«En 30 años de democracia, sigue vigente un decreto de la dictadura en política penal juvenil, un chaleco de fuerza para las provincias que deben desarrollar alternativas al encierro, un servicio de defensa autónomo, que no ayude a los jueces a desembocar siempre en la privación de libertad del adolescente, y sólo si se trata de un chico pobre, porque los de clase media o alta delinquen igual, sólo que el juez los manda dos veces al psicólogo y ya». El concepto pertenece a un estudioso del derecho penal juvenil, Emilio García Méndez, ex consultor de Unicef y presidente de la Fundación Sur Argentina, dedicada a la promoción de los derechos humanos de niños y adolescentes. El gobernador Antonio Bonfatti y los ministros de Justicia, Juan Lewis, y de Desarrollo Social, Mónica Bifarello, lo recibieron el viernes, en una de las reuniones donde el Ejecutivo prepara el anteproyecto para un nuevo código procesal juvenil que reemplace el sistema tutelar actual por otro encuadrado en la categoría de régimen de responsabilidad penal para jóvenes.

En diálogo con Rosario/12, García Méndez ponderó que Santa Fe publique cifras sobre menores privados de libertad, y el hecho de que no tenga ninguno detenido por debajo de los 16 años. «Falta desterrar el decreto militar 22.278/80, que hace utilizar el encierro de jóvenes como una política social reforzada. Es repugnante que se use la privación de libertad sin el debido proceso. En esto, a los adultos se les respeta ese derecho, a los adolescentes no», condenó. «Hace seis años que la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación no publica estadísticas sobre menores privados de libertad, y no podemos saber nada, con excepción de algunas provincias que sí informan, como Santa Fe», dijo.

-En función de los datos que conoce, ¿cómo evalúa la situación aquí?

-No puedo comparar con otra provincia, pero sí quizás con Uruguay, que tiene una población similar a la de Santa Fe. Mientras allí hay 700 menores privados de libertad, en Santa Fe hoy hay alrededor de 70. Creo que en parte esa diferencia se debe a una intencionalidad política distinta, donde en Santa Fe la privación de libertad parece usarse sólo como respuesta de último recurso frente a los delitos graves que cometen menores de edad. En Uruguay, en cambio, se usa como política social reforzada para los adolescentes pobres de la periferia urbana. Además, en Santa Fe no hay ningún menor de 16 años detenido, y eso no es común. Córdoba está en las antípodas en este sentido.

-¿Lo llevaron a conocer el Irar?

-Esta vez no, pero lo conozco de antes.

-El gobierno había prometido cerrarlo, ha sido escenario de múltiples denuncias de violación de derechos.

-Pero le aseguro que las condiciones de vida allí son mejores que en cualquiera de los institutos a cargo de la Nación en Ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, la cárcel San Martín, exclusiva para menores de 16 años. La Fundación Sur Argentina y el CELS hemos denunciado esa aberración ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

-¿Cuál es el objetivo inmediato para avanzar en el respeto a los derechos de los menores en conflicto con la ley penal?

-Los sistemas de responsabilidad penal juvenil no son instrumentos para resolver eso. Para eso están las políticas sociales. Cuanto más eficaces sean, más reducido será el universo de lo penal juvenil. Una buena política que administre democrática y racionalmente las violaciones de menores a la ley penal requiere tres condiciones: primero, una ley seria, que no tenemos. El decreto 22.278 sigue vigente desde 1980. Argentina es el único país de América Latina que no tiene un régimen de responsabilidad penal juvenil. Debe cambiar la legislación nacional. Segundo, cada provincia necesita un servicio de defensa pública fuerte y autónomo, sin crisis de identidad. Que sepa que su misión es la defensa de un compromiso con los adolescentes para obtener su libertad. En tercer lugar, se requiere desarrollar alternativas, porque la mayoría de las infracciones juveniles no son ni tan banales como para decir que no pasó nada, ni tan graves como para privarlo de la libertad.

-¿Cuáles alternativas?

-Una que tiene éxito en muchos países es la prestación de servicios a la comunidad. El objetivo es vincular al adolescente con la responsabilidad por el hecho cometido.

-Tarea difícil para una época donde esa lógica no coincide generalmente con los valores actuales del joven. En ciertas condiciones, las instituciones les resultan menos atractivas que ámbitos relacionados con economías delictivas.

-Bueno, es el desafío del Estado, pero consideremos que esas alternativas son coactivas, son sanciones. Siempre la privación de la libertad debe ser excepcional, un último recurso.

-¿Qué debe hacer un Estado democrático ante un menor involucrado en un delito grave, de alto impacto social?

-Antes que nada, tener un debido proceso, y en Argentina ese decreto militar lo impide. Con los menores de 16 años se usa la privación de libertad sin debido proceso. Es repugnante. Para la franja de 16 a 18 años, se aplica discrecionalidad en el uso de las sanciones. Eso hace que en todo el país no haya un solo adolescente de clase media privado de libertad. No es porque los de clase media y alta no delincan, sino porque el sistema está pensado con dos variables: la posibilidad de un abogado privado, y los jueces que definen privación de libertad si el adolescente es pobre, y dos sesiones de psicólogo si no son pobres.

-¿La criminalización de la pobreza es una consecuencia del régimen tutelar?

-Sí, de un régimen más represivo que tutelar, porque este concepto implica cierta forma de protección paternalista, pero hoy es más represión que paternalismo.

-¿Qué diferencias ofrece un régimen de responsabilidad penal con garantías constitucionales?

-Existe en toda Latinoamérica, menos en Argentina. En la mayoría, los menores de 14 a 18 años son inimputables, no significa que sean impunes, pero no responden igual que los adultos sino dentro del sistema penal juvenil. En 2009 el Senado aprobó una ley de responsabilidad juvenil con el consenso del PJ, la UCR y el socialismo. Lamentablemente, no pasó en Diputados.

-¿Hay posibilidades ciertas de pretender bajar la edad de imputabilidad, como pretenden en algunos sectores?

-Lo peor que podía pasar, ya nos pasó: Argentina es el único país donde un joven es imputable desde los 16 años. Más no se va a bajar. Todas las derechas latinoamericanas pugnan por imitar a Argentina, lamentablemente.

fuente http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/18-37977-2013-03-10.html