubi Zuain, Ruth Luengo y Verónica Lardapide y el juez Sánchez Freytes. Sodero Nievas no votó por estar recusado en el caso. (Redacción central)
