Exactamente 15 días después de que la sargento de la Policía de la Provincia Patricia Hidalgo denunciara formalmente el ocultamiento de pruebas médicas que certificaban las torturas cometidas por hombres de la fuerza contra Carlos Giménez, hermano de Gabriel, el exsubcomisario y exjefe de la División de Inteligencia Criminal de la Brigada de Investigaciones y actualmente detenido en una causa por narcotráfico, el juez federal 1, Leonardo Julio Bavio, dictó el auto de procesamiento a dos uniformados vinculados con el caso, acusados de apremios ilegales.
Se trata de Cristian Ramón Segura Salazar y Walter José Bejarano, conocidos como “Chino” y “Demonio”, quienes fueron identificados por Carlos Giménez con esos apodos, aunque también sindicó como autores de sus tormentos a otros dos, a los que señaló como “uno de gorra roja y otro de gorra azul”.
En su acusación, que fue tomada como válida por el fiscal federal Eduardo Villalba, quien elevó los antecedentes al magistrado, involucrando también en los apremios ilegales al entonces secretario de Seguridad Aldo Rogelio Saravia y al titular de Drogas Peligrosas y actual jefe de Policía, Marcelo Lamis, pero su vinculación fue desestimada por el magistrado.
Carlos Giménez y su hermano Luis fueron detenidos en la madrugada del 26 de mayo de 2011, cuando, según ellos, fueron auxiliar a su otro hermano, Gabriel, quien les había llamado telefónicamente diciéndoles que su vehículo estaba empantanado en el río Mojotoro, cerca de Gemes.
Poco antes de aquella comunicación había sido aprehendido, tras una huida por un camino vecinal, el subalterno de Gabriel, Carlos Gallardo, quien supuestamente llevaba un cargamento de 50 kilos de droga que fue arrojado durante su escape.
La droga fue encontrada a la vera de la ruta, a la mañana siguiente, por un tractorista.
Gabriel Giménez huyó junto a Marcelo “Lobito” Iraola Silverman, pero fue capturado meses después en Bolivia, no así su socio. Sin embargo, él y Gallardo niegan haber llevado estupefacientes y aseguran que custodiaban una millonaria cantidad de dinero -de la que no hay vestigios- encomendada por un tercero.
Los apremios ilegales en perjuicio de Carlos Giménez habrían sido registrados fotográficamente por un médico de Gendarmería Nacional e incorporados al expediente.
Paulina Hidalgo, la sargento que denunció el ocultamiento de pruebas sobre los tormentos a los que habría sido sometido el hermano del subcomisario preso, apuntó hacia el departamento médico de la institución policial y sus acusaciones pasaron al ámbito del Ministerio Público, aunque no se han comunicado resultados de investigación alguna sobre el particular.
Hidalgo -esposa de uno de los comisarios y abogados de la cúpula-, es licenciada en Trabajo Social y se desempeñaba en el departamento de Bienestar Policial al momento de elevar a las autoridades la existencia de tales irregularidades. Al día siguiente la sargento fue trasladada a una comisaría.
