Esta semana se cumplen cien días desde el arranque del nuevo Sistema Procesal Penal en la provincia, y en la regional Rosario del Ministerio Público de la Acusación ya se iniciaron 22 mil causas. Se trata de ilícitos cometidos y denuncias penales realizadas desde el 10 de febrero pasado, fecha de la entrada en vigencia de la reforma. Según los datos aportados por el Ministerio Público de la Acusación, se realizaron cerca de mil audiencias orales y públicas en toda la circunscripción, en primera y segunda instancia, en las que la Justicia resuelve de cara a la sociedad. En tanto, la Unidad Fiscal de Homicidios Dolosos tiene unos ochenta crímenes en investigación. Hay 120 legajos de delitos contra la integridad sexual; y más de 70 por ilícitos económicos. Los robos a viviendas suman casi 500; y 234, los de vehículos. Las armas de fuego siguen al tope de los elementos utilizados para cometer delitos penales, con más de 700 causas en las que aparecen. En otros 158 casos, el autor eligió un arma blanca. Los casos de violencia familiar y violencia de género suman más de 700. Y hay más de 80 policías implicados en algún tipo de causa penal. Mañana, el fiscal general Julio De Olazabal llegará a la ciudad para hacer un racconto de los logros y déficits del nuevo sistema, en las cinco regionales de la provincia.

Al analizar los números y el volumen de trabajo, el fiscal regional de Rosario, Jorge Baclini, graficó: «Antes teníamos un vaso en el que el agua rebasaba por todos lados; y hoy podríamos decir que no hay tanto desborde», dijo en referencia a la respuesta que se les da a las causas iniciadas. «Tenemos buen nivel de resultados», agregó. Al mismo tiempo, recordó que la ley contempla 140 cargos de empleados para la regional, y que por ahora sólo hay 30. Además, indicó que se están concursando 22 cargos de fiscales adjuntos. «Cada día que pasa nos organizamos un poco mejor, estamos mucho más acomodados que al principio y nos vamos asentando en las funciones, porque todos tuvimos que adaptarnos a lo nuevo, generar un nivel de relaciones que debemos tener con las distintas partes, con las víctimas (muchas agradecen la buena atención de los empleados) y con la policía», agregó.

Al analizar la respuesta en los casos de homicidios dolosos (hace unos días se indicó que la tasa de esclarecimiento es de alrededor del 45 por ciento), el fiscal regional destacó la necesidad de la ley de Protección de Testigos y Víctimas. «Muchas veces el testigo no quiere declarar o no quiere participar de un juicio oral y no tenemos lo necesario para brindarle protección. Lo ideal es que se implemente a la brevedad una política de protección a testigos. Es una carencia importante para esclarecer casos graves», planteó.

Baclini también hizo hincapié a la «necesidad» de la creación de la Policía Judicial, sobre todo para el trabajo de la Unidad de Homicidios Dolosos, cuya ley fue vetada el año pasado por el gobernador Antonio Bonfatti. Frente a ello, recordó que a fin de mes vence el plazo para que la Legislatura se pronuncie sobre esa decisión del Ejecutivo; aunque el mes pasado se presentó un documento de rechazo al veto, por parte de senadores y diputados justicialistas. Mientras tanto, el fiscal regional destacó el trabajo de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional II, porque en un 85 por ciento de los allanamientos realizados por información que ellos generan (que es cerca de la mitad de la información obtenida por la fiscalía), los resultados son positivos.

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