A poco de su creación, la flamante oficina fiscal de Violencia y Corrupción Institucional tiene 185 causas en trámite, con 18 policías imputados, dos presos y once nuevas acusaciones previstas para la segunda mitad del año. La proyección lleva a estimar que anualmente serán unas 600 las causas a trabajar en esa unidad del Ministerio Público de la Acusación. Hace un mes y medio, el fiscal regional Jorge Baclini puso en funcionamiento la nueva oficina, dentro de la Unidad Fiscal de Investigación y Juicio, para investigar hechos que involucren a personal policial de manera específica. Según indicó a Rosario/12 la fiscal a cargo, Karina Bartocci, a fin de año se avaluará la posibilidad de que el área que coordina pase a ser una unidad fiscal independiente, y así dotarla de otros recursos, ya que por el momento funciona con la fiscal como encargada, una secretaria y un pasante. Apremios ilegales, al tope de los motivos de denuncia.
La oficina fue creada a fines de mayo pasado, como una «idea embrionaria», con la finalidad de «investigar a los imputados que sean policías o personal de cualquier fuerza, que comentan delitos en el marco del ejercicio de sus funciones». Por el momento, la mayoría de los casos que se investiga tienen como involucrados a personal de la policía provincial, y comprende delitos como apremios ilegales, exacciones, cohecho y extorsión.
Las denuncias ingresan a la oficina por tres canales diferentes: las llamadas que se registran en el 0800 de Asuntos Internos de la Unidad Regional II; desde la División Judiciales; y a partir de los casos denunciados en el propio Ministerio Público de la Acusación.
La fiscal aclaró que, los que tienen a cargo, son delitos en los que se hace «difícil obtener pruebas»; sin embargo, desde el MPA consideran que el año que viene ya habría juicios orales.
La idea es que cuando la oficina crezca, en cantidad y complejidad de causas, sea una unidad específica, pero por el momento es «un plan a futuro». Al respecto, Bartocci indicó que a fin de año se realizará una primera evaluación de los casos, como objetivo, para analizar su jerarquía y la posible incorporación de personal.
En el detalle, la funcionaria judicial indicó que la mayoría de las denuncias implica a dos o tres efectivos, porque suelen ser acusaciones contra un móvil policial en el que circula esa cantidad de personal.
Sobre los motivos de las denuncias, Bartocci lamentó que «la gran mayoría» de las causas está relacionada con apremios ilegales, que son investigados como lesiones graves o leves a personas detenidas; pero también se denuncian pedidos de dinero a cambio de libertades; y hay muchas acusaciones sobre la situación de horas extras de los policías. «Está fuera de control porque no hay intervenciones a nivel administrativo», señaló Bartocci sobre esa cuestión en particular.
En uno de los casos, denunciado en la localidad de Piñero, dos policías se encuentran presos. Se trata de los únicos detenidos a cargo de la oficina de corrupción y violencia institucional. Uno de ellos es el ex jefe de la subcomisaría 4ª de Piñero, que fue arrestado junto a un sumariante, a fines de junio, por solicitar dinero al protagonista de un accidente de tránsito. El hecho se originó el 12 de mayo pasado, tras un choque vehicular, en el kilómetro 14 de la ruta provincial 18. Los efectivos les pidieron entregar 5 mil pesos para ser beneficiados en el acta de procedimiento; pero las personas extorsionadas consultaron a su abogado, quien realizó la denuncia en el Ministerio Público de la Acusación. Frente a ello, la víctima de la maniobra ilícita pactó con los efectivos la entrega del dinero y el hecho fue controlado por personal de Asuntos Internos, que procedió a la detención del jefe y sumariante de la dependencia policial, cuando éstos recibieron la coima. Entre otras causas, una de las más resonantes que investiga Bertocci, ya que tiene a nueve policías imputados y en disponibilidad, es la del robo de 100 mil pesos a tres personas de Pérez que denunciaron el hecho a fines de mayo pasado. Se trata de personal de la Patrulla de Intervención Urbana (PIU) acusado de quedarse con dinero de personas que fueron demoradas en «un control de rutina». Las víctimas fueron paradas por la policía en Avellaneda y Saavedra, mientras circulaban en auto. Como el conductor no llevaba todos los papeles, ya que el vehículo era de su esposa, los ocupantes fueron llevados a la seccional 18ª por «averiguación de antecedentes». Pero, al recuperar la libertad comprobaron que el dinero que se guardó uno de los policías que los detuvo en la calle no estaba en la comisaría. Según dijeron, era plata destinada a la compra de un auto.
Otra causa, en la que también hay nueve uniformados imputados y en disponibilidad, es la que involucra a empleados de la Policía de Acción Táctica (PAT) de Rosario, uno de ellos con cargo de jefe. Los efectivos quedaron bajo la lupa a fines de junio, tras ser denunciados por, presuntamente, liquidar de manera irregular horas extras a efectivos que no habían prestado esos servicios, con el objetivo de que parte del dinero fuera reintegrado para provecho personal.
Bartocci lamentó que los recursos de la oficina aún son escasos, al igual que el espacio físico; pero indicó que está previsto sumar empleados a la oficina, luego de la feria judicial que comienza hoy. «Creemos que la mayoría de las causas va a llegar a juicio oral, porque en estos temas es menos probable que un policía firme un abreviado; con lo cual, seguramente el año que viene tendremos varios juicio y vamos a necesitar recursos», estimó la fiscal.
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