La Justicia empezó la actividad de 2012 con la expectativa de mitigar este año uno de sus principales problemas: la creciente cantidad de causas por violencia familiar que congestiona al sistema. Apuestan a que la Legislatura apruebe la apertura de tres nuevos juzgados especializados en la materia cuando retome las sesiones.
El presidente de la Corte de Justicia de Salta, Guillermo Posadas, dijo a El Tribuno que espera que este año se trate un proyecto de ley presentado por el Alto Tribunal a fines de 2010 para crear tres juzgados que resuelvan solo los pedidos de ayuda por golpes y amenazas en el hogar.
Posadas se refirió al tema el viernes al mediodía, tras el acto de apertura oficial del año que se realizó en el salón auditorio de Ciudad Judicial.
“A partir de la ley de protección a las víctimas de violencia familiar sancionada en 2006, la gente perdió el miedo a denunciar y la atención de estos casos por parte del Poder Judicial creció”, señaló el presidente de la Corte.
Posadas informó que en las próximas semanas se iniciará un “diálogo interinstitucional” con la Legislatura para analizar la posibilidad de que el proyecto avance.
Solo en 2011, los juzgados de familia de Salta capital y municipios cercanos recibieron más de 16.000 causas por agresiones que deben tratar en el menor tiempo posible.
Los magistrados tienen la obligación de revisar cada denuncia y tomar medidas como ordenar que el acusado como golpeador abandone la casa o poner custodia policial para los damnificados si es necesario.
La intención de la Corte de Justicia es que haya nuevos jueces especializados en este problema y que se descongestionen los 11 juzgados de familia, que también deben decidir sobre cuestiones como divorcios, cuotas alimentarias y horarios de visita para hijos de padres separados.
La iniciativa de crear un fuero especial para las causas de violencia ya se puso en práctica en Córdoba por iniciativa del Tribunal Superior de Justicia de esa provincia.
La emergencia de 2007
El número de expedientes por agresiones en el hogar preocupa al Poder Judicial. En los últimos años, la jueza de la Corte que terminó su mandato la semana pasada, Cristina Garros Martínez, demandó en reiteradas oportunidades que el Poder Ejecutivo colaborara para limitar la cantidad de casos con programas de concientización y contención.
Desde 2008, hubo al menos 15.000 denuncias anuales por agresión en el distrito judicial con mayor población, que comprende a la capital y las ciudades cercanas.
El tema persiste entre los principales desafíos para la Justicia de Salta. En 2007 se declaró la emergencia judicial por la cantidad de causas que debían resolver los magistrados del área de familia y se dispuso que los jueces civiles y comerciales colaboraran transitoriamente para evaluar estos expedientes.
El último día de enero el Alto Tribunal analizó la situación con la ministra de Derechos Humanos de la Provincia, María Pace, quien se comprometió a profundizar las tareas de prevención.
