Ana María Basualdo está detenida en la Unidad número 5 de mujeres y, desesperada para que se escuche su pedido de detención domiciliaria, escribió una carta abierta dirigida al gobernador Antonio Bonfatti. «Tomo la decisión de matarme», dice en el texto manuscrito, de cuatro hojas, que hizo llegar a Rosario/12, urgida para que la jueza de ejecución penal Luciana Prunotto resuelva su pedido de detención domiciliaria. «Hace ya mucho tiempo que me encuentro enferma, y no puedo limpiar ni higienizarme sola. Me enfermé de la columna en la cocina y muchos otros trabajos más. Además sufro diabetes tipo 2 y tengo artrosis degenerativa muy avanzada», describió su estado de salud, y agregó: «Ahora me quitaron las tres horas quincenales para ver a mi familia, que son mis tíos, hijos y nietos». En una larga carta en la que enumera la precaria situación que vive en la cárcel, la mujer subrayó que debe pagar 150 pesos mensuales para que la bañen y le laven la ropa. También aseguró que tuvo reiteradas caídas. «Esto no es vida, todo el día metida en mi habitáculo y nadie hace nada por mí, tengo que comprarme los remedios», contó, al tiempo que indicó que usa un trípode para andar, pero ese dispositivo no evita que se caiga.

«No nos dejan tener celular y con dos llamadas semanales, que es lo que podemos hacer, vivo angustiada por mis nietos y ahora no voy a poder conocer a mis gemelos», explicó Ana María, cuya hija Karen dio a luz esta semana.

Ana María fue condenada en septiembre de 2009 por el asesinato de su pareja, Héctor Daniel Alcaraz, a quien mató de dos martillazos y dos puntazos, y al que luego enterró en el patio de su casa de San Martín al 500, en Puerto General San Martín. «Yo no soy una mujer de andar matando por la vida, sólo defendí a mi hijo y a mí, sólo que por miedo lo enterré. Pero jamás le falté el respeto a nadie. Sé que no me voy a ir al cielo, porque está en contra de dios quitarse la vida, pero es así… Ustedes no sufren cada día el dolor y los dolores que no cesan, y mucho más sin tener alguien que te dé afecto. Espero que esta carta no sea en vano», dice el texto, en el que pide que «el gobierno pague por todo lo que me hacen».

La Unidad Penitenciaria número 5 es llamada también «Instituto de Recuperación de Mujeres». Es un edificio laberíntico, al que se accede por distintas escaleras, y muy deteriorado sobre Ingeniero Thedy 375, a pocas cuadras del shopping Alto Rosario. El estado edilicio fue objeto de una presentación del Defensor General Gabriel Ganón en junio de 2012, cuando pidió que «cese el agravamiento de las condiciones de detención» de las internas, porque el edificio » sin ventilación ni salidas de emergencia adecuadas » corría «un riesgo cierto de catástrofe». Entonces, el defensor describió al penal como una «trampa mortal».

En ese contexto, Ana María cuestiona a la directora del penal, Susana Romano, a quien denuncia por actitudes «inhumanas». «La directora y sus subalternas son despiadadas, yo le pregunté un día si no tenía corazón, y me dijo que no», dice en la carta la mujer que cuenta su situación: «Hace como dos años que estoy en la cama o sentada en el suelo. Por ahí me duermo en una reposera, con una silla en los pies. Vivo tomando pastillas pero ya no pueden y no quieren inyectarme, porque no hay lugar en mis nalgas. Encima, uso pañales de noche y pañalines de día. Estoy cansada, yo seré humilde pero me gusta vivir en limpieza. La verdad es que solo espero mi muerte, porque es muy dolorosa la artrosis degenerativa».

La larga lista de reclamos de Ana María Basualdo, que pone su DNI en la carta, incluye las restricciones para recibir cigarrillos y otros insumos que le quieren acercar su familia o sus vecinos. Según relató, por disposición de Romano sólo pueden recibir paquetes los sábados. «Pero muchos vivimos lejos», argumentó. De hecho, su familia es de Puerto General San Martín.

«No soy una mala mujer, no veo qué ganan con tenerme aquí si no puedo ni vestirme sola, teniendo yo hijos que me aman y me pueden cuidar. Hasta mis vecinos firmaron para que me den la domiciliaria. Por favor, deje que me cuiden mis hijos, mis vecinos y mis hermanas, señora jueza. La única que sabe los dolores que tengo soy yo. Y no se los desearía ni a mi peor enemigo», sigue clamando la detenida que quiere que esta carta llegue a oídos del gobernador y de la jueza Prunotto.

Los tratados internacionales de rango constitucional, así como el tan mentado artículo 18 de la Constitución indican que el único derecho que tienen restringido las personas detenidas es la libertad ambulatoria, que no pueden ser agravados por ningún tipo de maltrato. «Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice», dice el texto de ese artículo.

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