En Rosario hay 540 personas detenidas en comisarías, cuando la capacidad apenas alcanza para 220. Otros 320 presos permanecen en alcaidías del Servicio Penitenciario (SP). El dato, que da cuenta de las «condiciones infrahumanas» de los privados de la libertad, se desprende de un informe elaborado en marzo pasado por la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC), que contabilizó las situaciones hasta el 29 de febrero de este año. En toda la provincia, el número de «hacinados» asciende a 1600. En consecuencia, sólo el 60 por ciento de 4300 presos en Santa Fe está bajo la órbita del SP. El informe cuenta también con datos abrumadores sobre la situación de las mujeres detenidas en la Unidad 5 de Rosario; y describe la realidad diaria del Instituto de Recuperación del Adolescente (IRAR), donde actualmente hay 45 chicos que «constantemente denuncian torturas por parte del personal policial». Por todas esas irregularidades, que no se enmarcan en la orden judicial de 2007 sobre la distribución de los presos en seccionales hacia las cárceles, la CTC elevó el informe a la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT) y reclamó su intervención mediante monitoreos.

La legislación provincial vigente señala que una vez resuelta la situación procesal de los detenidos, y siempre que el juez a cargo decida la continuidad de la detención, deberían ser derivados a una unidad dependiente del Servicio Penitenciario Provincial. Sin embargo, la CTC denuncia que «ante la falta de espacio en las cárceles, hace más de 20 años que Santa Fe –y principalmente en Rosario– mantiene una gran cantidad de detenidos en las comisarías». Según indicaron, la sobrepoblación se «duplica o triplica, y en algunas comisarías se sextuplica».

Del total de la población de presos en dependencias policiales, el mayor número se encuentra en Rosario. La CTC aclara que las comisarías «no están preparadas para alojar personas. El problema no se limita a la cuestión edilicia, sino que las personas privadas de la libertad no tienen garantizado su derecho a la salud, en cuanto no existen dispositivos específicos para esta población, y el personal policial no se encuentra capacitado para dicha función».

La irregularidad cobra fuerza si se tiene en cuenta que hace cinco años la Cámara de Apelaciones de Rosario revocó una sentencia de primera instancia e hizo lugar a un recurso de hábeas corpus, en el que se ordenó al Ministerio de Gobierno y al de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, que «en lo inmediato distribuya los excedentes de población de privados de libertad existentes en las seccionales de la Unidad Regional II (Rosario y el Gran Rosario), a otras unidades de detención de la región o, en su caso, de todo el sistema provincial; y en lo mediato, culmine el proceso de distribución de modo que dichas reparticiones no se conviertan en establecimientos de privación de libertad permanentes».

Pese a ello, «gran cantidad de personas siguen padeciendo el encierro en estos lugares, en forma permanente», apuntaron desde la CTC. En estos años, la situación «no varió», sino que «al hacinamiento se sumaron las condiciones de inhabitabilidad».

Según la CTC, los datos oficiales no dan cuenta de la sobrepoblación en las unidades penitenciarias, y remarcan que «hay fallas estructurales en los penales que no se condicen con la dignidad humana: faltan elementos indispensables como colchones, ventanas, problemas con los desagües cloacales, cañerías, falta de agua potable, mala calidad de la alimentación». Además, enumeraron «falta de un patio donde se pueda estar al aire libre, hay pocos sanitarios (uno o dos), sin las condiciones mínimas de higiene y privacidad, donde se alojan en promedio 20 personas. Tampoco tienen lugar adecuado para pernoctar, porque carecen de colchones y ropa de cama: en algunas dependencias hasta deben turnarse para dormir».

Por otro lado, el sistema de salud «no garantiza ese derecho», porque «ante dolencias o enfermedades, se recurre al sistema público de salud, que responde en forma reticente y en muchos casos sólo bajo orden judicial». En estas condiciones, «son constantes las denuncias por hechos de violencia dentro de los penales en comisarías, ya sea por el accionar policial o por problemas de convivencia agravados por las condiciones infrahumanas de vida».

Además, la CTC denunció que «en el ámbito policial es común el pedido de dinero a familiares para no trasladar a los detenidos, o para mantenerlos en lugares ‘tranquilos’, para otorgar visitas extraordinarias y dejar ingresar elementos prohibidos. En muchas ocasiones son sometidos a golpes y torturas, pero los presos no quieren denunciar para evitar traslados».

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/9-33177-2012-04-02.html