El Ministerio de Seguridad entregó a la Justicia penal la investigación que encargó sobre un alto jefe policial por presunto enriquecimiento ilícito. Se trata del comisario mayor Daniel Gerardo Moscatelli, quien condujo la policía del departamento Belgrano hasta diciembre pasado, cuando tomó licencia previa a su retiro. El funcionario es uno de los más de treinta policías santafesinos que tienen investigaciones abiertas en la Dirección de Asuntos Internos sobre posibles hechos de corrupción. Ahora esta causa quedó en manos del juez de instrucción nº 8, Juan José Pazos, quien deberá refrendar en el plano judicial lo que se insinuó por vía administrativa: que el comisario no pudo explicar de manera convincente cómo hizo para construir una casa de más de medio millón de pesos y comprar un auto de alta gama con su sueldo policial.
En los últimos años, Moscatelli ocupó cargos de importancia en distintas regionales, como la jefatura de Investigaciones en la Unidad Regional IV, del departamento Caseros, previo a su designación como subjefe de la UR III, de Belgrano, con sede en la ciudad de Las Rosas. Allí fue donde en diciembre pasado se tomó licencia porque la jefatura provincial le avisó que no sería tenido en cuenta para otras funciones. Y se retiró junto a su superior, el comisario mayor Fernando Torres. Pero la lupa sobre Moscatelli se había posado en 2009, luego de que una denuncia anónima alertara en dependencias del Ministerio de Seguridad sobre dos operaciones que el comisario hizo a pesar de su salario, por debajo de los 7 mil pesos: Moscatelli adquirió en 2008 una casa valuada en 565.000 pesos y un Citroen Xsara SX.
«La conclusión de la investigación realizada por Asuntos Internos fue que el comisario no pudo justificar adecuadamente su expansión patrimonial; por eso cerró las actuaciones y lo derivó a la justicia penal, tal como dispone la ley 12238, de investigaciones sobre enriquecimiento ilícito del personal policial», señaló anoche el ministro de Seguridad, Leandro Corti.
Cuando Asuntos Internos citó a Moscatelli en agosto del año pasado para que explique la situación, él argumentó que la vivienda de Casilda la compró con el fruto de la venta de otro inmueble en la localidad de Sanford. Dijo que invirtió la primera cuota en la compra del terreno, y que para construir la casa se valió de una indemnización por despido que percibió su esposa y un crédito bancario. Moscatelli aseguró que la vivienda que edificó sólo vale 90 mil pesos, algo que el peritaje de una arquitecta para Asuntos Internos desmintió: la cotización del inmueble asciende a 565 mil pesos.
En cuanto al auto, el comisario dijo que pudo adquirirlo con otro préstamo bancario y el dinero que le reportó la venta de otro auto, aunque no presentó documentación que avale esta transacción.
Los investigadores averiguaron que el supuesto comprador de la casa de Sanford que Moscatelli habría vendido para construir en Casilda es su cuñado. Un detalle que avivó la sospecha de Asuntos Internos es que este cuñado es transportista, aunque se inició en esa actividad tres años después de haberle comprado la casa a su cuñado Moscatelli. Los peritos consideraron además que el comisario no debería haber tenido capacidad de ahorro, teniendo en cuenta que su salario era el único ingreso familiar y que en los diez años anteriores nunca cobró más de 2000 pesos de sueldo. «El incremento patrimonial de Moscatelli es injustificado», concluyó el ministro Corti.
