Pocas horas antes de asumir como ministro de Seguridad de la provincia, Raúl Lamberto está disfónico, tras dos días de frenéticas reuniones. Hoy, a las 10.30, el gobernador Antonio Bonfatti lo pondrá en funciones antes del partido entre Central y Patronato que derivó en la renuncia de Leandro Corti. «Continuidad y profundización», apunta Lamberto el lineamiento de su trabajo. «Hacia el interior de la fuerza policial hay que ser muy fuerte, muy severo, para garantizar el total encuadramiento en el estado de derecho que nos costó tanto conseguir», apuntó el dirigente socialista, quien subrayó que «la mayoría de la fuerza tiene vocación de servicio», en relación con los 90 pases a disponibilidad de efectivos policiales determinados por su antecesor por irregularidades bajo investigación. El funcionario a punto de asumir adelantó: «No le hace bien a la fuerza que haya connivencia de gente vinculada a hechos reñidos con la ley, que sean parte de los propios hechos que se intentan investigar. En eso hay que ser implacable. Tenemos que lograr una fuerza de seguridad cada vez más profesional».

Aunque Lamberto eludió definiciones tajantes, planteó su voluntad de mantener «el equipo de trabajo» del ministro Corti. Sin embargo, adelantó que conocía la voluntad de renunciar de «dos o tres» funcionarios, sin mayores precisiones.

Como un acentos de Corti fue el férreo control político de la fuerza, que derivó en 90 pases a disponibilidad, Lamberto se limitó a expresar: «La disponibilidad es una figura jurídica que se prevé cuando hay alguna prueba de que se puede haber generado algún tipo de hecho ilícito, pero también se prevé el derecho de defensa del agente».

Sobre la denuncia por torturas policiales contra tres jóvenes de la localidad de Florencia, en el norte provincial, que hicieron pública el titular de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados, Eduardo Toniolli y el defensor general Gabriel Ganón, Lamberto consideró que «hay que investigar el caso, pero claramente el tema es el siguiente: hay que ser severo de acuerdo a la circunstancia en la persecución de los delitos, pero implacable en respetar las reglas básicas del estado de derecho».

En esa cornisa, Lamberto planteó que «la sociedad espera mucho de su fuerza de seguridad y es importante que se hagan eco de lo que espera la sociedad y actúen en consecuencia. Creo que esa es la voluntad de la mayoría de la fuerza», cuando se le preguntó sobre la connivencia policial con algunas actividades delictivas. «Son casos aislados», agregó el hasta ayer legislador del Frente Progresista.

Ante la ciclópea tarea que le espera, Lamberto también planteó –aunque fuera de manera genérica– que «el estado debe ir recuperando terrenos que hoy las economías delictivas, como el narcotráfico, han ganado». En el caso concreto del Triple Crimen de villa Moreno, que se produjo en la madrugada del último 1º de enero y costó la vida de Jeremías Trasante, Claudio Suárez y Adrián Rodríguez, recordó que «sin ser integrante de la Comisión de Derechos y Garantías», se sumó como jefe del bloque socialista en Diputados a participar de la comisión investigadora. «Desde el punto de vista de imputados y procesados, la causa se encamina a determinar quiénes han sido los responsables legales, desde el punto de vista político, no le hace bien a la fuerza que haya connivencia de gente vinculada a hechos reñidos con la ley, que son parte de los propios hechos que se intentan investigar. En eso hay que ser implacable. Tenemos que lograr una fuerza de seguridad cada vez más profesional, compenetrada con el servicio público que representa y más honesta».

Lamberto subrayó una y otra vez que la decisión política de controlar la fuerza policial es una definición del propio Bonfatti. «Una clara decisión del gobernador es que la seguridad sea la principal política de esta gestión. Jerarquizarla es hacerlo desde el punto de vista de personal, técnica, de medios de movilidad, de todo lo que se necesite para brindar un servicio lo más eficiente posible. Y en eso hay que seguir trabajando», respondió Lamberto.

Sobre la coordinación con el gobierno nacional, que se plasmó en reuniones con la ministra de Seguridad Nilda Garré, Lamberto consideró que «la política de seguridad no es estrictamente un problema de una provincia, sino que involucra al gobierno nacional, y como política pública no sólo involucra al oficialismo sino a todo el arco político, porque requiere del consenso y la participación de la ciudadanía». Para el ministro, «las relaciones con el gobierno nacional son fundamentales, hay áreas comunes como la lucha con el narcotráfico que tiene a la provincia como colaboradora directa, pero es importante saber qué pasa en el país, cómo ingresa la droga y cuáles son las estrategias de los demás distritos para ganar terreno».

fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/10-34190-2012-06-11.html