Los sucesos violentos y delictivos que marcaron este 2012 revelaron otra realidad: Se incrementaron entre un 20 y un 30 por ciento las denuncias penales contra oficiales de la fuerza de seguridad, por apremios ilegales a personas detenidas. «Existe impotencia policial ante la exigencia de resultados para que se esclarezcan los hechos. Sucede que como la policía no está capacitada con un método científico para ello, vuelve a los viejos tiempos para que alguien confiese» y con eso «para ellos el caso está esclarecido», reflexionó el fiscal de Cámaras de los Tribunales provinciales, Guillermo Camporini, sobre el fenómeno. Por su parte, la defensora General de Cámaras, Marcela De Luca, instó a que en las causas por apremios, que se están investigando, se den «fallos en los que se condene la actitud, entonces la policía se va a cuidar más. Tiene que haber un límite, un parámetro». Desde su cargo,la funcionaria aseguró: «Siempre vamos a denunciar estos hechos porque hacen a la dignidad y al trato que merece todo ser humano».
En los últimos tres turnos semanales de las Defensorías penales hubo 29 denuncias -solo en cuatro de las seis que funcionan en los Tribunales de Rosario- por apremios ilegales de personas que llegaban privadas de la libertad para dar su declaración en sede judicial. La Defensoría Nº 11 está al tope con 14 denuncias entre los tres turnos; le sigue la Nº 10, con diez presentaciones contra agentes de la fuerza; en la Nº 8 ingresaron tres denuncias; y otras dos en la Nº 7. «Hoy, el detenido siente que cuenta con más garantías porque el Poder Judicial responde de otra manera, que es más positiva», dijo De Luca, quien al mismo tiempo indicó que en las últimas causas que tienen como víctimas a los detenidos a cargo de las defensorías, éstas se constituyeron como querellantes de las investigaciones por apremios.
Según explicó la funcionaria acerca de la normativa vigente para detención de personas, en un procedimiento policial donde haya detenidos la policía debe requerir dos testigos del arresto de personas sospechadas de haber cometido un hecho; sin embargo, en la realidad y según las circunstancias, ello no se cumple. Las excusas suelen estar relacionadas con el horario o el lugar de la detención que -dicen- imposibilita que haya personas que puedan atestiguar sobre la detención. «Si se anularan los resultados de ese procedimiento por no haberlo hecho según la regla, los policías se encargarían de que siempre estén los dos testigos».
Para la defensora General, «toda detención implica violencia; es un hecho violento y suele haber maltrato, porque la policía tiene la mayor fuerza en ese momento. Sucede que muchas veces lo que le decimos a la policía que no se hace, es lo que la sociedad pide. Si la policía cumpliera, habría mejores condiciones y no habría pruebas sucias ni nulidades. Esto es lo que deriva en impunidad».
Entre las justificaciones, los oficiales acusados suelen plantear que el detenido «se autolesionó», que «hubo resistencia»; o que «debieron defenderse». De Luca sostiene que «hay una concepción de autoridad, y eso es lo que hay que cambiar. La policía está para proteger, no puede dar miedo. Hay casos en los que los detenidos, aunque no lleguen golpeados, los traen a declarar sin haberlos alimentado ni higienizado; hay quienes llegan incomunicados, que ni su familia saben que están detenidos. Eso es ejercer un poder irracional e ilegítimamente».
La funcionaria apuntó a romper con esas costumbres y aseguró que «hay policías más humanos y han cambiado algunas cosas. La sociedad también debe saber que estos cambios van a mejorar la cuestión judicial».
Por su parte, el fiscal Camporini ejemplificó la situación con los detenidos acusados de robarle a la intendenta Mónica Fein, que fueron liberados 17 días después de la detención, por falta de pruebas. Es que en agosto pasado, el hecho generó cruces entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. Desde la Justicia sostienen que para mantener privada de la libertad a una persona detenida por la policía hacen falta pruebas de que cometió el ilícito del que está acusado. Cuando se dan libertades por falta de pruebas, «la policía dice que así no se puede trabajar», porque si hay un detenido «consideran esclarecido el hecho». En ese momento, los imputados hablaron de maltratos de los uniformados de las comisarías 5º y 14º.
El funcionario judicial lamentó que las denuncias suelen ser contra uniformados de determinadas comisarías o del Comando Radioeléctrico, área de la fuerza que la semana pasada se manifestó sobre cuestiones salariales ante la posibilidad de dejar de cobrar los adicionales con el cambio de horarios propuesto por el Ministerio de Seguridad provincial. «Es una vergüenza que no tengan un ingreso digno; y esto desvirtúa todo. Tiene que haber una recompensación de todo tipo, sobre todo salarial y de capacitación sobre los métodos, y en derechos humanos», planteó Camporini.
fuente http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/9-35809-2012-10-01.html
