Existe una larga tradición de poca disposición por parte del Poder Judicial de Santa Fe para investigar delitos cometidos por policías, ya sea que se trate de casos de torturas, uso ileal de la fuerza letal o corrupción. En algunos casos, más que de poca predisposición puede hablarse de claras connivencias judiciales con las ilegalidades policiales. Por eso las declaraciones del juez Beltramone, descartando el uso de fuerza letal por parte de los policías que reprimieron a los ocupantes del terreno de la monja Jordán legitiman sin más la versión policial y oscurecen más de lo que aclaran. Demasiadas elementos son injustificadamente ignorados por el juez para rápidamente refrendar la versión policial que en realidad debería invstigar a fondo:

1. Existen testimonios de personas heridas, que no participaban de la toma, de su familiares y de otros vecinos, dando cuenta de que un policía, disimulado detrás de una línea de infantería, utilizó su pistola reglamentaria y que otros policías dispararon no sólo munición AT sino también cartuchos con postas de plomo. Ninguna de estas personas ha sido acusada de falso testimonio por lo que sus declaraciones no pueden ignorarse como lo hace beltramone.

2. Existen testimonios y aparentemente tambien filmaciones que dan cuenta de que luego de los disparos hubo policías recogiendo cartuchos de escopeta, verdes y rojos. Esto es, alterando sin ninguna necesidad el escenario de los hechos cuya obligación legal es preservar, destruyendo asi evidencia clave.

3. No hay policías heridos con armas de fuego ni fueron identificadas personas disparando armas de fuego.

4. La pericia balística fue realizada por la propia policía. Y ya todos sabemos qué sucede cuando los policías se investigan a sí mismos. O sea el juez que debe investigar no lo hace o lo hace de una manera parcial, incompleta y sesgada. La policía dice que no hizo lo que muchos testigos vieron. El juez compra y repite sin más la versión policial. Las pericias balísticas realizadas son parciales y realizadas por la propia institución sospechada. Así parece recrearse otro círculo de impunidad garantizado judicialmente.

Otro buen ejemplo de lo urgente que es democratizar la administración de justicia provincial. Y también de la distancia existente entre la apropiación comunicacional (o sea el choreo) por parte del gobierno provincial del concepto de «seguridad democrática» y la materialidad de la política de seguridad en la provincia que sobrecriminaliza y desprotege a los sectores populares.

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/22-38909-2013-05-17.html