«Advierto que en materia de seguridad el Poder Ejecutivo Provincial está preso de sus propias contradicciones. Hay una obligación primaria de prevención del delito que corresponden al gobierno provincial. No hay que darle vueltas. La policía depende del Ministerio de Seguridad y todo lo que corresponde a la labor prevencional corresponde a esa órbita».
Con esas palabras respondió hoy el vicepresidente del Colegio de Magistrados de Santa Fe, Ariel Ariza, al gobernador Antonio Bonfatti, quien expuso ayer su malestar con algunos magistrados que avalan salias de presos reincidentes.
En declaraciones al programa «La que se viene» de La Ocho, Ariza aclaró que la labor de prevención del delito es una tarea que corresponde «al Poder Ejecutivo Provincial. Lo que hace el Poder Judicial es analizar y determinar la responsabilidad penal sobre hechos individuales pasados. Es una tarea de juzgamiento. Hay que decirlo de manera directa: no hay ninguna relación que pueda trasladarse, queriendo trasladarle las causas de la inseguridad al Poder Judicial. Ese es un razonamiento que parte de una desvirtuación de un enfoque».
«Las contradicciones que advertimos en el Poder Ejecutivo en esta materia son varias. Hace unos días, cuando un fiscal de Venado Tuerto se propone realizar una investigación, revisando el accionar de la estructura policial, desde el gobierno salieron a objetarlo o a condicionarlo en su autonomía funcional. Además, es muy contradictoria la respuesta que da el Ejecutivo al funcionamiento del Poder Judicial», remarcó el funcionario judicial.
