«Esto no va a contribuir a la lucha contra el narcotráfico, sino a criminalizar el narcomenudeo, que es una cosa muy diferente», advirtió Saidman, en diálogo con RADIO CIUDAD.

«Esto es seguir criminalizando al eslabón menor de la cadena de narcotráfico, que es el consumidor. Éste no es un problema que le corresponde al derecho penal, sino a la salud. Es decir, el consumidor, el adicto, tiene que pasar al sistema de salud y no estar incluido en el derecho penal», sostuvo la jueza.

Saidman recordó que en la provincia de Buenos Aires desde hace varios años se aplica la desfederalización y observó que los resultados no fueron los esperados. «Desde que la provincia adhirió a la ley 26.052, el 38 por ciento de las causas persiguen al consumidor, el 35 por ciento al comercio, es decir a aquel que se lo detiene con una cantidad mayor, y solamente en un 3 por ciento de las causas se investiga por contrabando», graficó.

Explicó, por otra parte, que la desfederalización parcial de la ley de estupefacientes está establecida en la ley nacional 26.052 a la que se adhirieron Buenos Aires, Córdoba y Salta. También adhirieron a la norma Entre Ríos y La Rioja, pero por falta de presupuesto no se implementa la ley en estas dos provincias.

«Existe, además, un informe de la Secretaría de Narcocriminalidad de la Procuración Nacional muy desfavorable a la desfederalización. Rescato como fundamental de todo este estudio el párrafo que señala que esta diferenciación en la investigación, que propone que en una jurisdicción provincial se investiguen determinados delitos y en una jurisdicción federal otros, imposibilita acceder al conocimiento de delitos más complejos, porque no pueden llegar a través de la cadena de investigación a los verdaderos narcotraficantes», observó Saidman.

«Por ahora la experiencia, como es el caso de la provincia de Buenos Aires, es negativa. En el Chaco, hasta ahora, interviene la Justicia federal en el marco de la ley de estupefacientes. Pero habría una iniciativa de diputados provincial para adherir a esta ley de desfederalización que establece que es parcial la competencia para la provincia», señaló.

«Es decir el narcomenudeo sería juzgado por la Justicia provincial, con todo lo que ello implica de infraestructura. No solamente habría que crear fiscalías de investigación, sino que hay que tener en cuenta que este consumidor tiene garantías constitucionales y que debe ser defendido y que hay que reforzar la defensa pública. Y luego, los jueces de ejecución penal, porque generalmente este tipo de delitos terminan en tratamiento para las adicciones. Van al sistema de salud y los jueces de ejecución penal son los que controlan el cumplimiento del tratamiento», agregó la jueza.

«¿Está preparado nuestro sistema de salud para recibir a todas las personas en esta situación?», planteó Saidman. «Sería más lógico que se invirtiera en salud y no en hacer semejante experimento», concluyó la jueza.

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