Hace algunos años el problema de las cárceles en Santa Fe y el hacinamiento de los detenidos era uno de los temas que habitualmente trepaba a las tapas de los diarios. La falta de espacio físico para alojar detenidos fue uno de los dolores de cabeza de los distintos gobiernos peronistas. Las situaciones eran realmente graves, y con la masacre de la cárcel de Coronda –en la que en 2005 murieron 13 detenidos– como fantasma, y el mal funcionamiento del Instituto de Rehabilitación para Adolescentes Rosario (IRAR), la situación de los detenidos era una cuenta pendiente a solucionar. Y al comienzo de la gestión socialista se esbozó un ambicioso plan para mejorar la situación de los detenidos y para cerrar el IRAR, pero nada de eso ocurrió.

Hoy, la situación se encuentra como en los peores tiempos, según la evaluación realizada por la Coordinadora de Trabajo Carcelario. En la actualidad, las comisarías al menos triplican su capacidad de alojamiento y los problemas de salud de los detenidos provocados por las malas condiciones en las que viven, se incrementan. En tanto, los menores presos viven bajo la órbita del Servicio Penitenciario, sin las actividades necesarias para su rehabilitación. A tal punto que muchos de los casi 220 muertos que engruesan la estadística rosarina de este año, pasaron por el IRAR. Pero lo grave del panorama no termina allí. El abuso de la detención por portación de cara, o averiguación de antecedentes, determinó, según la CTC, que durante 2012 se registraran 257 expedientes por tortura que tramitan en los juzgados locales.

Lilian Echegoy es una de las integrantes de la CTC, la organización de derechos humanos que desde hace décadas trabaja en las cárceles y comisarías. Son a los que llaman los detenidos en problemas cuando dicen “que vengan los derechos humanos”.

Según explicó, el problema de los reclusos encerrados es cada vez más grave, pero está lejos de la agenda de los medios.

“El tema del hacinamiento es grave, además de que no se solucionaron cosas básicas a las que se habían comprometido desde el Estado, entre ellas incluimos el encierro del IRAR que es algo realmente espantoso”, sostuvo. Y recordó que el entonces ministro de Justicia de Hermes Binner, Héctor Superti, planteó en una de sus primeras conferencias de prensa la situación de los menores y se comprometió a cerrar el IRAR en un corto plazo, algo que nunca ocurrió.

Echegoy destacó que las comisarías se muestran como en sus peores momentos en cantidad de internos. Y relató que hace algunos días se produjo una especie de motín en la comisaría 3ª y al concurrir al lugar se encontraron con un panorama lamentable. “Los presos tenían problemas de salud graves que tenían que ver con el hacinamiento, como problemas de piel, forúnculos, sarna y todo lo que uno pueda imaginar”, detalló.

“Y lo más tremendo es que había estado en el lugar la secretaria de Derechos Humanos de Rosario y no se había solucionado nada”, aseguró.

Pero dentro de la comisaría había un joven que estaba alojado en un espacio alejado del resto de los presos. En una oficina donde la policía trabaja. “Era una víctima, no había cometido ningún delito. En realidad el delito lo habían cometido contra él y él había hecho la denuncia en Asuntos Internos, es decir que había denunciado a la policía”, explicó. Pero el juez de la causa, para proteger al joven, para que el chico no esté en la calle, lo había mandado a alojar a la comisaría 3ª. El muchacho estaba haciendo un tratamiento por el HIV y esa noche se terminaban las pastillas. “Y la policía había entrado de casualidad al lugar en el que se encontraba el joven, que no era una celda sino una piecita donde también trabajaba la policía y el pibe se estaba ahorcando. Cuando llegamos el chico empezó a contar la historia y nosotros nos comprometimos a gestionar su internación y que el médico vaya a verlo”, aseguró Echegoy.

Pero pese a la gravedad del estado de salud del joven, internarlo no fue fácil. “El médico nos autorizó la internación y este chico ya tenía fiebre. Fue una peripecia hacer que desde Tribunales que ese oficio salga y llegue a la comisaría y acá no era un problema de la policía sino que había jueces de por medio”, dijo Echegoy a modo de ejemplo.

“Ahora esto no pasaba ni en la peor época de Carlos Reutemann. El chico denuncia a la policía, y encima lo mandan a guardar en una comisaría. Esto pasó a la mañana y a las seis de la tarde no lo habían llevado a internar”, destacó.

Si bien no hay una estadística que evalúe hasta dónde llega el colapso en comisarías, los números de la Coordinadora de Trabajo Carcelario dan cuenta de la gravedad del caso.

“Nosotros tenemos en claro que en las comisarías están triplicando y cuadruplicando la capacidad de detención y no tienen atención médica”, destacó.

Es por eso que desde la organización reclamaron al ministro Lamberto que organice un equipo de salud, que en la actualidad se está reactivando.

“Nosotros no pedimos más cárceles. Tenemos un hábeas corpus en curso, la Corte está interviniendo, nos reunimos con los ministros Daniel Erbetta y María Angélica Gastaldi y con el procurador Jorge Baraguirre. Y pedimos una mesa donde estemos todos, el Estado, la Justicia y la ONG, para ver cómo resolvemos el problema”, explicó.

Pero además analizó las causas que determinan la situación en las cárceles. “Hay abuso de la prisión preventiva en los más pobres, que no pasa en los otros sectores. Y eso aumenta la cantidad de presos, el 80 por ciento están procesados, no tienen condena y salen con enfermedades gravísimas. Y a veces no tenemos a dónde acudir”.

Y destacó además que la solución no puede ser el traslado de un grupo de presos a las cárceles, porque eso determinaría un hacinamiento en otro lugar que a su vez generaría conflictos en las prisiones.

Detenciones. Echegoy destacó que desde la Coordinadora de Trabajo Carcelario realizan una serie de estadísticas gracias a que algunos empleados judiciales les entregan el material que les solicitan. Pero algunos números asustan tanto como la cantidad de homicidios que a diario se cometen en la ciudad. Es que en 2012 se habían registrado en los Tribunales unos 257 expedientes sobre tortura en la ciudad de Rosario.

“Esto es gravísimo. Que haya expedientes en determinados juzgados cuando a veces, en la mayoría de los casos son más de dos las víctimas, llegamos a 300 casos de tortura durante el año pasado. Pero más grave aún es que el problema está naturalizado en los juzgados”, opinó.

La detención por portación de cara está directamente relacionada con la cantidad de detenidos en comisarías. De esas 31 mil detenciones de 2012 derivan las comisarías abarrotadas, los casos de tortura y una seguidilla de hechos de gatillo fácil. Una secuencia que se une, pero que nadie está dispuesto a relacionar y muchos menos a detener. Se apresa a 31 mil personas, de las que sólo un cinco por ciento tiene problemas con la Justicia. Todos ellos, los moradores del sistema penal, son jóvenes, pobres, algunos son morochos y un gran porcentaje utiliza gorrita.

Por otra parte, la situación que se vive en la calle tampoco es fácil, sobre todo para los pibes pobres. “En primer lugar hay una complicidad del Poder Judicial que a cada una de las detenciones la policía la justifica con la documentación que tiene. Si hay una denuncia por tortura queda en el tribunal y muere ahí”, sostuvo Echegoy.

Y agregó que en la mayoría de los casos al poder político le llega una versión diferente de lo que en realidad son los hechos. Y dio un ejemplo sobre lo que ocurre habitualmente.

Y relató lo ocurrido hace dos semanas cuando a un grupo de familias se les comenzó a inundar la viviendas que están cercanas a la llamada Zona Cero, donde se están construyendo viviendas. “Hay personas que estaban inundadas pero todas tienen sus casas. Pero es gente que se cruzó a viviendas en construcción ya que estaban con el agua a las rodillas. Lo hicieron para proteger a los chicos pequeños del agua, pero después se iban y volvían a sus casas”, indicó Echegoy.

Pero lejos de resolverse, el problema se comenzó a complicar. “A mí me llaman los vecinos porque estaban la policía y Gendarmería, habla conmigo un jefe policial y me dice que no va a reprimir, pero después le llegó la orden de sacarlos o sacarlos”, explicó.

Fue entonces cuando Echegoy decide hablar con el ministro de Seguridad, Raúl Lamberto. “Le relato la situación y le pido que negocien. Pero él tenía el dato de que allí había 200 personas y sólo había unas 20. Se usa la represión antes que el diálogo. A la gente le dijeron: ‘Si no salen de acá, los cagamos a tiros’”, detalló la militante de la CTC.

“Es grave que el poder político se entere de situaciones que no son reales donde hay pobres en el medio, donde pagan los patos rotos en un sistema. Creo que desde la oficina no se puede gobernar. Que un lugar de la ciudad se llame Ciudad Oculta o Ciudad Cero, donde no tienen agua, luz, no llegan los colectivos, es toda una definición”, aseguró.

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