El defensor general de la provincia Gabriel Ganón cuestionó la actuación del juez Juan Andrés Donnola en el caso de Lourdes, que dejó a su hija en el hospital Centenario pocas horas después de dar a luz, y estuvo presa cuatro días por esa situación, bajo la acusación de abandono de persona. «Se repiten y se reiteran posiciones que tienen que ver con el reino de la moral más que con el mundo del derecho», expresó el funcionario judicial, quien subrayó que la provincia sigue incumpliendo compromisos internacionales al «no garantizar el derecho a la debida defensa en proceso y el acceso a justicia de las personas vulnerables». Ganón criticó la acusación contra Lourdes. «Se está haciendo un juicio moral sobre lo que hizo esta mujer, sin conocer su historia ni sus condiciones. Esa conducta no es un delito, porque el abandono de persona requiere como situación objetiva que la persona abandonada se encuentre en peligro de morir. ¿Estaba en peligro de morir en el hospital la beba?», expresó el Defensor General, quien reclamó la modificación de la ley orgánica del poder judicial para evitar que los defensores provinciales sigan bajo la órbita del Procurador General.

Para Ganón, la intervención de un juez de instrucción en el caso de Lourdes es cuestionable. La joven, de nacionalidad paraguaya, de 19 años, desocupada y sin pareja, tuvo a su hija el 4 de junio pasado en el hospital Centenario, y luego de amamantarla se retiró del lugar. Nadie de su familia –ni siquiera su hermana mayor, con quien convive– sabía del embarazo. La joven, de igual modo, fue buscada por la policía y apresada en su casa de barrio Larrea. En la declaración, contó sobre su desesperación: que no quería ser una carga para su hermana, que tenía temor de la situación familiar, que trabajaba como empleada doméstica pero la echaron cuando supieron que estaba embarazada. La intervención del juez de familia Marcelo Molina –quien primero entregó a la niña en guarda provisoria a una familia advertida sobre la situación, y luego escuchó a la joven sin condenarla– permitió que la beba volviera con su madre el jueves pasado.

Por su parte, Donnola deberá resolver en los próximos días la situación de la joven, que fue puesta en libertad tras ser indagada por abandono de persona. La decisión de restituir la niña a su madre será uno de los elementos que deberá tener en cuenta el magistrado.

«En lugar de fijar una posición clara en relación a la situación de las mujeres que sin quererlo quedan embarazadas, y que no tienen otra alternativa muchas veces que dejar a sus hijos en el mejor lugar donde lo pueden dejar, y no en un basurero, un proceder de esta naturaleza casi impulsa a estas mujeres a dejar en un basural a sus hijos o a comercializarlos, venderlos al mejor postor», consideró Ganón.

Para el funcionario judicial, nombrado para dirigir una estructura que forma parte del nuevo sistema penal de la provincia, «que el aparato judicial movilice ilegalmente un montón de recursos materiales y humanos para perseguir a una mujer que no hizo otra cosa que dejar en el mejor lugar posible a su hijita, que se la persiga penalmente y se la criminalice, resulta de una injusticia absurda».

Ganón aprovechó el caso para volver a reclamar que le transfieran a su área «todas las defensorías para hacer una intervención integral en este tipo de casos, sobre todo para impedir este tipo de abusos». Ganón considera urgente «el recorte de facultades del Procurador, porque si mantiene la dirección de los defensores la provincia seguirá violando los compromisos asumidos en el caso Godoy». En el caso de Rubén Godoy, un obrero de la construcción que estuvo preso durante 19 años en un proceso plagado de irregularidades, en el que no se le garantizó el derecho a la defensa. Por la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la provincia se comprometió a modificar las características del sistema penal que fueran lesivas del derecho constitucional a la defensa. Si bien el nuevo sistema contempla la Defensoría General, «quedan 5 mil presos en la provincia cuyos derechos están contemplados ni lo estuvieron durante todo el proceso».

Incluso, Ganón subrayó la diferencia entre lo ocurrido con Lourdes y la actitud de la Justicia en la denuncia contra la policía por apremios ilegales contra tres jóvenes en la localidad de Florencia, en el norte de la provincia. «El mismo aparato judicial que criminaliza de esta manera a una mujer embarazada, no criminaliza a los policías que torturaron a jóvenes en el norte provincial», subrayó Ganón, quien consideró que «no está garantizado el debido proceso con este estado de situación. La gente es torturada y quizás se los obliga a reconocer la culpabilidad de hechos que no cometió».

Además, Ganón cuestionó que «si alguna vez se pone en marcha el nuevo sistema, las personas condenadas o procesadas por el anterior van a seguir durante mucho tiempo sin acceder a una debida defensa. El estado no está garantizando el acceso a la justicia. Los defensores son pocos y están dirigidos por el Procurador General». Para el funcionario judicial, la puesta en marcha del nuevo sistema penal está en pañales. «Se ha divulgado una cortina de humo, ya que se proclamó una sustancial modificación que no se termina de concretar», afirmó. Rosario/12

fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/9-34319-2012-06-20.html