«El Poder Judicial se acostumbró durante mucho tiempo a no ser un poder transparente, y dejar de serlo le genera temor a sus miembros, que temen perder privilegios. Hoy la administración de justicia no protege los derechos de los más vulnerables». Así, frontal, la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, resumió el núcleo original de la resistencia a las reformas propuestas por el Ejecutivo, que avanzan en el Congreso y que merecieron el centro de las consignas en el cacerolazo del jueves. Martínez lo dijo durante un debate que organizó en la Facultad de Derecho de la UNR Justicia Legítima, el espacio de operadores judiciales que en esta coyuntura avala la iniciativa del oficialismo. En su visita, la titular del Ministerio Público de la Defensa desde 2006 cuestionó a las fuerzas opositoras por «criticar sin proponer una alternativa, lo que convierte una discusión que debe ser técnica, en una discusión política». En su opinión, no existe riesgo de que la reforma genere un aparato judicial funcional a los intereses del gobierno de turno y fustigó a los magistrados por reaccionar en forma corporativa. «Cambien la mentalidad y dénse cuenta que prestan un servicio público, estén más cerca de la gente y a su servicio», les demandó.

–El leit motiv del 18A fue «avasallamiento institucional» ¿Qué opina?, preguntó Rosario/12.

–Quisiera saber cuántas personas de las que marcharon el jueves han leído los proyectos. Las críticas que escuché me demuestran que no los habían leído. Vayamos proyecto por proyecto y veamos si está de acuerdo o no. Pero no dramaticemos, que no digan que se va a caer la República. Sólo son proyectos. Lo ideal es tener un ámbito democrático de discusión. Si no se da, los proyectos se aprobarán porque el partido del gobierno tiene mayoría en el Congreso. Me gustaría escuchar porqué no acuerdan los miembros de la oposición. Que expliquen porqué están en contra del ingreso de personal al Poder Judicial mediante examen. También el Ejecutivo y el Legislativo deberían tener ingreso por examen. No digamos que eso está en contra de la República, de la Constitución, lo mismo que con la publicación de las declaraciones juradas. ¿Por qué oponerse a eso? En cambio, sí vimos objeciones graves que podían llegar a perjudicar a sectores vulnerables en el proyecto de medidas cautelares, y lo dijimos. No me gusta que se diga que los proyectos están mal porque los envió este gobierno, porque entonces una discusión que debe ser técnica se convierte en una discusión política. Yo acuerdo con el ingreso por examen, ya lo implementé en el Ministerio Público de la Defensa. Nadie debe oponerse a la publicación de las declaraciones juradas, como tampoco a la publicación de las resoluciones, porque eso hace a la transparencia que debe tener el Poder Judicial.

–¿Cuáles considera que son los puntos más conflictivos?

–Uno es el que regula las medidas cautelares, no porque esté mal poner un límite al avance de las corporaciones, pero sí porque ésto puede ser usado contra los sectores más vulnerables. Faltaba realizar algunas correcciones. Entiendo que ya se solucionó aunque no vi la última versión como para decir que está bien. El gran conflicto es el Consejo de la Magistratura. Hay temas en los que no tengo posición definida; habría que ver cómo se va a realizar la elección popular. Me parece difícil estar en contra de una elección popular desde el punto de vista de la República y habría que verlo. Hay otras cosas que generaron una irritación terrible: el malestar suscitado porque la Corte no maneje el presupuesto del Poder Judicial sino que lo administre el Consejo de la Magistratura es una pelea que atrasa porque se resolvió hace veinte años: lo dice el artículo 114 de la Constitución reformada en 1994. Y si no queremos que se aplique lo que dice la Constitución, estamos en un problema.

–Justamente, alterar la paridad proporcional de conformación del Consejo ¿no implica ir contra el artículo 114, que impone paridad en la representación de los poderes elegidos por voto, jueces y abogados?

–No, porque la suma hace que todos tengan la misma cantidad, menos el Poder Ejecutivo. Ahora quedan 6 académicos: sumando abogados y jueces, quedan 6 miembros de lo que sería la administración de Justicia. El conflicto que puede haber es sobre cómo funciona la mayoría. Me gustaría que todos los que están en contra hagan como lo hizo el CELS, que dijo concretamente qué estaba mal, o como lo empiezan a decir algunas organizaciones. Que digan «No acuerdo con ésto y en cambio propongo esto otro». Lo que no puede seguir así es un Consejo de la Magistratura muerto como lo está ahora, porque -nos guste o no- es un órgano de la Constitución elegido para seleccionar a los jueces, para removerlos y para administrar el Poder Judicial.

–Y si su composición la determina la mayoría por elección directa, ¿no existe riesgo de que los intereses de minorías queden relegados?

–No conozco la letra fina y hay que ver cómo se reglamenta, pero ¿cuál es la propuesta alternativa? Si quieren que las cosas queden como están, no estoy de acuerdo.

–¿El Poder Judicial es una corporación?

–No lo es, pero muchas veces funciona como tal. Creo que su oposición viene porque hay temor a perder privilegios, temor a que haya que pagar Impuesto a las Ganancias, temor a tener un sistema estricto de control. El Poder Judicial durante mucho tiempo se acostumbró a no ser un poder transparente, y dejar de serlo le genera temor. También la no incorporación por examen de las personas, la imposibilidad de poder elegir a sus secretarios. ¿Por qué un juez tiene que elegir al secretario de su juzgado? ¿Por qué debe ser de su confianza? Si ambos son servidores públicos.

–¿Existe el riesgo de que esta reforma genere una estructura judicial funcional a los intereses del gobierno de turno?

–No debería existir ese riesgo. Por lo menos, estos proyectos no lograrán eso. Así como digo que los jueces tienen muchos defectos y están reaccionando de manera corporativa, también creo que tienen una visión más negativa de lo que debe ser. Hay un temor irreal de que todos los jueces automáticamente se conviertan funcionales al poder político. Por lo menos, no creo que lo logren a través de estos proyectos.

–¿Por qué cree que el gremio opuso reparos?

–No lo entiendo. La única explicación que vislumbro es que tengan miedo, que al pasar la administración al Consejo de la Magistratura se corte una inmensa cantidad de contratos que hay en el Poder Judicial, de empleados que tienen contratos de planta. Si no, no veo porqué los empleados pueden verse afectados.

–¿Qué cambios hacen falta y que no están en esta reforma?

–Primero, un cambio cultural profundo, que los jueces cambien su mentalidad y se den cuenta que prestan un servicio público, que estén más cerca y al servicio de la gente. Hoy la administración de justicia no protege los derechos de los más vulnerables. Otras dos reformas fundamentales debieran ser el cambio de procedimientos, del civil y del penal. En la Justicia federal nos estamos manejando con procedimientos viejos. Debe haber oralización en lo laboral, en lo civil, no sólo a lo penal. Y en el sistema penal también; no podemos seguir con un procedimiento antiguo que no funciona y que sigamos teniendo una Justicia que persigue ladrones de gallinas por no tener un sistema acusatorio firme que le dé al fiscal posibilidad de dirigir la investigación y no perseguir lo que no es significativo y no lesiona gravemente bienes jurídicos. Esto es fundamental; si no avanzamos fuerte en esto serán pequeñas reformas que pueden ser positivas pero que no van a cambiar lo sustancial.

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