Con Justicia Legítima instalada en Rosario desde el viernes pasado, la defensora pública oficial de la Justicia Federal y miembro de la asociación, Matilde Bruera, la calificó como «un movimiento inédito que busca acercar la Justicia a la gente». En diálogo con Rosario/12, la abogada integrante de la asociación civil que surgió el año pasado con la «necesidad de democratizar la Justicia», se refirió al «indispensable» anteproyecto de reforma del Código Penal de la Nación, y consideró que durante años «hubo parches a modo de reformas parciales». «La gente tiene que saber que éste no es el proyecto de un sector político, sino el de todos los sectores con representatividad parlamentaria, porque la inteligencia de quienes decidieron hacerlo es justamente que haya una comisión con distinta composición política. No sé si es el mejor código, pero es el que se logró por consenso», dijo. Al mismo tiempo, aclaró que «este anteproyecto es un borrador, y si alguien no está de acuerdo o tienen nuevas propuestas las podrán sumar y en su momento se hará una audiencia pública también en Rosario».

Bruera es defensora pública en los Tribunales Federales rosarinos y miembro de la Comisión Directiva nacional de jueces, fiscales, abogados y defensores que el año pasado se reunieron en la Biblioteca Nacional donde nació la asociación, en la búsqueda de cambios que hagan más democrática la Justicia. «Es un movimiento que tiene mucha trayectoria, porque hay gente que hace más de veinte o treinta años que viene luchando por la democratización de la Justicia. Los objetivos son acercar la justicia a la gente, que entiendan de qué se trata, cómo acceder y cómo reclamar para que sus peticiones sean acogidas en el tiempo necesario por los operadores de justicia. Para ello tenemos diferentes estrategias: se busca modificar el lenguaje jurídico, llevar lo debates a los barrios, a las asociaciones, para que los vecinos sepan de qué se trata el derecho y en mi caso, el derecho penal», señaló la defensora.

Al mismo tiempo, planteó que «dentro de la estructura judicial, se busca igualdad e independencia; pero en un sentido de horizontalidad: terminar con los viejos privilegios de casta que caracterizaron históricamente a la Justicia y generar una relación horizontal con los diferentes protagonistas, aunque todos tengan una función distinta, pero trabajando en igualdad de condiciones al servicio de la población».

Al hablar del anteproyecto del Código Penal, la letrada consideró que «es una obligación constitucional dictar un código penal y discutirlo no sólo en los ámbitos académicos sino también en los sociales. Es un tema que viene muy bien para explicar que la seguridad no depende del Código Penal, aunque es un tema muy sentido por la población y nosotros lo reconocemos, pero para ello hay que tomar medidas políticas. El Código aparece en acción cuando ya se cometió el delito, no es preventivo. Ninguna persona que va a cometer un delito se estudia antes el código penal para ver si le conviene o no». Y agregó: «Al revés, el código sí tiene que ver con la seguridad de los derechos de los ciudadanos, que la gente sepa qué está prohibido y qué no. En este momento podemos decir que no hay código penal, porque el que está vigente tiene casi un siglo y pasó mucha historia, pero los parches sirvieron como reformas parciales. Actualmente no se sabe qué está vigente y qué no, cuál es la pena máxima, delitos que se superponen, delitos contra la propiedad que son más graves que los homicidios. Es una desarmonización y una irracionalidad tan grande que es lo contrario a la seguridad jurídica», dijo.

Acerca de los cuestionamientos al anteproyecto, Bruera recordó que el debate es «para que la gente opine seriamente, no para decir que se está en contra sin saber de qué se trata, sin leerlo». Y señaló que «hay disidencias que se han incorporado y que son interesantes. El código recogió lo que hoy reclama la sociedad: cuestiones de género, por ejemplo». También recordó que toca temas como límites a las penas privativas de libertad y la reincidencia, que «empezó a desaparecer en 1984 cuando se retomó la democracia y la reforma que propició (Ricardo) Alfonsín le quitó efectos a la reincidencia y ahí terminó; lo poco que queda actualmente es que limita la libertad condicional. Ahora sí se elimina la libertad condicional. Tampoco es cierto que se dejan de tener en cuenta los antecedentes de una persona».

Sobre el futuro, la defensora señaló que «en lo inmediato da la impresión de que el anteproyecto del código se complicó por el movimiento opositor que sostiene argumentos que no son reales. Se dijeron muchas falsedades y necesitamos aclararlas, pero el debate político y público siempre es importante y eso es lo que nosotros propiciamos. Siempre el dictado de un código penal fue complicado, por eso hace un siglo que seguimos juntando parches. Queremos seguir debatiendo y construyendo».

En rigor, para Bruera la Justicia es «una organización bastante cerrada y uno de los poderes menos democráticos. Hay que transformarla para que la gente acceda no solo al servicio de Justicia, sino a formar parte. Una de las leyes propiciadas por Justicia Legítima es el ingreso democrático que se implementó hace muy poco en la Defensoría General de la Nación, como en la Procuración, y eso es democratizar». Sobre su caso, destacó que con «25 años de profesión liberal y 10 de profesión en este ámbito», buscó «trabajar por los derechos humanos y por la democracia en la sociedad en general».

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/18-44475-2014-06-16.html